Ayer se cumplieron dos años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a ejecutar un plan de saneamiento para el río más contaminado del país: el Riachuelo.
Sin embargo, hay pocos avances que celebrar. Sólo este año la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ente tripartito a cargo del plan, recibió su propio presupuesto, de unos 43 millones de pesos; está conformando su planta de personal: 140 personas (están incluidos los inspectores), y se ve limpieza en las márgenes del río y de la basura flotante.
Sin embargo, la mayoría de los plazos impuestos por el máximo tribunal están incumplidos.
"Entre las obligaciones se destacan: la falta de control a las industrias de la cuenca; la falta de metas para lograr la reducción de contaminantes, y ni se ha instrumentado un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como lo ordenaba la Corte en su fallo", indicó Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento de la manda judicial.
En ese sentido, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, intimó a la Acumar a que dicte un reglamento que fije plazos concretos en los procedimientos de control industrial en esa zona hídrica.
La Corte había puesto un plazo de 30 días para que se inspeccionaran todas las industrias de la cuenca, que son unas 20.000. Hasta el momento sólo se inspeccionó el 30% de las empresas, según la información oficial.

Información pública
El magistrado ordenó también que se dé a conocer cuando se descubra una industria contaminante de la cuenca.
Sin embargo, ese objetivo no parece cercano. Al momento, sólo una empresa completó el procedimiento de reconversión industrial para migrar la tecnología. Y el Polo Petroquímico de Dock Sud, que iba a ser reestructurado y relocalizado, sigue allí.
Según el informe presentado por la Acumar, de las 18 empresas que deben dejar ese lugar sólo dos fueron relocalizadas, y sobre otras dos pesa una orden de desalojo.
Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200.
La Acumar asegura que hay 33 basurales saneados. "Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión, ya que el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA) no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos", dijo Consuelo Bilbao, de la Unidad Política de Greenpeace.
Fernando Nunes, coordinador de Salud para la población de la cuenca Matanza-Riachuelo, dijo que esperan para fines de septiembre los resultados de un estudio sobre la situación sanitaria de los menores de 6 años, para lo cual encuestaban a unos 1200 hogares de la zona en los que viven, estiman, 3600 niños. El estudio epidemiológico ordenado por la Corte imponía un plazo de 90 días.
"Creemos que ha llegado la hora de aplicar las multas previstas por la Corte a los máximos responsables de la Acumar", agregó Nápoli.
Paralelamente, avanza el trámite para comenzar a ejecutar un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares con el que se construirá un colector cloacal que desembocará en el Río de la Plata.

LAS OBLIGACIONES
Emergencia sanitaria . La Corte Suprema de Justicia había ordenado que en 90 días se realizara un informe de factores de riesgo ambiental en la población. Luego tendrían 60 días para ponerlo en marcha. Todavía no comenzó.

Contaminación industrial . Se fijó un plazo de 30 días para que la Acumar identificara a las empresas contaminantes y otros 30 días para que ejecutaran un plan de reconversión. Se inspeccionó el 30% de las industrias.

Basurales a cielo abierto . La Corte Suprema de Justicia impuso, como máximo, un año como plazo para la erradicación de los basurales a cielo abierto. Se sacaron 33 de 200 basurales.