Con el aval de todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura provincial, el gobernador Celso Jaque firmó ayer el decreto de rescisión de la concesión de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) a partir del 27 de setiembre.
También dictó un nuevo decreto con la creación de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza SA (Aysam) que tendrá un 90% de presencia estatal y 10% de propiedad participada para los empleados, que se hará cargo de la prestación del servicio a partir del 28 de setiembre próximo.
Asimismo, remitió a la Legislatura un proyecto de ley que establece una prórroga por 60 días de la intervención (hasta el 27 de setiembre) que incluye la autorización para un "anticipo financiero" de 10 millones de pesos para sostener la actividad de la empresa intervenida. La norma prevé que esta suma de dinero sea otorgada "contra la garantía de la recaudación bimestral devengada y no cobrada" por OSM.
Los anuncios, fueron formulados en conferencia de prensa por el propio gobernador, junto al fiscal de Estado, Joaquín de Rosas; el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanus y el subsecretario Legal y Técnico de la Gobernación, Fernando Simón.
Fue luego de la reunión que Jaque mantuvo momentos antes con las autoridades de los partidos políticos César Biffi (UCR), Juan Carlos Jaliff (Confe); Andrés Grau (PD); Néstor Piedrafita (ARI); Mario Contigliani (Unidad Popular) y Ricardo Puga (PIM).
Entre las fuerzas políticas hubo acuerdo también en preservar la presencia del Epas como ente regulador y únicamente se registró alguna diferencia en torno a la figura societaria que deberá tener Aysam, ya que el gobierno propone una sociedad anónima lisa y llana -aunque con presencia real mayoritaria del Estado nunca inferior al 51%- y el Frente Cívico propicia una sociedad anónima con mayoría estatal explícita en la propia figura empresaria adoptada. "No queremos que en el futuro se caiga en nuevas aventuras privatistas", enfatizó el radical Biffi.
"Queremos garantizar que el Estado va a estar siempre presente en la prestación del agua y las cloacas", manifestó Jaque. "Nos parece bien una sociedad anónima con mayoría en manos del Estado", coincidió Grau, vicepresidente del Partido Demócrata. El tema se definirá finalmente en la discusión legislativa del proyecto del Ejecutivo.
En el gobierno provincial se espera "algún tipo de reacción judicial" por parte de los concesionarios, aunque se muestran confiados en poder responderla: "El informe de la fase B de UNCuyo es tajante en la enumeración de irregularidades e incumplimientos de los concesionarios", afirma Simón. Mientras tanto, en el ámbito de los accionistas Los Andes pudo saber que ya se estaría pensando en algún tipo de reclamo contra el Estado mendocino.

Legislatura
Los anuncios de la Casa de Gobierno tuvieron una respuesta inmediata en la Legislatura provincial, ya que este mediodía las dos comisiones de Labor Parlamentaria de ambas cámaras se reunirán con el fiscal de Estado, de Rosas; el ministro de Infraestructura, Pérez; el secretario legal y técnico de la Gobernación, Simón y el interventor de OSM, Gonzalo Dávila.
Y mañana el tema se discutirá (y aprobará) en el recinto legislativo. Es que la prórroga de la intervención deberá quedar aprobada antes del próximo 27 de setiembre, la fecha de finalización de la primer prórroga de la intervención que inicialmente se había previsto para el 3 de agosto.
En tanto, en los próximos próximos 90 días se prevé la definición de un nuevo marco regulatorio y una política tarifaria, un plan estratégico general y un plan maestro de obras, el cálculo de las inversiones necesarias a corto y mediano plazo y la estructura de financiamiento de inversiones, con la participación del Entre Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el Consejo Asesor de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento.
Por lo tanto, se prevén próximas reuniones obligadas del Ejecutivo con las 137 cooperativas y 3 municipios (Luján, Maipú y Tupungato) prestadores del servicio de agua potable en la provincia y discusiones "contra reloj" en la Legislatura provincial.
En la determinación de los tiempos, tanto el gobierno como la oposición política acordaron que se intentará haber superado la transición del sistema concesionado al estatal al momento de presentarse las exigencias de prestación del próximo verano.
"Queremos asegurar una correcta prestación del servicio en un verano que será muy duro. A esta altura tenemos muy poca nieve y esto hace que tengamos que prever inconvenientes serios para el verano que viene, razón por la cual será necesario el uso más racional posible del agua".

El debate legislativo
La Legislatura tratará mañana el proyecto de ley que establece:
-Prórroga del plazo de la intervención administrativa del concesionario OSM hasta el 27 de setiembre de 2010.
-Facultad al Poder Ejecutivo a otorgar un anticipo financiero a la empresa de hasta 10 millones de pesos, con el objeto cubrir las necesidades financieras impostergables de corto plazo. Este anticipo será otorgado contra la garantía de la recaudación bimestral devengada y no cobrada aún, y también contra las cuentas por cobrar provenientes de las deudas que mantienen los usuarios.
-El Poder Ejecutivo deberá diseñar en un plazo no mayor de 90 días el nuevo modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, generando los instrumentos pertinentes, entre ellos el marco regulatorio, el plan estratégico general y el plan maestro de obras.

Cronología de la caída
3 de agosto 2009. El Gobierno de la provincia decide intervenir OSM por un plazo de 180 días y aumentar un 31% la tarifa de agua.
7 de agosto. Federico Querio (Southwater) dice que "es necesario estar desinformado para preguntarse qué dividendos se llevaron los accionistas. Los balances auditados, y no objetados por el socio Estado provincial, registran que desde 2002 no se retiró ni un peso de utilidades, pese al 6% de rentabilidad que asignaba la carta entendimiento".
9 de agosto. El ministro Francisco Pérez denuncia "un largo proceso de desinversión y de falta de control estatal" sobre OSM.
9 de setiembre. Jaque y los principales líderes del Confé, Juan Carlos Jaliff y UCR, Carlos Le Donne acuerdan darle continuidad a las acciones judiciales ya existentes e iniciar otras contra el concesionario de Obras Sanitarias Mendoza y llevar a cabo una auditoría sobre los 12 años de concesión.
25 de noviembre. Jaque declara la emergencia del agua potable en la provincia por 180 días y ordena la constitución de un comité de crisis.
30 de diciembre. Desde Southwater (Sielecky) dicen a Los Andes que "si eso (la estatización) sucede, este Gobierno deberá pagar la ineficiencia, pero el próximo seguramente se hará cargo de los costos de un juicio".
17 de abril 2010. Se detecta mercurio en la red de agua potable.
4 de mayo. Ricardo Mastronardi, apoderado de los socios mendocinos en OSM dice que "estamos dispuestos a invertir. Las empresas están hechas para que las manejen los empresarios".
5 de mayo. Jaque confirma que "el operador será el Estado".
14 de mayo. Gobierno y oposición acuerdan prorrogar intervención.
2 de junio. Ex gobernadores Lafalla, Iglesias y Cobos respaldan a Jaque contra OSM.
7 de julio. El gobierno denuncia a OSM por evasión y fraude al fisco.
12 de julio. El gobernador Jaque anuncia la caída de la concesión.