El gobernador Celso Jaque le puso fecha a la reestatización de la prestadora Obras Sanitarias Mendoza (OSM) para dentro de dos meses: la nueva empresa pasará a llamarse Agua y Saneamiento de Mendoza Sociedad Anónima; un 90 por ciento de las acciones quedarán en manos del Estado y el resto quedará para los empleados.
Tal como había adelantado durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura local el 1 de mayo, el mandatario justicialista definió ayer en un encuentro con representantes de la clase política mendocina -que incluyó también a opositores- el plan de acción que llevará adelante para que la provincia se haga cargo en forma definitiva del servicio de agua potable.
Al término de la reunión, Jaque dio los detalles de la estrategia acordada: «En el día de la fecha (por ayer) vamos a remitir un proyecto de ley» a la Legislatura, que establece en primer lugar «una prórroga de 60 días contados a partir del 28 de julio, fecha en la que finaliza la actual intervención».
Según Jaque, su administración necesita «tener el tiempo suficiente para poder realizar todas las gestiones que sean necesarias a los efectos de que fuera a hacerse cargo del servicio la nueva empresa».

Servicios
Por otra parte, la iniciativa incluye una autorización para el Ejecutivo provincial para hacer uso de un anticipo de hasta 10 millones de pesos para «realizar y cumplir acabadamente con todos los servicios que la empresa en la actualidad cumple», indicó el gobernador y agregó que, además, establece un plazo de no más de 90 días para consensuar «el nuevo marco regulatorio en la prestación de agua y saneamiento en Mendoza, el sistema tarifario y establecer el plan de obras de emergencias y su forma de saneamiento para asegurar una correcta prestación del servicio, especialmente en verano».
Hace casi un año -precisamente en agosto de 2009-, el mandatario ordenó intervenir a OSM por supuesto incumplimiento de contrato, aunque negó en un primer momento que su intención final fuera estatizar la compañía.
El colapso del sistema de cloacas y agua, más la falta de inversiones en nuevas obras que desembocaron en numerosos inconvenientes para la población fueron algunos de los argumentos que, según el Gobierno cuyano, llevaron a la intervención. Antes de eso, la composición accionaria estaba dispuesta de la siguiente manera: el 70% de la compañía -concesionada en 1998- se encontraba en manos privadas (el 35% pertenecía a la firma francesa Saur International y el resto, a otros grupos empresarios), mientras la provincia siempre manejó el 20% y los trabajadores, el 10% restante.
En rigor, el caso mendocino no es una excepción: al ritmo de duros cuestionamientos a las concesionarias, creció en los últimos meses el desembarco del Estado en las empresas prestadoras de servicios públicos, de la mano -por caso- de la reestatización de la compañía de agua de Salta (mayo de 2009) y de la intervención sobre la firma de agua de La Rioja (en setiembre, y que derivó luego en la rescisión del contrato por parte del Gobierno del justicialista Luis Beder Herrera).