El acuerdo por el monitoreo del río Uruguay y de UPM depende de "aspectos técnicos y jurídicos vinculados al fallo de la Corte", dijo ayer Almagro. Argentina interpreta que el fallo le da, en el punto 281, acceso a la planta.
El canciller Luis Almagro dijo ayer en Durazno, a donde asistió a la asunción del intendente nacionalista Benjamín Irrazábal que la negociación con Argentina "va a llevar su tiempo", aunque aclaró que "no mucho". Admitió que aún es necesario "acercar algunas posiciones".
"No es algo de lo que estemos demasiado alejados, no es algo que tengamos complicaciones, pero sí tenemos que ajustar algunos detalles en aspectos técnicos y jurídicos vinculados al fallo de la Corte (de la Haya) y en eso estamos", señaló.

El 281.
Argentina -y esto fue ratificado por el canciller Héctor Timerman- hace centro en el ingreso a la planta de UPM para los controles, y sostiene que el fallo de La Haya así lo establece en su punto 281, lo que no surge de manera evidente del propio texto.
"Mantenemos intacta la posición de que es la ciencia la que tiene que controlar el medioambiente en toda la zona del río Uruguay. Los países tenemos que aceptar el fallo de La Haya, que dice que el control medioambiental se debe realizar dentro de la papelera", dijo Timerman a la prensa el miércoles tras reunirse el día anterior en secreto con Almagro.
El punto 218 dice: "Por último, la Corte señala que el estatuto de 1975 obliga a las partes a cooperar entre ellas, en los términos que el estatuto establece, para asegurar el cumplimiento del objetivo y el propósito del estatuto.
Esta obligación de cooperar abarca el monitoreo continuo de una instalación industrial, como la planta de Orion (Botnia).
En ese entendido, la Corte nota que las partes tienen una larga y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU.
Actuando en conjunto a través de la CARU, las partes han establecido una real comunidad de intereses y derechos en el manejo del río Uruguay y en la protección de su medioambiente.
También han coordinado sus acciones a través de este mecanismo conjunto de la CARU, en conformidad con las provisiones del estatuto de 1975, y han encontrado soluciones apropiadas a sus diferencias dentro de ese marco, sin sentir la necesidad de recurrir al acuerdo judicial de las disputas que provee el artículo 60 del estatuto, hasta que el presente caso fue traído ante la Corte".
La segunda frase de este punto del fallo es interpretada por Argentina como un "permiso" de acceso a la planta, mientras que la cooperación en "los términos que el estatuto establece" alude al control ambiental de las aguas del río, que es lo único previsto en el tratado binacional, que no refiere al control de los impactos visuales o gaseosos ni el ingreso a instalaciones privadas en los territorios de cada país.
En suma, el tipo de control, su localización, y qué "científicos" lo realizarán son parte de los temas a acordar.
Uruguay no ha formulado, al menos públicamente, un rechazo explícito al ingreso de técnicos argentinos a la planta. En los trascendidos de las conversaciones binacionales se ha manejado que sean expertos de universidades de ambos países o técnicos dependientes de la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa, también dio pistas de dónde radica el obstáculo al acuerdo: "Se está negociando la forma en la que vamos a cumplir el fallo", informó Cánepa, tras participar del acto de asunción del intendente de Río Negro, Omar Lafluf.
Agregó que se está "discutiendo técnicamente qué significa el monitoreo conjunto de las aguas del río Uruguay y dentro de la planta, según obliga el fallo de La Haya".
Para Cánepa, la solución llegará próximamente: "Estamos convencidos de que este puente que está abierto, no se cerrará nunca más" señaló.

Brasil.
En sus declaraciones en Durazno, Almagro también descartó formalmente que Brasil vaya a participar del monitoreo ambiental. "No nos planteamos la participación de Brasil", dijo. "Brasil participaría en un contexto más amplio que sería en el monitoreo integral del río y de la cuenca, mientras tanto, lo que tenemos que atender es un tema bilateral que es el estatuto del río Uruguay y el fallo de la Corte, que tiene que ver con Argentina y con Uruguay".
Una explicación más explícita la dio ayer en el diario Clarín el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, Daniel Filmus: "Está excluida cualquier participación de Brasil en el monitoreo del río Uruguay porque ese país no permite que se haga lo mismo aguas arriba, en su territorio", dijo, agregando que esto fue comunicado formalmente a Timerman y a la asesora letrada de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti.