Tony Buzbee, propietario del Estudio Jurídico The Buzbee, en Texas, tiene más de mil clientes con un objetivo común: sacarle dinero a BP por el desastre del Golf de México.
Entre ellos se encuentran 18 hombres que sufrieron heridas en la explosión de la plataforma petrolera, uno de los cuales tuvo quemaduras del 60% de su cuerpo. Otros, como los pescadores, aseguran que su medio de vida se vio directamente afectado por el derrame. Aún más, desde los vendedores de loción bronceadora hasta el propietario de un hoteles de Florida, sostienen que son víctimas del impacto de un catástrofe que el mismo Presidente Barack Obama describió como el “11/9 ambiental”
Buzbee, cuyo estudio repite el slogan “Cuando ganar es la única opción”, está seguro de una sola cosa: la factura que enfrenta BP va a ser realmente muy elevada. “Es muy variado el impacto del derrame sobre las economías de las áreas ya afectadas o que se serían afectadas. Finalmente, habrá cinco o seis estudios jurídicos que tendrán decenas de miles de casos que encabezarán el litigio”.
Desde que la plataforma petrolera explotó el 20 de abril y el crudo sale a borbotones en el Golfo de México, los abogados de demandantes, los letrados que defienden a empresas y los expertos en cumplimiento de la ley han tratado de calcular el costo que implicarán las sanciones penales y civiles, los litigios iniciados por los accionistas, la limpieza y los reclamos presentados por habitantes y empresas locales.
El caso tiene algunas similitudes en tamaño y alcance con una serie de notorios litigios corporativos anteriores, como los relacionados con el tabaco, el buque Exxon Valdez y el medicamento Vioxx de Merck. Pero Paul Cereghini, especialista en defensa corporativa en Bowman and Brooke, un estudio jurídico de Minneapolis, comentó que la enorme variedad de acciones legales contra BP probablemente “ubique esto en una categoría diferente por si misma”. Y señaló: “Creo que en algún punto la escala de los litigios es tal que realmente parece una novela. En este momento definitivamente es difícil de saber cuál es esa escala, porque el problema sigue creciendo y se complica cada vez más”.
BP no quiso hacer comentarios sobre los litigios pendientes en su contra y no respondió a un pedido de entrevista con su equipo legal.
Las demandas más serios que enfrenta la compañía, tanto en términos financieros como de reputación, están ligadas a las investigaciones iniciadas por el gobierno estadounidense. Hay una serie de leyes que los fiscales pueden usar contra BP, incluyendo la Ley de Residuos, Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley del Tratado de Aves Migratorias. La legislación sobre aves es la favorita de los fiscales, aseguran los expertos en leyes ambientales, porque la gran cantidad de animales afectados la convierte en una útil herramienta para modificar el nivel de la multa.
Estas sanciones pueden aumentar con la Ley de Multas Alternativas, mientras BP podría enfrentar aún penalidades mayores debido a los problemas legales anteriores que atravesó EE.UU por las explosiones en la refinería de Ciudad de Texas((( y el derrame de petróleo en Prudhoe Bay, Alaska.
Los expertos en leyes ambientales sostienen que el área cubierta por la contaminación provocada por la plataforma Deepwater Horizon y el momento en que está produciendo el derrame hacen que su impacto sea peor que el accidente provocado por Exxon Valdez en Alaska. Jane Barrett, director de Environmental Law Clinic en la Escuela de Derecho de la Universidad de Maryland, afirmó: “Es un momento horrible, horrible para que ocurra esto porque ésta es temporada de desove y anidación. Si yo fuera gobierno, no pensaría sólo en los bichos que murieron, muchos de los cuales se hundieron, sino que trataría de determinar el costo de la pérdida de una temporada entera de apareamiento”.
Luego, está el costo de la limpieza en si misma, que según BP llega a u$s 2.600 millones. Gregory Evans, abogado especializado en litigios ambientales con sede en California, aseguró que las futuras obligaciones depende de lo que ocurra con “todo los que vuela, todo lo que nada, todo lo que podría ocupar la tierra”. El gran desafío para los reguladores y la compañía, comentó, es “tratar de determinar el costo de la limpieza sin saber aún el alcance del daño”.
Es probable que la Ley de Agua Limpia provoque el mayor impacto monetario en BP. Según esa legislación, la compañía podría ser sancionada con hasta u$s 4.300 por cada barril de petróleo derramado. Aún en base a la estimación conservadora de que se están perdiendo 20.000 barriles diarios y que se podrá contener el derrame en agosto, BP podría enfrentar una multa superior a u$s 10.000 millones. Al igual que otras leyes que podrían ser incluidas en la investigación penal, la Ley de Agua Limpia podría servir para procesar a individuos, aunque los expertos opinan que es más probable que se aplique a los gerentes que estuvieron directamente involucrados y no a altos ejecutivos.
Albert Lin, profesor de la Universidad de California y ex abogado de la división de medio ambiente y recursos naturales del Departamento de Justicia, comentó que si bien las multas ambientales que enfrenta BP no son nuevas, su tamaño sí lo es. “Probablemente vayamos a ver sumas récord”, vaticinó.
A medida que las investigaciones oficiales tomen ritmo en la senda legal, BP simultáneamente enfrentará enormes números de juicios privados. En términos financieros, los daños y perjuicios relacionados con los 11 trabajadores de la plataforma Deepwater Horizon que resultaron muertos y los que sufrieron heridas probablemente sean sólo una pequeña parte del total. Cualquiera que se haya visto perjudicado tiene un posible reclamo, desde los restaurantes de seafood hasta el dueño del condominio que asegura que los potenciales compradores postergaron la operación debido a la contaminación.
Parte de eso se pagará con el fondo de compensación de u$s 20.000 millones financiado por BP, pero los abogados de los demandantes aseguran que un buen número probablemente terminen en los tribunales. Eso dispararía una gran cantidad de peleas sobre si el daño sufrido por los demandantes es suficientemente directo para justificar una indemnización y, si lo fuera, cuál debería ser la suma de dinero. Los abogados no envidian a BP si es que tiene que defenderse ante jurados de Lousiana o cualquier otro de los estados afectados.
Los expertos legales sostienen que la situación probablemente se complique más porque la gran variedad de juicios probables implica que será difícil congregarlos en lo que se denomina acciones de clase, donde se agrupan los demandantes con un mismo objetivo. Eso implica que BP tendrá inconvenientes para lograr lo que hizo ExxonMobil en el caso de Valdez, que fue enfrentarse con sus oponentes en un único “superlitigio”. Por el contrario, BP tendría que hacer frente a numerosos juicios en múltiples estados, cada uno con sus circunstancias particulares, con la posibilidad de que además haya enfrentamientos en materia de competencia.
Mientras BP se pelea con los pescadores enojados en una sección del sistema legal, es probable que tenga batallas opuestas pero igualmente duras con accionistas institucionales en otro grupo de juzgados. Los juicios iniciados por los accionistas han sido exitosos y lucrativos en casos anteriores en que las compañías habían hecho mal las cosas.
En el caso de Enron, la compañía energética que cometió fraude, los accionistas que demandaron a la empresa mediante una acción de clase cobraron u$s 7.200 millones (y los abogados, u$s 688 millones).
Los demandantes de BP se centrarán en reducir a la mitad el precio de la acción de la compañía desde la explosión de la plataforma petrolera, una pérdida superior a u$s 90.000 millones del valor de mercado. A raíz de la posibilidad de que enormes obligaciones golpeen a BP también bajó su calificación crediticia. Sus bonos cayeron abruptamente y el precio de sus credit default swaps, el costo de asegurarse contra un default por parte de la compañía, subió a los niveles que en general tienen las empresas con nota “basura”.
Los analistas estiman que detener el derrame y limpiar del petróleo saldrá sólo unos u$s 8.000 millones; el resto del costos que enfrentará BP estará ligados a los juicios por daños y perjuicios, multas y otras sanciones.
Las acciones de la compañía son muy volátiles, hace varios días llegó a su piso en 14 años antes de recuperar 8% la semana pasada. Richard Griffith de Evolution Securities comentó: “La gente no quiere asumir el riesgo hasta que se construyan los pozos de auxilio y se tape el pozo. Pero después la incertidumbre girará en torno a quién le debe a quién y porqué.
El fondo de pensión del estado de Nueva York aseguró que BP lo engañó en cuanto a su historial de seguridad y su capacidad de manejar grandes derrames. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos hace unos días emitió un fallo que limita el derecho de los accionistas de compañías extranjeras de iniciar acciones legales en tribunales estadounidenses.
Contra esta formidable marea legal, BP tiene pocas alternativas más que pelear donde pueda y tratar de distribuir un poco el sufrimiento entre otros demandados, aseguran los expertos. Ya está enfrentando con Anadarko, dueño del 25% de Macondo, el pozo que pierde petróleo, desde que éste acusó a BP de “negligencia grave”. Hay otras empresas con abogados dedicados a estudiar su responsabilidad, entre ellas Mitsui & Co, la firma japonesa de comercio exterior propietaria de 10% de Macondo, y otros dos grupos estadounidenses: Transocean, dueño de Deepwater Horizon, y Halliburton, un contratista.
Aún más, BP enfrenta una situación que ya han atravesado muchas compañías a raíz de diversos accidentes que afectaron a gran cantidad de personas y franjas de tierra. Si bien debe mostrarse responsable y sensible a los reclamos legítimos, querrá en los tribunales refutar las afirmaciones considere falsas.
ExxonMobil peleó el juicio Valdez durante dos décadas y finalmente logró que en una apelación le redujeran en 90% lo que debía pagar por daños punitorios.
Los abogados aseguran que el ejemplo de Valdez y las características particulares del caso BP significan que es inútil –o poco honrado– exigir que se determine cuáles son las posibles obligaciones de la compañía. La única certeza , dado el fondo de compensación que creó la compañía, es que el pasivo total será de decenas de miles de millones de dólares, cifra intermedia entre los costos estimados en u$s 4.000 millones en el caso Valdez y los cientos de miles de millones de los casos relacionados con el tabaco y el amianto.
Otra vez en Houston, Buzbee asegura que ningún derrame anterior sirve mucho de criterio para el caso Deepwater Horizon. Sus clientes y otros están en las primeras etapas de un viaje hacia el descubrimiento de cuánto le saldrá el desastre a la compañía que hace sólo meses era líder en mundo.
“No tenemos forma de poner esto en un contexto histórico, porque nunca antes hemos enfrentado nada igual. Simplemente no hay forma de saber cuánto tiempo van a tener que continuar para pagar esto”, concluyó Buzbee.