Testimonios, cartas documento y hasta la misma auditoría que disparó la denuncia penal forman parte de la estrategia oficial ante la Justicia penal y civil para sostener la causa por defraudación que, según el Ejecutivo, involucra desembolsos indebidos por $ 20 millones.
Una figura que, de comprobarse, derivaría de acuerdo a la ley en una pena que va de un mes a 6 años de prisión para los 5 ex directivos de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) denunciados por el Gobierno.
Paralelamente, la acción de responsabilidad impulsada por la Provincia ya está en manos de la jueza Silvia Latino, titular del Juzgado Civil n° 5.
La magistrada deberá resolver un planteo contra los accionistas involucrados, representantes del grupo francés Saur, orientado a recuperar unos $ 14 millones, cálculo aproximado de la diferencia entre lo que Aguas de Mendoza les pagaba como masa salarial ($ 66.000 al mes) y lo que pasaron a facturarle al área contable de la empresa ($ 360.000) por mes.
A raíz de figurar bajo un concepto distinto a la hora de hacer las facturas, la maniobra de desvío de fondos también originó una presentación ante al Justicia federal por evasión impositiva.
Ahora, Santiago Garay, el fiscal de Delitos Complejos que recepcionó la presentación hecha por el Gobierno, está abocado a analizarla. Y, según trascendió, avanzará en la etapa de instrucción de la causa, que contempla la búsqueda de pruebas documentales e indagatorias durante la feria judicial de invierno. "Es algo muy complejo. Hay mucha y diversa documentación para ver", resumió ante la consulta de Los Andes.
El criterio jurídico penal tiene en cuenta que "el estado cognitivo (conocimiento) para imputar es la mera sospecha". No obstante, la Justicia parte de que debe haber "motivos bastantes" para sospechar de la participación en un hecho punible, el fraude en éste caso.
Si bien no hay plazos que marquen esta etapa, se sabe que a partir de la imputación podrían transcurrir hasta 3 meses para que, instruida una causa, pueda ser elevada a la Cámara del Crimen para avanzar en un posible juicio. Llegar a esa instancia implica contar con elementos de convicción suficiente (documental, informativa, pericial y testimonial), según explican los expertos.
Salvo en la acción de responsabilidad civil, en principio los directivos denunciados aún no habrían recibido notificación.

Código Penal
"Será reprimido con un mes a 6 años el que defraudare a otro....valiéndose de cualquier ardid o engaño", dice el artículo 172 del Código Penal.
La pena no contempla atenuantes, sí agravantes. El artículo 174 contempla, en ese caso, elevar la sanción mínima a 2 años, y consagra una figura punible: "el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública"(inciso 5), además del 6, que refiere "al que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento... destinado a la prestación de servicios".
Sin embargo, es el 173 el que establece las condiciones en que el delito de fraude puede considerarse de mayor gravedad.
Hay, en este aspecto, al menos dos incisos como el 7 y el 10 que podrían vincularse a la situación de Obras Sanitarias y el manejo del que se acusa al ex grupo controlante Saur.
El 7 es, seguramente, el más taxativo acerca de la culpabilidad: "El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

Tres denuncias
Lo que expone el Ejecutivo contra los ejecutivos de Saur se desdobla en tres acciones que corresponden dos a la jurisdicción provincial (la Justicia Penal, por defraudación, y la Civil, por responsabilidad o recupero de los fondos) y la Federal (evasión fiscal).

La primera. ¿Por qué se denuncia administración fraudulenta? La primera razón es lo exorbitante suma que Aguas de Mendoza (Saur) empezó a cobrarle a OSM en concepto de salarios de ejecutivos: más de 5 veces lo que pagaba mientras se hizo cargo de ellos. Así, pasó de cancelar $ 66.000 por mes a facturarle a Obras Sanitarias $ 360.000 al mes. Por qué, es lo que deberá investigar el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay para instruir una causa.

La segunda. Atado a este expediente está la causa civil. La Provincia, como accionista del 20% de OSM, expone un perjuicio a sus intereses por la responsabilidad de otros accionistas de la empresa (Saur). Y exige, por esa razón, un resarcimiento económico directamente proporcional al desvío de fondos implicado en la maniobra. La documentación ya está a disposición del Quinto Juzgado Civil de la Provincia y los denunciados ya habrían tomado conocimiento del planteo.

La tercera: La evasión fiscal se habría cometido cuando Aguas de Mendoza transfirió a OSM el pago de haberes a los directivos, ya que usó facturas con el concepto “gastos confidenciales”, evitando así que quedaran asentadas en los libros de IVA.