El Gobierno provincial ventiló ayer el resultado de la auditoría realizada en la empresa Obras Sanitarias por la intervención y la UNCuyo, y –como era de prever– el resultado del trabajo arrojó que se debe rescindir el contrato con el concesionario en vista de las graves falencias detectadas a niveles operativo y financiero. Además, de la misma surgieron dos acciones penales motorizadas por el Estado: una por administración fraudulenta (radicada en la Fiscalía de Delitos Complejos), en donde se plantea el desvío de fondos por $20 millones, y otra, que se desprende de la anterior, por evasión tributaria (en la Justicia federal). También se inició una acción social de responsabilidad contra el directorio removido al momento de la intervención, en donde el Estado, por entender que ha sido defraudado, reclama la devolución del dinero.
El informe de la auditoría presentado ayer en la Casa de Gobierno, en la cual se analizaron cuatro áreas de la empresa, fue contundente en cuanto a su resultado. “Queda debidamente sustanciado y establecido, más allá de toda duda razonable y circunstancias atenuantes, que el concesionario y el operador técnico incumplieron grave y reiteradamente las obligaciones emergentes del contrato de concesión (…) con consecuencias gravosas para la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad del medio ambiente y el patrimonio del Estado provincial”. En base a ello se recomienda “proceder a la rescisión del contrato de concesión por culpa del concesionario”.
Del estudio justamente se desprenden las acciones judiciales iniciadas por el Gobierno en contra de cinco ex directivos de OSM. Según se detectó, habría existido una maniobra fraudulenta en el pago de los honorarios, los cuales pasaron en abril del 2002 de ser $65 mil por mes en total a unos $360 mil en promedio. En el 2005, la cifra tocó el techo de los $700 mil. “Este pago quedaba asentado en asientos contables confidenciales y representa a toda luz una operatoria administrativa irregular, por lo cual ahora deberá actuar la Justicia”, explicó el secretario legal y técnico de la Gobernación, Fernando Simón. Según precisó, el supuesto desvío hacia una de las accionistas –a quien respondían los directivos cuestionados– ascendería a más de $20 millones.

“Serias irregularidades”
La auditoría se inició el 26 de febrero pasado y debía ser entregada un mes antes del final de la prórroga de la intervención, la cual vence el 3 de agosto próximo. En ella se han hecho 55 observaciones –plasmadas en 77 páginas– sobre el mal funcionamiento de la empresa, que en su gran mayoría implican, según la descripción realizada ayer ante la prensa por el ingeniero del EPAS que coordinó la auditoría, José Luis Puliafito, “incumplimiento del contrato de concesión”.
Entre otras cosas, el funcionario detalló, bajo la atenta mirada del interventor de la empresa, Gonzalo Dávila; el titular del EPAS, Javier Montoro, y Simón, que existen “serias fallas” en los establecimientos potabilizadores, incumplimiento en el monitoreo en el ingreso de agua al sistema de distribución domiciliaria, ineficacia en los controles de calidad del servicio y un atraso en inversiones de infraestructura que ronda los $200 millones.
En este último punto fue citado el ejemplo del colector de afluentes cloacales Moyano, por el cual circula el 60% de los desechos generados en el Gran Mendoza. “Está en pésimas condiciones y si colapsa sería tremendo. Este riesgo está identificado desde 2002, pero nunca se efectuó ningún arreglo”. Este colector pasa por debajo de la calle Lisandro Moyano, en Las Heras, y tiene una extensión de 5,5 kilómetros.