El senador provincial Eduardo Melchiori (PJ – Islas), solicitó al gobernador Sergio Urribarri un aporte de 50 mil pesos para el Consorcio del Sistema Arroyo Grande – Salado, con jurisdicción territorial en Ceibas. Los fondos solicitados, se volcarían en obras de destape, limpieza, sistematización y profundización de los arroyos Grande, Salado y Martínez, para facilitar de este modo el manejo hidráulico en la zona de Médanos, Ceibas, Ñancay y Villa Paranacito.
Vale recordar que la semana pasada, Melchiori anunció que la Dirección de Inspección de Personería Jurídica de la provincia autorizó al Consorcio de Usuarios de Agua del Sistema Arroyo Grande – Salado a funcionar con identidad legal; ya que mediante la Resolución Nº 137/10, los Estatutos Sociales propuestos fueron reconocidos por el organismo provincial.
En la oportunidad, el senador destacó la importancia del caso. “A partir de ahora, la propia gente, a través del consorcio, podrá proponer y controlar proyectos de obras que se crean necesarias para optimizar la utilización del recurso hídrico sobre el cual tiene jurisdicción. También podrá gestionar fondos ante organismos provinciales o nacionales, para la ejecución de los proyectos que sean aprobados por la Dirección de Hidráulica”, amplió al respecto el legislador.

Ley de consorcios de usuarios
El senador por el departamento insular del sur entrerriano es autor de la Ley Nº 9.757 destinada a crear y regular los Comité de Cuencas y consorcios de usuarios en la provincia. “Esta ley pretende ordenar varias situaciones que sufren pobladores de distintos puntos de la provincia que necesitan hacer uso del agua para riego, para potabilizarla o para cualquier aplicación”, ejemplificó Melchiori y agregó que de este proceso deben participar desde municipios hasta organizaciones no gubernamentales.
La norma en cuestión determina que los propietarios de todas las obras de infraestructura hídrica -que existan o que se tenga previsto realizar en la provincia- deberán efectuar una presentación ante el organismo que ejerce como Autoridad de Aplicación, para lo cual se estipula un plazo de 12 meses desde la sanción de la normativa.
Al momento de sancionarse su propuesta -en 2007-, Melchiori pensó que la nueva normativa era “la solución legal necesaria para conformar una política de Estado con respecto al manejo y gestión del recurso hídrico en Entre Ríos”. En este sentido, en su momento, el legislador destacó la importancia de contar con una autoridad única a nivel provincial.
En los fundamentos generales de la propuesta se asentó que, “una vez entrada en vigencia la ley, se podría lograr el ordenamiento de las cuencas hídricas de la provincia, “donde tenemos más de 7.000 cursos de agua y diversos problemas tanto en las aguas subterráneas como superficiales; planificar y realizar obras para asegurar la transformación de zonas áridas en productivas, por medio del manejo de los excesos de agua que se produzcan en otras zonas”.
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