Sin el corte de ruta de por medio, el canciller Héctor Timerman y los asambleístas de Gualeguaychú mantuvieron ayer una reunión "positiva" y "esperanzadora", según coincidieron tanto en el Palacio San Martín como entre los referentes de la organización ambiental entrerriana.
El encuentro, que duró más de dos horas en el Salón Verde de la Cancillería, se produjo 18 días después de que la Asamblea Ambiental levantara temporalmente la barrera sobre la ruta internacional 136, paso obligado para llegar a Fray Bentos.
El tema central de la reunión fue el monitoreo de la pastera UPM (ex Botnia), y si bien Timerman no dio detalles de la propuesta que en ese sentido presentó al Gobierno uruguayo hace una semana, los gualeguaychuenses se retiraron con la promesa de que la Casa Rosada no sólo iba a exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sino que aspiraba a coordinar un control a lo largo de todo el río Uruguay.
"Estamos esperanzados porque Timerman nos dijo que su propuesta va más allá del cumplimiento del fallo", resumió a LA NACION Roberto Marchesini, coordinador de la asamblea. Según su relato, el canciller no abundó en detalles "para evitar que malas interpretaciones afectaran la respuesta uruguaya", pero les prometió que la pretensión de monitorear todo el río no iba a demorar los controles directos sobre la pastera.
Si bien Timerman no se expresó públicamente tras la reunión, fuentes del servicio diplomático señalaron que el encuentro permitió "desmenuzar" el fallo de La Haya, en lo referente al monitoreo ambiental binacional, y que el intercambio se centró en los "elementos positivos" de la sentencia, que el 20 de abril pasado determinó que Uruguay había violado la normativa vigente al habilitar la pastera, pero no estableció sanciones.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de que los controles sean hechos por técnicos independientes y los asambleístas solicitaron que sus resultados sean públicos y vinculantes, para que existan consecuencias en caso de que se compruebe la existencia de contaminación.
De acuerdo con lo anticipado el martes pasado, el canciller uruguayo, Luis Almagro, dará a conocer hoy la contrapropuesta de su país: además de responder el pedido de controlar la planta Botnia desde su interior, podría incluir la posibilidad de que Brasil se sumara a los monitoreos.
El Gobierno también estuvo representado por el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni; la encargada de Asuntos Legales de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, y dos integrantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Junto con ellos se sentaron el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri; el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y el senador Pedro Guastavino. Al finalizar la reunión, Urribarri definió el monitoreo integral del río como "un triunfo de la comunidad".
El optimismo se repitió entre los 10 asambleístas que participaron en la reunión, tres de los cuales habían sido acusados de 18 delitos penales por un decreto presidencial de Cristina Kirchner, que el juez de la causa, Gustavo Pimentel, decidió no promover. El tema fue puesto sobre la mesa, con la intención de que Timerman solicitara al Gobierno que no insistiera en la vía judicial. Hasta ahí llegaron las sonrisas: el canciller les indicó que ésa no era su área de injerencia y que, de todos modos, compartía la postura oficial.

DENUNCIAN ACOSO A BARCOS URUGUAYOS
El gobierno de Uruguay denunció "una situación de acoso" que sufren buques de la Armada en el Atlántico Sur por parte de barcos argentinos y planteará el asunto, calificado como de "actitud grave" en la reunión prevista para hoy en Buenos Aires entre los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro. Según publicó el diario El País , de esta ciudad, el ministro de Defensa uruguayo, Luis Rosadilla, reveló las "interferencias en la navegación de los barcos uruguayos" durante su visita a la Comisión de Defensa del Senado.