El 3 de agosto de 2009, el Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS), con su resolución 100/09, solicitó la intervención administrativa del concesionario de Obras Sanitarias Mendoza Sociedad Anónima(OSM SA). Por ello, el gobernador, contador Celso Jaque, a través del decreto 1690/09, dispuso la intervención de la empresa por 180 días. Luego, por decreto 3332/09, prorrogó la situación por 180 días más. Esto termina el 3 de agosto de 2010 y se debe tomar una decisión respecto del futuro del servicio de 2 millones de usuarios de la provincia.
Los fundamentos aportados por el EPAS para solicitar la intervención fueron claros y precisos respecto de inadmisibles situaciones con el servicio y permanentes reclamos por el mismo. También hay que decir que existía al momento de esta decisión una tarifa achatada y deficitaria por mucho tiempo y un incumplimiento en las inversiones a realizar por parte de los concesionarios, para lograr las metas impuestas para un buen servicio, que derivaron en reclamos cruzados entre la Provincia y OSM SA durante años. Así surgieron dos Cartas de Entendimiento (2005 y 2008), avaladas por leyes, que trataron de zanjar esta disputa.
Los problemas continuaron y se llegó a la decisión inicialmente señalada. Pero no hay que olvidar que el concedente (EPAS) –socio 20% (Poder Ejecutivo), socio 10% (PPP Empleados)– aprobó formalmente balances, gestiones, recibió auditorías (UNCuyo), promulgó resoluciones y propició leyes (1ª y 2ª Cartas de Entendimiento), aceptando todo lo actuado desde 1998 hasta la intervención.
La intervención tiene como función “mejorar el servicio” (¿mejoró?) y la obligación de realizar tareas que están enunciadas en los artículos 3º y 4º del decreto 1690/09. El correcto cumplimiento de estas tareas (evaluaciones y estudios técnicos, económicos, financieros y legales respecto del servicio y de la empresa) es fundamental para determinar los pasos a seguir, en el futuro, para mejorar el servicio de agua y saneamiento de Mendoza. También debe recomendar al Poder Ejecutivo si continúa la concesión en manos privadas o si se procede al rescate, total o parcial, de la misma por parte del Estado y sobre quién debe realizar la operación técnica de OSM.
El mismo 3 de agosto de 2009 el Gobierno aumentó la tarifa 36,7% (decreto 1703/09) y se cree necesario un nuevo aumento de aproximadamente 40%. Esto equivale a más del 85,3% de la tarifa que tenían los concesionarios. Esto significa que se reconoce el congelamiento tarifario que existía. Aun así la operación técnica de OSM SA es deficitaria y el Estado debe subsidiarla mensualmente.
Deberíamos tener en cuenta otros casos en nuestro país. La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), que sirve a Capital Federal y 17 partidos del Gran Buenos Aires, recibirá en 2010 casi 1.685 millones de pesos del Estado nacional para tapar el déficit de la operación técnica. Es decir, por cada $1 que recauda recibe $3 como subsidio. AYSA tiene una tarifa 6 veces superior a la de OSM SA.
El Estado mendocino quiere hacer la operación técnica del servicio. No es algo que resulte fácil para un Estado burocrático e ineficiente como el nuestro. Habría que analizar si el problema hasta la intervención era de gestión o económico o los dos. También deberá realizar las inversiones en infraestructura que no se realizaron en estos 12 años para que el servicio no colapse. Se habla de 600 millones de pesos. Apenas iniciada la intervención se dijo que el Estado nacional aportaría fondos para las obras necesarias. Eran épocas de buena relación. En 2010 esto cambió y difícilmente llegue ayuda de la Nación.
En mayo pasado, en la Legislatura, el ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte manifestó, para justificar la decisión del Ejecutivo de reprivatizar el Grupo 2 (transporte público de pasajeros), que el Estado no había sido capaz de llevar una correcta administración de la empresa, que la situación de la misma era insostenible, que había que comprar 120 colectivos nuevos (¿30 millones de pesos?) y que el Gobierno no tenía dinero para ello.
l ¿Podrá entonces el Estado llevar una adecuada administración y operación técnica de la empresa de agua y saneamiento?
l ¿Podrá invertir 600 millones de pesos en obras de infraestructura básicas?
l ¿Podrá subsidiar la operación técnica de OSM aportando millones de pesos mensualmente?
Habrá que estudiar exhaustivamente la parte legal de las demandas que realizarán los socios concesionarios por la pérdida anticipada del contrato. Una es la que los socios franceses de SAUR iniciaron en el CIADI contra la Nación Argentina que replicará a Mendoza y otra la de los socios argentinos contra la Provincia. Esto le costará a Mendoza más de 250 millones de dólares (ver ejemplo de Aguas de Aconquija en Tucumán).
No hay que tomar decisiones apresuradas que nos lleven a cometer los mismos errores de 1998 cuando el gobernador Arturo Lafalla privatizó OSM dejando vacíos legales y los que cometieron los responsables de los organismos de control en estos 12 años .
Evaluemos y analicemos, tomando el tiempo necesario, con el aporte de todo el espectro político y el soporte técnico de la comunidad científico–universitaria:
l La situación administrativa, técnica y económica del servicio y de OSM SA.
l Las inversiones en obras de infraestructura a realizar.
l El diseño empresarial y técnico de la nueva empresa.
l El costo futuro de la tarifa.
l El monto del subsidio que deberá aportar el Estado para la operación técnica.
l La eficiencia estatal que deberá tener.
l Los costos de las demandas que podremos recibir de los concesionarios.