El 8 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a ejecutar un plan de saneamiento del Riachuelo.
Como parte de esas maniobras, los magistrados habían interpuesto un plazo de 30 días para que se inspeccionaran todas las industrias de la cuenca, que son unas 20.000.
Hasta el momento, apenas el 30 por ciento de ellas fueron monitoreadas, según informa el diario La Nación en base a datos oficiales.
Además, recién este año la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) recibió su propio presupuesto, 43 millones de pesos; está conformando su planta de personal: 140 personas; y se ve limpieza en las márgenes del río y de la basura flotante, añadió el matutino.
En este marco, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, intimó a la Acumar a que dicte un reglamento que fije plazos concretos en los procedimientos de control industrial en esa zona hídrica.
"falta de control a las industrias de la cuenca; falta de metas para lograr la reducción de contaminantes, e instrumentación de un sistema de información público que sea accesible para el ciudadano son algunos de los incumplimientos", enumeró Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado que debe monitorear el cumplimiento de la manda judicial.
Según el ambientalista, hasta el momento se habrían saneado 105 basurales, sobre una base de 200 y sobre una orden de ser limpiados en no más de un año. El dictamen del máximo tribunal ayer cumplió 24 meses. Desde la Acumar -precisa La Nación- asegura que hay 33 basurales saneados