Los diputados de la Coalición Cívica que denunciaron irregularidades en la preadjudicación de la represa Chihuido I, pidieron que se detenga la construcción hasta que se aclare la situación en la justicia.
La presentación del legislador nacional Juan Carlos Morán fue incorporada al expediente en que Elisa Carrió denunció al ex presidente Néstor Kirchner (y funcionarios de la anterior y actual administración como Julio de Vido) por "enriquecimiento ilícito" causa que tramita ante el juez federal Julián Ercolini.
En el caso de Chihuido I se argumenta el pago de "un sobreprecio de 1.200 millones de pesos en beneficio del consorcio adjudicatario liderado por Electroingeniería (encabezado por Gerardo Ferreira) y Comercial del Plata (con un 20% de acciones en manos de Cristóbal López), ambos grupos muy cercanos al kirchnerismo".
El sobreprecio está determinado por el modo de selección, "es decir se pagan alrededor de 300 millones de dólares más que si se hubiera otorgado a los otros oferentes", señaló la asesora jurídica de Morán que argumentó la demanda.
La letrada destacó que "en principio los adjudicatarios aseguraron que iban a contar con un financiamiento del 66%, mientras el resto de los concursantes se comprometieron con un porcentaje de entre el 30 y el 38%, pero cuando uno entra a ver el detalle el grupo adjudicatario está financiado con avales del Estado nacional y provincial (parte de la coparticipación). Además, el Banco Macro (una de las instituciones que financian la obra junto al Banco de Córdoba y el Bandes de Brasil) recibe permanentemente flujos de la Anses sobre lo cual también pedimos una investigación... o sea, ese 66% está dibujado y ese argumento hace agua por todos lados".
Además del Poder Judicial, esta semana también el Poder Legislativo se movilizó por el tema ya que en la Cámara de Diputados se presentó un pedido de informes –firmado además de por el propio Morán, por los legisladores radicales Horacio Quiroga Carlos Urlich, Gustavo Cusinato, Daniel Katz, Ricardo Buryaile, Mario Barbieri, María Luisa Storani, Ricardo Mansur y Miguel Giubergia.
En el mismo se contrastó la oferta del grupo beneficiado con la preadjudicación (Electroingeniería SA, OAS-CPC - Hidrocuyo y Rovella Carranza) de casi 5.700.000 millones de pesos, con la de otros dos oferentes: el grupo Roggio, con 4.600.000 millones de pesos, e Impsa, con 5.400.000 millones de pesos pese a lo cual estos últimos quedaron afuera.
"Se tiene que explicar por qué de todas las propuestas se tomó la menos favorable. Una cosa es aplicar la discrecionalidad del Estado y otra actuar con arbitrariedad", cuestionó el neuquino "Pechi" Quiroga.

Interrogantes
Este último coincidió con la presentación de Morán en el sentido que "lo que fue anunciado desde el gobierno nacional y provincial como una inversión privada no fue contemplado en ninguna de las propuestas. ¿Es una licitación de obra publica, o construcción de obra con concesión de un servicio?", se preguntó.
El ex intendente de Neuquén capital también cuestionó el tema tarifario. El 20 de mayo (un par de semanas antes de la preadjudicación) el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, expuso ante la Comisión respectiva en Diputados admitiendo, en cuanto a la generación de energía, que "la propuesta de mayor costo de generación era la de Electroingeniería". Al respecto, Quiroga detalló que Electroingeniería estimó un cargo fijo de 23,355 dólares el MW, contra 15,890 dólares de Roggio y 15,777 de Impsa.
El diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y vicepresidente primero de la Comisión de Energía, José Brillo, expresó una posición intermedia. Si bien consideró atinado que se hayan presentado los planteos ante la justicia "por ser el lugar indicado para resolver las dudas y cuestionamientos", a la vez manifestó su preocupación por que "un proyecto se politice y termine siendo rehén de las disputas fundamentalistas entre el oficialismo y la oposición".
Brillo afirmó que en función de la trascendencia del proyecto es necesario actuar con prudencia y responsabilidad "Estoy procesando la información sobre el proceso licitatorio que ha sido complejo, no sólo hay que analizar el costo de la obra, sino el que tendrá la energía para los repagos de la inversión, el financiamiento que aportan los privados, y el que se dispone a través del Estado Nacional. En este aspecto –señaló el diputado– ya el presupuesto nacional de 2010 establece mecanismos de financiamiento y garantías para la concreción de la obra y los Diputados que efectúan la denuncia fueron parte de esa discusión".
También subrayó que el Estado se comprometió –en tiempos de la privatización de la ex Hidronor- a realizar aportes a la Cuenca del Río Neuquén, para la atenuación de crecidas y que cumplidos los 15 años de concesión la obra quedará para Neuquén sin que tenga que erogar fondos".
En relación con el dinero de la Anses, Brillo deslizó que "en la medida que esos fondos previsionales tengan un reintegro con intereses al Estado nacional, es una forma de inversión que en muchos países como Brasil se utilizan para construir represas", y acotó que "en el caso de Chihuido el principal responsable es el grupo brasileño que eligió socios argentinos, la participación de la UTE es menor".
Quiroga coincidió con Brillo en la importancia de la obra (en el aspecto turístico, infraestructura y provisión de agua para el impulso agroindustrial, además de la seguridad frente las crecidas del río Neuquén) pero el primero ya solicitó a Cameron que explique "cómo justifica que se pretenda cobrar una tarifa para el repago de fondos que se dicen privados, cuando en realidad sería el Estado el tomador y el garante de los mismos".
En diálogo con "Río Negro" Quiroga indicó que la preadjudicataria "tampoco puede acreditar experiencia ya que no cuenta con antecedentes en emprendimientos de tal envergadura".
Y dejó trascender un dato alarmante: que el grupo ganador habría modificado la oferta una vez abiertos los sobres. Una situación irregular...
"Como obra fundamental para la provincia y el país el proceso licitatorio debió estar libre de toda sospecha", concluyó.