La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado oficial respaldando la Declaración de los Gobernadores de las Provincias Cordilleranas, conocida la semana pasada, en la que los estados provinciales cordilleranos reafirmaron “sus competencias en materia de cuidado ambiental”, comprometiéndose a garantizar el desarrollo minero con criterios sustentables, ejerciendo su potestad política en cada territorio provincial y su decisión de actuar en forma eficiente en el ejercicio de la autoridad de control sobre los recursos naturales tal cual lo establece la Constitución Nacional. En su comunicado, suscripto por su presidente, Manuel Benítez, CAEM considera que “es necesario llevar a la opinión pública una voz firme para denunciar que los ataques a la minería tienen connotaciones políticas oportunistas propias de quienes intentan forzar los tiempos institucionales y la naturaleza de los poderes públicos de la República, para torcer y frustrar la vocación de progreso de las provincias que cuentan con recursos naturales distintos de los que existen en la Pampa Húmeda y en los centros urbanos industrializados”. Continúa el comunicado asegurando que “la insensibilidad de estos ataques políticos pone en riesgo las fuentes de trabajo para más de 300.000 argentinos vinculados a la industria minera, algo que no puede ser aceptado como un daño colateral de la competencia política, algunos de cuyos protagonistas evidencian desconocimiento acerca de cómo se trabaja en las minas (con profesionales argentinos capaces, tecnologías de punta y máximo cuidado ambiental) y de los estrictos controles de las autoridades de aplicación provinciales”. Para finalizar, la cámara que nuclea a las empresas mineras que operan en Argentina, expresó que “el debate sobre las condiciones del desarrollo minero en el país no debe ser utilizado como un arma letal contra la actividad minera, porque estaríamos permitiendo que la Argentina pierda un pilar imprescindible para que la economía nacional alcance su plena industrialización con el uso de materias primas nacionales, producidas por trabajadores, profesionales argentinos y empresas que tienen pleno derecho constitucional al ejercicio de sus oficios, profesiones y actividades productivas ajustadas en todo a las leyes vigentes”.