Por más que los debates al respecto hayan sido tan caldeados como para derretir cualquier glaciar, poca gente ha logrado una mejor comprensión de los problemas subyacentes al proyecto de Ley de Protección de Glaciares, aun 20 meses después de que éste fuera frustrado por un abrupto veto ejecutivo de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Curiosamente, el crítico más acérrimo del gobierno en este frente parece ser el diputado de izquierda Miguel Bonasso, el tipo de ex-Montonero que uno esperaría ver como el partidario más fiel de cualquier presidencia Kirchner (y de hecho, su alejamiento de las filas del gobierno radica en gran parte en su postura sobre este tema); curiosamente, también, la sospecha principal alzada contra el matrimonio presidencial en este debate no se trata de negocios inmobiliarios en la Patagonia (sin duda el componente más conspicuo de su controvertida fortuna), sino más bien de su presunta complicidad con los intereses mineros canadienses y de otros orígenes.
La relación que podría existir entre los glaciares y la minería no es inmediatamente evidente; parecería que el proyecto de ley vetado definiera la protección de los glaciares de forma tal que prohibiera la minería a cielo abierto sobre cualquier terreno montañoso, o la inyección de arsénico o cianuro en cualquier parte de la cordillera andina por el riesgo de que eventualmente afecte las zonas de glaciares. Ante esta objeción, las empresas mineras responden afirmando su adherencia al credo del desarrollo sustentable, aunque su argumento más convincente probablemente recaiga en su reconocido potencial como uno de los sectores generadores de riqueza más destacados del país, junto con la agricultura y el turismo.
Por ende, aun si alguien como Bonasso pudiera señalar una conexión innegable entre la industria minera y el matrimonio presidencial, este último siempre podrá alegar que le motiva el beneficio nacional y no personal (o el beneficio provincial en el caso del gobernador de San Juan José Luis Gioja, un blanco favorito de Bonasso).
En el caso de las provincias mineras andinas, la oposición parece estar aplicando una doble moral, ya que es muy severa con las provincias peronistas de San Juan y Salta, pero no tiene nada que decir de Catamarca, cuyo gobierno, liderado por los radicales, es abiertamente pro minero (de hecho, el gobernador de Catamarca Eduardo Brizuela del Moral fue el primero de los radicales kirchneristas en romper filas con el gobierno nacional por este asunto).
El replanteo por parte de Bonasso del proyecto de ley vetado contrapone la protección de los glaciares (quizás más directamente amenazados por el cambio climático) a una industria cuyas regalías se consideran vitales para varias provincias más marginadas; un lobby enérgico contra poderosos intereses creados.
Se avecinan prioridades mayores como las jubilaciones y las retenciones a la exportación, pero se debería entender que el debate medioambiental implica algo más que una disputa por una planta pastera