A más de un año de que la Justicia ordenara al Estado nacional que eleve la cota de Portezuelo Grande, la obra no se ha realizado y se teme que una gran crecida del río Neuquén arrase con la presa y produzca estragos aguas abajo.
El 3 de marzo de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación del Estado contra el fallo que lo obligaba a “realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande” y “ampliar su capacidad para que resista una crecida máxima probable de 14.520 metros cúbicos por segundo (m3/seg)”.
Antes, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca también le había dado la espalda a la Nación.
Portezuelo Grande fue construida para manejar hasta 11.500 m3/seg. Esa capacidad superaba con holgura la crecida máxima esperada y el sistema era considerado como seguro.
Pero en diciembre de 1999, la consultora canadiense British Columbia Hydro presentó a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) un estudio que situaban a la crecida máxima en 14.520 m³/seg. La presa ya no era segura.
La crecida de julio de 2006, que alcanzó los 10.350 m3/seg y que puso el sistema al límite, cambió nuevamente los modelos hidrológicos. El yacimiento Loma La lata corrió serio riesgo, se inundaron localidades como San Patricio del Chañar y hubo daños a la producción frutihortícola y pérdidas millonarias.
Con los datos de esa crecida, la AIC encargó un nuevo estudio a una consultora que determinó que la crecida máxima probable se ubicaría en los 25.000 m3/seg.
Luego de ese aluvión, la vecina de Cipolletti Rosa Cristina Rozniatowski presentó en la Justicia de Neuquén un amparo contra el Estado nacional, en su carácter de concedente de la presa, por el peligro latente de que colapse Portezuelo y para conocer qué medidas se tomarán para evitarlo.
La Nación afirmó que “no es responsabilidad del Estado cuidar las vidas y bienes de quienes viven aguas debajo de las presas”. La excusa fue suficiente para perder el litigio. El mismo resultado obtuvo en las dos instancias de apelación: en Roca y ante la Corte Suprema.
En el juicio, el Estado negó que la crecida máxima probable calculada para diseñar la presa (11.500 m3/seg.) haya aumentado, pero no presentó pruebas para comprobarlo.
Sin embargo, la AIC, donde hay representantes de las provincias y de la Nación, al igual que el Organismo de Seguridad de Presas (Orsep) sabían muy bien que los modelos hidrológicos del río Neuquén habían cambiado luego de la crecida de 2006.
Pero lo más grave, según consta en el fallo del máximo tribunal, es que “entendió que la eventual rotura de la presa no ocasionaría a los habitantes de la ciudad de Cipolletti mayores daños que los que hubiese provocado una crecida natural de no haber sido construida la presa”.
El Estado nacional consideró que no pesaba sobre sí una obligación legal de actuar que torne ilegal su omisión. Afirmó que no era su deber garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a eventos naturales ajenos a su accionar.

La otra crecida
Tras la posterior crecida de 2008, la Fundación Aguas Patagónicas, Fundagua, presentó en la causa un recurso de “amicus curiae”, que fue aceptado por la Suprema Corte.
La Fundación señaló que “ningún organismo reaccionó desde 1999, fecha de la primera actualización de valores máximos, hasta la crecida de julio de 2006, en que se estuvo a sólo el 10% de superar la capacidad de manejo de la presa de Portezuelo Grande, al borde de un desastre de consecuencias imprevisibles, con el consiguiente peligro para la vida”.
En mayo de 2008, la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo lugar a la solicitud de Fundagua, al pedir al Orsep la realización una Audiencia Pública o algún otro mecanismo similar para que se cumpla con la obra de la elevación de la cota de Portezuelo.
Según explicó a este diario el presidente de la Fundación, el ingeniero Oscar Rossi, los organismos nacionales mencionaron la Audiencia Pública por la construcción de Chihuido I que se realizó días atrás en Quili Malal, como el espacio en el cual se discutiría la obra de Portezuelo. Pero ello no sucedió.
En la audiencia sólo hubo un pedido del Centro de Ingenieros de Neuquén para que se cumpla con el fallo judicial.

Treinta millones de pesos
Según explicó Rossi, la cota de Portezuelo se debería elevar 1,20 metros. La obra costaría unos 30 millones de pesos, de acuerdo a la estimación de la Justicia.
“El ingeniero Giovanni Lombardi, el consultor suizo que es la máxima autoridad mundial en materia de presas, recomendó hace ya muchos años que se elevara Portezuelo Grande y se ampliara la capacidad de derivación hacia el embalse Los Barreales”, señaló el presidente de Fundagua.
La AIC señaló ante la Justicia Federal que luego de las crecidas de 2006 y 2008 la elevación de la cota de Portezuelo Grande sería estéril ya que ni siquiera con ella se soportará la crecida máxima probable, que se ubica en torno a los 25 mil m3/seg.
Sin embargo, Rossi aseguró que la obra debe realizarse teniendo en cuenta que en 2006 y 2008 la capacidad de Portezuelo estuvo al límite.
Además, un estudio encargado por Fundagua a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Chubut, dio como resultado que hasta que no se realicen los nuevos modelos hidrológicos con los datos de la crecida de 2008, no se puede establecer con certeza cuál es la probabilidad de que se produzca un evento de 25 mil m3/seg.
Por lo tanto, Rossi señaló que al menos se debe proteger el sistema para que pueda soportar una crecida de 14.500 m3/seg, tal como indicó la Justicia.
Según coinciden desde la AIC, el Orsep, la Nación, las provincias y los especialistas privados, la única obra capaz de proteger el sistema Cerros Colorados es la represa Chihuido I, sobre el tramo medio del río Neuquén.
Sin embargo, la obra, que hoy está preadjudicada, demandará unos 5 años de construcción. Mientras tanto, se teme que el río tenga una nueva crecida histórica que ponga en jaque a Portezuelo y las ciudades del Alto Valle.