En los próximos días, podría tratarse nuevamente en la Cámara de Diputados la ley de glaciares, tras el veto de la presidenta Cristina Fernández en 2009 al proyecto aprobado por el Congreso de la Nación.
Vale recordar que la ley había sido aprobada en 2008 por unanimidad en ambas cámaras y establecía la protección de los glaciares y sus zonas aledañas, llamadas periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos, como las mineras, petroleras y obras de infraestructura inadecuadas. La norma determinaba, además, que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y se establecían fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La Presidenta vetó la ley sin mayor fundamento mediante un decreto que contradictoriamente establecía que si bien el gobierno nacional se encontraba comprometido con la protección del medio ambiente, existía legislación en la materia, como la ley general del ambiente, que "establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable".
El veto se fundamentaba en que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas conllevando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente". Se destacaba que "la ley no contempla que las provincias involucradas cuentan con los controles suficientes" para evaluar y autorizar las actividades de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etcétera.
Tal vez, el análisis de la ley merezca una reflexión más profunda sobre los valores ambientales y los riesgos a los que exponemos a nuestros valiosos recursos naturales. Las fallas en materia ambiental suelen tener consecuencias desastrosas que muchas veces no son medidas adecuadamente por quienes analizan la aprobación de determinados proyectos.
Hoy el mundo mira consternado las consecuencias del hundimiento de la plataforma petrolera en el Golfo de México. Allí, un profundo tajo que se ha generado en el fondo del océano está vertiendo decenas de miles de barriles de petróleo por día, con incalculables daños a las actividades costeras mientras se desestabiliza el hábitat de decenas de miles de especies. La información del caso revela debilidades en los controles y en las autorizaciones para que las plataformas pudieran funcionar.
Por eso en casos de grandes obras de infraestructura o de explotación de recursos naturales resulta esencial que el procedimiento de aprobación contemple un profundo proceso participativo, que no deje sólo en manos de quienes se encuentran coyunturalmente a cargo de alguna función pública la autorización de actividades cuyos efectos superan la vida de quienes estamos hoy en este planeta.
Los depósitos de minerales que pueden encontrarse bajo los glaciares pueden resultar un atractivo para su explotación, pero es necesario contemplar el riesgo de destruirlos, así como los desechos que la propia actividad puede generar en un sitio de especial sensibilidad.
Nuestros recursos naturales, y muy especialmente el agua, se están tornando escasos no sólo para nuestro país, sino para la humanidad. Los glaciares cordilleranos significan el 70 por ciento de la reserva hídrica de la Argentina, lo que, por lo menos, amerita que cualquier actividad que allí se desarrolle requiera un serio y profundo estudio de sus verdaderas consecuencias sobre el ambiente y un proceso de aprobación transparente.
Como ya lo hemos mencionado en esta columna, los efectos de la explotación de los recursos naturales exceden el marco de una provincia y se hace necesario consensuar una mirada estratégica para la Argentina no sólo sobre su uso, sino acerca de su protección actual y futura porque en ellos reside nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.
La Argentina ha sufrido procesos conflictivos por la ausencia de un procedimiento adecuado para aprobar proyectos con posibles consecuencias ambientales: basta sólo mencionar el caso de la minería en Esquel y de las plantas de celulosa en Fray Bentos para considerar que la experiencia ha sido muy negativa.
El Parlamento tiene una nueva oportunidad de realizar un análisis objetivo. Tiene una función cuyas consecuencias se proyectan hacia el futuro de la Argentina. Sus decisiones deben ser un ejemplo de sustentabilidad política.