Mientras el oficialismo decidió dejar la discusión de la ley de glaciares para la semana que viene, el único partido opositor con representación en la Legislatura provincial no concilia posición frente al tema. El bloque de diputados le dio la derecha ayer al giojismo, al asegurar que la provincia sí tiene facultades para legislar sobre la protección de los recursos naturales. La opinión choca con la que hace uno días dio el líder partidario, Roberto Basualdo, quien había señalado que se trata de un tema que debe discutir en el Congreso Nacional.
La jurisdicción para abordar la protección de los glaciares fue el primer punto que salió a cuestionar Basualdo, cuando se enteró que a la Cámara de Diputados de la provincia había ingresado un proyecto del giojismo en ese sentido para primerear los alcances que pueda tener una ley nacional que se está discutiendo por estos días en el Congreso, y en donde la oposición busca impulsar una normativa adversa para los intereses de los distritos con perfil minero. Se trata del proyecto de Miguel Bonasso, que prohíbe cualquier actividad industrial y minera en las zonas cercanas a las masas de hielo.
El lunes, el senador dijo "se tiene que debatir en el Congreso, para eso están los senadores y los diputados, hagamos una ley que sirva a todos, no una ley donde no podamos discutir ni debatir" (en referencia a que en la Legislatura la amplia mayoría del oficialismo es contundente).
Ayer, los diputados basualdistas Armando Campos y Lucía Sánchez sostuvieron lo contrario. El legislador aseguró que "por los argumentos que he escuchado de los que conocen más de técnica jurídica e interpretación de las normas que rigen nuestra Constitución, creo que la provincia está capacitada para legislar en este aspecto". Su compañera sostuvo que la carta orgánica "habilita a la provincia a fijar leyes sobre sus recursos naturales".
Uno de los que está en línea con el planteo Bonasso es Mauricio Ibarra, que también lanzó artillería pesada contra el proyecto giojista. El diputado nacional, que es socio de Basualdo en el frente Unión por San Juan, aseguró ayer que primero se debe sancionar una ley nacional de glaciares y después, en todo caso, una local. Según dijo, la Constitución establece que "será el Congreso el que deba determinar los presupuestos mínimos que en todo el territorio nacional se deberá tener para proteger los glaciares". Además, tildó al asesor giojista Guillermo De Sanctis de "Facha Martel del peronismo", respondiendo al rótulo de "Ricardo Fort de la política" que le había puesto el funcionario por salir a poner en duda las facultades de la provincia para legislar sobre los glaciares.
El gobierno basa su intención de anticiparse a la Nación en dos artículos de la Constitución nacional. En el 124, que dice que corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales, y en el 41, que establece que podrán dictar normas complementarias para preservar el medio ambiente.
Bajo ese argumento, el oficialismo estaba apurado en aprobar su proyecto antes de que se debata el de Bonasso, previsto para el próximo miércoles. Pero ayer cambiaron de estrategia. Los diputados justicialistas evaluaron que por más que la iniciativa nacional sea aprobada en Diputados, para ser ley debe ser sancionada después en el Senado. Finalmente, mandaron el proyecto a comisión y quedaron en discutirlo la semana que viene en el recinto.
El oficialismo, que tiene amplia mayoría, cuenta con la adhesión de sus socios bloquistas. El presidente de la bancada del partido de la estrella, Edgardo Sancassani, adelantó que "vamos a acompañar el proyecto". Sin embargo, dijo que "estamos evaluando algunos cambios que se podrían hacer y cuando los tengamos listos, los vamos a plantear en las comisiones".
En el basualdismo, el ánimo es otro. El proyecto oficial establece, entre los puntos más importantes, que la provincia hará un inventario de las zonas de glaciares y periglaciares y que creará un consejo de control y monitoreo de los espacios colindantes que estará conformado por representantes de organismos oficiales. Campos dijo que tienen muchas dudas, porque no ven que el inventario y control vaya a estar encabezado por "técnicos y científicos".