Ayer a la mañana, los diputados nacionales opositores Elisa Carrió, Miguel Bonasso y María Fernanda Reyes presentaron en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia ampliada a la que iniciaron en el 2008 tras el veto presidencial a la ley 26.418 de Protección de glaciares por dos motivos, ligados entre sí: en la misma solicitan al juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi que, por un lado; investigue el acuerdo tributario entre Argentina y Chile para el proyecto minero Pascua-Lama, por la posible comisión de ilícitos en perjuicio del país; y por otro, que evalúe las posibles conexiones personales, comerciales y económicas del Ejecutivo Nacional y del provincial, con Barrick Gold Corporation -operadora del emprendimiento minero en la provincia de San Juan y Chile-, porque sospechan que podrían haber favorecido a la minera. Para fundamentar esto último cuestionan el almuerzo privado que mantuvo semanas atrás la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Gioja, entre otros mandatarios; con el CEO de la minera Barrick en Canadá, Peter Munk, cuando fue la cumbre del G20.
Barrick salió ayer al cruce de las acusaciones y emitió un comunicado donde revalorizan la tarea que realizan "en el más estricto apego a la legislación vigente".
En el escrito, al que acompañaron con información complementaria y algunos elementos de prueba, arremetieron sobre el convenio que firmaron ambos países en el 2009 para evitar la doble tributación impositiva, en el que trabajaron los titulares de la secretaría de Hacienda argentina y de la dirección chilena de Servicios e Impuestos Internos, Juan Carlos Pezoa y Ricardo Escobar, respectivamente.
El documento señala que "se trata de un convenio económico que importaría, conforme a fuentes privadas, beneficios tributarios por más de 150 millones de pesos para la empresa minera Barrick Gold"; según relató a la prensa ayer Bonasso "esto surge claramente de informaciones que ya datan de hace tiempo pero en las que se ha ido avanzando, como noticias de funcionarios de Hacienda que no habían querido firmar ese acuerdo tributario, "no ponemos el gancho porque vamos todos presos", dijeron", explicó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja.
"El problema principal es que ese acuerdo es secreto, cosa incompatible, si hay un acuerdo tributario entre dos Naciones que privilegia a una empresa se debería saber, entonces nosotros decimos que se investigue ya que habría tráfico de influencias. La foto de la presidenta reunida en Canadá durante cuatro horas con la Barrick Gold es escandalosa", anunció Carrió sobre la cumbre del G-20 en Toronto -de la que participaron los gobernadores Gioja, Urtubey, Beder Herrera, Zamora, Barrionuevo y el secretario de Minería, Mayoral-, al tiempo que planteó, contundente: "si Mayoral es la Barrick, si Gioja es la Barrick, tenemos que saber si Cristina es la Barrick".
En la ampliación de la denuncia los legisladores además volvieron a enumerar una serie de supuestas irregularidades denunciadas en la presentación anterior, en torno al manejo del emprendimiento minero binacional, como la superposición de funciones del senador César Gioja y del secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral. Ambos protagonistas también salieron al cruce de las acusaciones.

Dura crítica por los Glaciares
Bonasso explicó que quieren averiguar si existen delitos económicos y tributarios, los que se sumarían al daño ambiental que generaría Pascua-Lama, "los glaciares son las fuentes principales de las cuencas que bajan de la cordillera de los Andes, el agua más pura que los argentinos podemos tomar, con Pascua-Lama trabajando a pleno estarían gastándose 240 millones de litros de agua por día, que saldrían de las áreas periglaciares que no están protegidas en el proyecto de Filmus y que sí lo estaban en la ley original", dijo, y confirmó que el 14 próximo tratarán en el recinto su proyecto, similar al vetado de autoría de Marta Maffei.
Por su parte, Carrió opinó sobre la media sanción que consiguió la iniciativa de Filmus en el Senado, que va por su aprobación definitiva en Diputados y compite con la de Bonasso: "hay un lobby escandaloso, Filmus se ha vendido, pone esta ley por orden de la presidenta, ahora la pregunta es ¿es la orden de la presidenta, de Gioja o de la Barrick?", manifestó.
La diputada adelantó que están trabajando en derogar la ley de inversiones mineras y advirtió a los sanjuaninos: "muchas personas están confundidas, les va pasar lo de Neuquén, que estaban explorando, tenían sueldos de $20.000 y ahora son de $2.000 y en San Juan va a ser igual, va a tener un crecimiento en materias de exportaciones muy alto y cuando se den cuenta no van a tener agua, un desierto sin agua y destruyendo el elemento vital que es el glaciar".