Sobre el filo de la noche de ayer, y después de protagonizar fuertes duelos verbales, el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y el senador oficialista Daniel Filmus arribaron a un principio de acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de protección de glaciares, iniciativa que fuera vetada por la presidenta Cristina Kirchner en 2008.
Este principio de acuerdo allanaría la sesión de hoy en la Cámara baja, ya que los diputados oficialistas, antes renuentes a dar quórum para debatir este tema -en línea con la Casa Rosada-, podrían finalmente sentarse en sus bancas tras el consenso logrado.
"Hemos tomado lo mejor de los dos proyectos, preservando un objetivo común, la preservación de los glaciares", elogió el senador Filmus, en dialogo con LA NACION. "Estamos frente a un acuerdo histórico", celebró, por su lado, el diputado Bonasso.
El acuerdo comenzó a tejerse anteayer, cuando Filmus se comunicó con Bonasso para explorar una vía de acercamiento. "No hay tanta distancia entre los dos proyectos, podemos intentar llegar a un acuerdo", lo invitó Filmus. Bonasso accedió: "Muy bien, avancemos, pero que quede claro que no me voy a bajar de la defensa del área periglaciar", respondió el legislador.
Esta cuestión -la definición del área periglaciar y los alcances de su protección- es una de las claves de la disputa que mantuvieron Filmus y Bonasso en sus respectivos proyectos. El legislador de Diálogo por Buenos Aires insistía en que el proyecto del senador oficialista no precisaba de manera clara la preservación esta zona natural, entendida como reserva estratégica de recursos hídricos, lo que podía habilitar la instalación de actividades industriales y mineras. Sin ir más lejos, Bonasso denunció al Gobierno la semana pasada ante la Justicia, junto a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) de facilitar, con acuerdos impositivos secretos, a la empresa minera candiense Barrick Gold para que lleve a cabo el emprendimiento binacional Pascua Lama.
Las posiciones parecían, entonces, irreconciliables. Hasta que finalmente Filmus tuvo la iniciativa de intentar un acercamiento. Después de intercambiarse borradores, los legisladores arribaron a un principio de acuerdo que contempla, entre otras cosas, una modificación de la definición del área periglaciar: no sólo comprenderá la zona de alta montaña, como detallaba el proyecto de Bonasso, sino que también incluirá, a propuesta de Filmus, la media y la baja montaña.
También se acordaron modificaciones al artículo 15, sobre la auditoría ambiental que debe realizarse en la zona por preservarse, adelantaron ambos legisladores.
Tras acordar algunos lineamientos básicos de la nueva iniciativa, Filmus se comunicó con el jefe del bloque oficialista de diputados, Agustín Rossi, quien dio su visto bueno. Bonasso, por su lado, se comunicó con los distintos bloques opositores, así como con organizaciones ambientalistas. Las reuniones continuarán hoy, pero todo indica que el acuerdo es un hecho.
"Hemos hecho un gran esfuerzo conjunto", celebró Filmus. "Este acuerdo, de prosperar, será muy importante, pues si Filmus se compromete a destrabar el proyecto en el Senado, será convertido en ley", confió Bonasso.

Silencio ante el convenio con Barrick
El Gobierno se amparó en un acuerdo con Chile para no dar a conocer las ventajas para la minera
Martín Kanenguiser
El Gobierno quiere mantener en secreto el tratado que beneficia con el pago de menos impuestos a la minera Barrick Gold para su proyecto de Pascua Lama.
Así lo indicó el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, quien firmó el polémico acuerdo que dio lugar a la renuncia de dos importantes funcionarios del Ministerio de Economía y que diputados de la oposición quieren dar a difusión.
Ante un pedido por la ley de acceso a la información pública formulado por LA NACION, el funcionario respondió que el convenio entre la Argentina y Chile para evitar la doble tributación impide dar a conocer la letra chica que dio origen a las ventajas otorgadas a la Barrick.
En particular, se trata del artículo 22 del acuerdo, que indica que "cualquier duda o dificultad que se puede originar en la aplicación del presente convenio y para establecer los controles administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión", debe ser tratado "en reserva". Por lo tanto, no podría ser revelado, lo cual llevó a un grupo de diputados de la oposición a pedir su difusión pública ante la Justicia.
Pezoa se negó a dar los detalles "por las disposiciones contenidas en el artículo 22 del convenio entre la República Argentina y la República de Chile para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancia, o beneficio y sobre el capital y el patrimonio".
Sobre la base de ese convenio, que terminó de reglamentarse en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la minera Barrick Gold pidió tributar la mayor parte de sus impuestos en Chile, pese a que la mayor parte de la materia prima de Pascua Lama proviene de la Argentina.
Por esta razón, los técnicos del Ministerio de Economía escribieron dictámenes que recomendaban no aprobar esta ventaja impositiva, que supera las del régimen de estabilidad fiscal del sector minero.
Con esos escritos como respaldo, los subsecretarios de Ingresos Públicos Mario Presa y Cristian Modolo decidieron no firmar el acuerdo con la Barrick y renunciaron, por lo que el propio Pezoa se hizo cargo de la firma del polémico acuerdo.
Consultados sobre esta cuestión, fuentes de la empresa minera de origen canadiense indicaron a LA NACION que "todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", sin querer discutir sobre la polémica que se generó dentro del Gobierno.
Durante su última visita a Canadá, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con el CEO de Barrick, Peter Munk, y otros empresarios que cooperan con esa minera. Allí les ratificó que "las reglas de juego fiscales no se cambiarán".

Antecedente del acuerdo
El convenio con Chile fue firmado por el presidente Eduardo Duhalde pocos días antes de dejar el poder, en 2003, por el que el ex mandatario fue condecorado por su par Ricardo Lagos, ya que le permite a las empresas trasandinas radicadas en el país no pagar en ambos territorios.
El convenio generó protestas entre las empresas brasileñas con intereses en la Argentina por el pago de bienes personales, aunque ese reclamo nunca fue atendido.
Ahora, el Gobierno se dispone a renegociar todos estos tratados, según indicó ayer a LA NACION el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Echegaray se encargará de revisarlos, para tratar de que "no perforen nuestra economía si no hay inversión de empresas del otro país en nuestro territorio". Es decir, buscarán menos acuerdos y más control.