Siete días antes de la fecha prevista para que la Cámara baja vuelva a tratar la ley de proteción de glaciares que Cristina vetó en el 2008, tres diputados opositores presentaron ayer a la Justicia una denuncia para que se investigue el posible “tráfico de influencias” de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold en la frontera sanjuanina con Chile.
El impulsor del proyecto, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), junto a Elisa Carrió y Fernanda Reyes (ambas de la Coalición Cívica), fueron a Tribunales para ampliar la denuncia por “las posibles vinculaciones del veto con los intereses económicos y políticos”. En este caso, la denuncia hace hincapié en un convenio impulsado por el Gobierno nacional, que le otorgó a Barrick Gold beneficios tributarios por más de 150 millones de pesos y le permitió gozar de mayores ventajas impositivas que a otras empresas del sector.
“Solicitamos se investiguen las posibles relaciones entre los beneficios tributarios otorgados al emprendimiento binacional Pascua-Lama y los vínculos personales, comerciales y económicos de funcionarios públicos nacionales y provinciales con la empresa minera Barrick Gold (encargada de la obra)”, dice la denuncia, que extiende las sospechas al gobernador de San Juan, José Luis Gioja; su hermano y senador Cesar Gioja y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
La relación de los Gioja y la industria minera quedó en el ojo de la tormenta tras el veto de la ley. En ese momento, el fiscal Federico Delgado presentó una denuncia contra el senador Gioja, que estaba a cargo de la Comisión de Minería de la Cámara alta, por “negociaciones incompatibles” con la función pública. Según los diputados Bonasso y Reyes, la empresa minera Bentonitas Santa Gema, propiedad de César Gioja, fue proveedora de Barrick Gold.
El senador negó ayer, en un comunicado, que su empresa tenga vinculaciones comerciales con la empresa Barrick. “No defiendo a Barrick Gold, defiendo los intereses de San Juan”, afirmó. Y anticipó que pedirá su sobreseimiento en la causa. El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La amplificación de la denuncia por parte de los legisladores tiene lugar pocas semanas después del encuentro que la Presidenta mantuvo en Toronto con el CEO de la Barrick , el millonario canadiense Peter Munk, en el marco de la cumbre de los países que integran el G-20.