El Gobierno nacional intervino en el escándalo por las presuntas ventas irregulares de grandes extensiones de tierras en el oeste de la provincia, que involucraría a funcionarios en pedidos de coimas y solicitó que se investigue una operación por 650.000 dólares que ya alcanzó a la Justicia estadounidense.
En tanto, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, admitió la existencia de irregularidades: si bien acusó de «sinvergüenzas» a quienes acceden a involucrarse en ilegítimas transacciones, también reconoció que hay «sinvergüenzas vernáculos» que venden tierras fiscales por «unos pesitos».
Las repercusiones de la denuncia de supuesto pago de coimas a funcionarios locales para «aceitar» la compra de 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, que el rabino norteamericano Jaime Libersohn presentó ante la Justicia de Nueva York, golpearon las puertas del Ministerio del Interior de la Nación.
A través de una resolución, el secretario de Interior, Marcio Barbosa Moreira, suspendió el miércoles la operación hasta que la Secretaría de Tierras y Hábitat Social resuelva «el procedimiento por el cual declaró como área bajo procesamiento la zona en la que se encuentra dicho predio».
Desde el ministerio advirtieron que se encontraron «muchas irregularidades en cuanto a los trámites y boletos de compraventa» de las tierras -que contienen la mayor reserva de agua dulce de la provincia- y argumentaron que, por esa razón, se determinó paralizar la operación hasta tanto la provincia dictamine si es legal o no.

Intervención
Asimismo, la cartera del Interior pidió la intervención del Colegio de Escribanos de La Rioja para que analice y considere las sanciones que pudieran corresponder a escribanos y funcionarios, dado que la escritura presentada por Libersohn a las autoridades para su validación «adolece» de la «previa conformidad» de los pobladores de la zona.
El caso de las 200.000 hectáreas no es el único en La Rioja: el Superior Tribunal de Justicia y la Legislatura provincial investigan alrededor de 80 casos de ventas que pueden haber sido realizadas en transacciones irregulares.
Según el gobernador, hay tierras fiscales con «carteles que dicen que son propiedad privada» y cuando el Gobierno quiere expropiar y convoca a que «se presenten» los propietarios «con sus papeles, para que se les pague, ninguno lo hace porque no tienen los documentos que corresponden».