El gobernador Eduardo Brizuela del Moral rubricó anoche la declaración de las provincias cordilleranas sobre la afirmación de sus competencias en materia de cuidado ambiental, que algunos de sus pares habían firmado el martes en Buenos Aires, ante el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Por medio de ese documento, se comprometió a enviar cuanto antes un proyecto de ley a la Legislatura, para garantizar a la provincia el control y cuidado del medio ambiente en las zonas de los glaciares y periglaciares, pero sin restringir las actividades productivas.
Según dijo la diputada Mariana Veaute, quien junto a Raúl Paroli acercó el texto al mandatario, la intención es que el proyecto sea tratado en el menor tiempo posible, para que Catamarca pueda contar con un complemento de la iniciativa que sería convertida en ley la semana próxima por la Cámara baja de la Nación (ver aparte).
Ése fue el acuerdo al que arribaron los mandatarios de las provincias cordilleranas, para garantizar que la protección del medio ambiente no interfiera con la producción, fundamentalmente de la minería.
Es que ante la avanzada nacional para regular sobre el tema, luego del veto presidencial del año pasado, se consideró que el establecimiento de los presupuestos ambientales mínimos por parte de la Nación debe limitarse a fijar legislación de base, "quedando como competencia de las provincias, las atribuciones de legislar por encima de ello y establecer parámetros ambientales más rigurosos de acuerdo a su especial situación".
"Sostenemos que cada provincia tiene la competencia para regular sobre el cuidado del medio ambiente", dijo Veaute.
El modelo de normativa que se replicará en las Legislaturas de toda las provincias firmantes propone la puesta en marcha de un inventario local de glaciares, y el establecimiento de "un contenido mínimo obligatorio dedicado a glaciares y aplicable sin discriminación a todas las actividades que se proyecten en los mismos".
Asimismo, prohíbe "aquellas actividades proyectadas en glaciares cuya ejecución, según la evaluación de impacto ambiental respectiva, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance degradando las funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
"Cada provincia debe regular sobre medio ambiente sin restringir las actividades productivas". Mariana Veaute.

El debate se hará el 14
El próximo 14, el Congreso será escenario de dos debates clave para el Gobierno nacional: la Ley de Matrimonio Igualitario, en el Senado, y la de Protección de Glaciares, en Diputados.
La Cámara baja decidirá sobre dos proyectos: uno impulsado por el diputado Miguel Bonasso, que tiene dictamen de mayoría, es copia fiel del que vetó la Presidenta el año pasado, por oponerse al desarrollo de la minería en zonas periglaciares; y el de Daniel Filmus, que tiene media sanción del Senado y tiene dictamen de minoría. Este último es el que surgió después del veto de Cristina Fernández y permite el desarrollo minero, con controles.
Los diputados provinciales del oficialismo ya adelantaron su posición favorable a la propuesta de Filmus, que es el que contaría con los votos necesarios para ser convertido en ley.

La empresa Barrick Gold opera en la provincia de San Juan
Piden investigar vínculos de Cristina con una minera
La habilitación surgió luego de que el Ejecutivo vetara la ley de los glaciares que regulaba la actividad.
Un grupo de diputados opositores denunció ayer los vínculos por "intereses económicos y políticos" entre la presidenta Cristina Kirchner, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y la empresa minera Barrick Gold, que opera en la provincia, luego de que el Poder Ejecutivo vetara la ley de los glaciares que regulaba la actividad en todo el país.
Así lo hizo mediante un escrito que lleva la firma de los diputados Elisa Carrió, María Fernanda Reyes y Miguel Bonasso, ampliaron su denuncia donde describen la profusa vinculación entre Cristina Fernández de Kirchner, la familia Gioja y otros funcionarios con la cuestionada minera, la cual fue presentado ayer ante el juez federal subrogante Marcelo Martínez De Giorgi.
En el escrito, los diputados recordaron que el hermano del gobernador y senador nacional César Gioja, "se jactaba en su página web de ser proveedor, entre otras, de la minera Barrick Gold", y por otra parte, que el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, "tiene participación accionaria" en varias empresas mineras, las cuales "cuentan con los beneficios otorgados por la Ley de inversiones Mineras".
"Los mayores emprendimientos mineros proyectados sobre los glaciares de la Cordillera se enmarcan en el Tratado sobre integración y Complementación Minero Argentino-Chileno, verdadero símbolo de entrega de soberanía a los negocios de la gran minería multinacional", señala la presentación.
"Ese tratado permite a las multinacionales mineras la explotación de los recursos mineros existentes en las zonas cordilleranas delimitadas por el ámbito de aplicación, casi sin ningún tipo de restricciones", agrega.

Reunión
También recordaron los legisladores que la presidenta Cristina Kirchner recibió el pasado 15 de abril a Meter Munk, presidente de Barrick Gold, y que -según versiones periodísticas- se habría firmado un acuerdo o convenio en el cual se le otorgaron a la empresa beneficios impositivos extraordinarios en materia tributaria.
En su denuncia pidieron investigar "las vinculaciones económicas entre los hermanos Gioja y la multinacional minera Barrick Gold y la posible vinculación de esos hechos con el veto presidencial a la Ley de Presupuestos Mínimos ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial". "Solicitamos se investiguen las posibles relaciones entre los beneficios tributarios otorgados al emprendimiento binacional Pascua-Lama en el acuerdo o convenio citado, y los vínculos personales, comerciales y económicos de funcionarios públicos nacionales y provinciales antes mencionados con la empresa minera Barrick Gold", requirieron.
Además, pidieron realizar varias medidas de prueba, entre ellas, la declaración testimonial de Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda de la Nación; y Cristian Modolo, subsecretario de Ingresos Públicos.
También que se oficie a la Secretaría de Hacienda a que remita el acuerdo tributario entre la Argentina y Chile para el proyecto minero binacional Pascua Lama, firmado el 28 de abril de 2009.

Comunicado
En medio de denuncias por supuestos "vínculos" entre la minera Barrick Gold y el Gobierno de San Juan, la empresa afirmó que "todas sus operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente". Luego de que Elisa Carrió y Miguel Bonasso denunciaran ante la Justicia posibles vínculos entre la empresa y el veto presidencial de la ley de Glaciares, representantes de la compañía afirmaron que sus proyectos cuentan con "las autorizaciones ambientales pertinentes". "Queremos remarcar que todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", afirmaron.

CARA Y CRUZ
Se complica el escenario minero
La ampliación de una denuncia judicial realizada ayer por los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Fernanda Reyes, y Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso, suma elementos al ya complejo escenario político minero. La embestida se inscribe en el debate por la ley de Glaciares, vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que bajará al recinto de la Cámara baja la semana que viene. Carrió, Reyes y Bonasso solicitaron al juez Marcelo Martínez De Giorgi que "investigue el acuerdo tributario que otorgó un tratamiento impositivo extraordinario a la minera" Barrick Gold, a cargo del emprendimiento Pascua Lama, en San Juan. Si bien el ataque de los legisladores nacionales no incumbe directamente a Catamarca, se incorpora a un contexto donde la minería recibe golpes desde diferentes flancos, en el cual no es menor la incidencia de los violentos acontecimientos que se dieron en Andalgalá y colocaron a la actividad en la mira informativa nacional. El frente antiminero crece y las reacciones oficiales y empresarias son, en un análisis generoso, tibias. Los hechos van confirmando lo que este diario viene sosteniendo desde hace tiempo sobre la necesidad de avanzar en políticas concretas de defensa de la minería, si lo que se pretende es consolidarla como fuente de financiamiento para el desarrollo. En la deprimida Catamarca, provincia con escasas alternativas en tal sentido, esta necesidad es imperiosa.
La denuncia de los tres diputados nacionales supone un tratamiento impositivo preferencial del Estado nacional hacia la Barrick Gold, en el marco de un vínculo presuntamente corrupto que incluye al matrimonio Kirchner, los Gioja gobernantes en San Juan y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. No extraña que Carrió forme parte de la movida. La líder de la Coalición Cívica se especializa en las denuncias resonantes y las profecías apocalípticas. Bien está que se investigue cualquier supuesta maniobra espuria, pero el problema es más de fondo y no admite actitudes titubeantes de quienes dicen ser defensores de la actividad minera. Lo que está en juego es la legitimidad social misma de la minería. Es evidente la ausencia de una estrategia concertada para construir consenso en torno a ella, mucho más cuando se advierte una expansión del sentimiento antiminero que en Catamarca es más notorio todavía desde el estallido andalgalense. No se trasmite a la sociedad el potencial que la minería tiene como fuente de recursos ni se cruza con la suficiente energía las versiones infundadas que le atribuyen todos los males.
El disparador de la nueva denuncia de Carrió y compañía fue la foto de la presidenta Cristina Kirchner y el CEO de Barrick, Peter Munk, en Toronto, Canadá, hace diez días. Allí, durante un encuentro minero, la Presidenta ratificó que el marco jurídico para las inversiones mineras en la Argentina no se modificará. Para Carrió es la prueba del "acuerdo más escandaloso". La intención de la legisladora y sus compañeros es evidente: abonar el terreno para la discusión de la ley de Glaciares de la semana que viene. Tras eso, tienden un manto de sospechas sobre la minería en general. El lamentable fracaso de la política para el sector en Catamarca poco puede contribuir a una defensa. Sin embargo, hay circunstancias que podrían ser útiles en tal sentido, al margen de que la renta minera provincial se haya dilapidado irresponsablemente.
La introducción de modificaciones a la legislación minera nacional puede ser objeto de debate. Pero mientras tanto, hay elementos para desmentir que la minería "no deja nada". Éste es un concepto que sólo contempla la normativa sobre regalías, sin tener en cuenta otros factores y posibilidades, como la de que el Estado se asocie a los privados en la explotación de los yacimientos, como ocurre en Bajo La Alumbrera, en Catamarca, y obtenga utilidades económicas para volcar al desarrollo. O la creación de empresas del tipo de YMAD para sacarle el mayor provecho posible a la minería con las reglas de juego en vigencia. Comenzar a jugar en la cancha informativa con elementos concretos como éstos aportará a revertir la negativa imagen que se tiene de la minería. Ante el avance del discurso antiminero, es un desafío impostergable.