El presidente José Mujica buscará tener el consenso de la oposición para los próximos e importantes pasos que dará el gobierno uruguayo en el marco del diferendo que por la planta pasta de celulosa UPM (ex Botnia) mantiene con el gobierno argentino.
La contrapropuesta de Uruguay al plan para implementar un monitoreo en el río Uruguay y en todas las fábricas instaladas en sus márgenes se encuentra por estas horas a estudio del gobierno argentino, que en los próximos días hará una nueva propuesta. Según pudo saber Clarín , será ese el momento en que el ejecutivo uruguayo reúna a los principales referentes de la oposición, con quienes ya se contactó, con el objetivo de que los partidos Blanco, Colorado e Independiente -que en este tema siempre han hecho causa común con el oficialismo- participen en esta etapa de negociación.
Luis Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, líderes del Partido Nacional, del Colorado y del Independiente respectivamente, admitieron haber sido contactados por Almagro.
Por estas horas, en Uruguay existe total hermetismo en cuanto a los detalles sobre las características y el alcance que tendrá finalmente el monitoreo. En declaraciones a medios locales, el subscecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, dijo al diario La República que Uruguay propondrá la concreción de “un protocolo científico” para llevar adelante el monitoreo del río binacional, donde en la margen izquierda, a escasos kilómetros de la ciudad de Fray Bentos, y desde noviembre de 2007, produce pasta de celulosa la planta en manos de UPM.
El vicecanciller aseguró además que ya están “construidas” las bases políticas y técnicas de un acuerdo para el control ambiental a partir de la propuesta de Timerman, y enfatizó que “al entendimiento se llegará por la vía de la solución científica”.
Ante la pregunta sobre la posibilidad de que técnicos entren al interior de la planta, Conde respondió que “habrá acceso pleno de la ciencia a todo el análisis de los métodos y las muestras que sea necesario, para que ésta pueda elaborar un informe completo que les dé garantías a ambos gobiernos y a ambas sociedades”.
“Faltan todavía definir algunos mínimos detalles técnicos”, dijo a Clarín una fuente de presidencia. “Ni bien eso se acuerde, deben conformarse las delegaciones científicas para empezar el monitoreo”.