Casi dos años después del veto de Cristina Kirchner a la ley de glaciares, oficialismo y oposición volverán a tratar mañana en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que busca la preservación de los grandes hielos, uno de los más importantes recursos naturales del país.
En la sesión, la oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta en 2008 y que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. El kirchnerismo, en cambio, defenderá un dictamen de minoría basado en el proyecto que fue aprobado por el Senado en octubre de 2009.
La discusión se centra en las implicancias que tendrá la nueva norma en la minería, después de que la oposición denunciara al Gobierno por supuestos beneficios a la empresa canadiense Barrick Gold.
La oposición argumenta que la nueva iniciativa le permitiría a las mineras utilizar agua de los grandes hielos en sus operaciones. También señalan que la explotación podría contaminar esos recursos naturales.
En el kirchnerismo descalifican esta posición, aseguran que el proyecto impulsado por el Ejecutivo es aún más estricto que aquel que fue vetado, y acusan a la oposición de querer sacar rédito político de la situación.
"El proyecto del oficialismo permite que los glaciares puedan ser usados para actividades industriales. Esto es peligrosísimo. Las mineras se frotan las manos porque les facilita el agua que necesitan para hacer negocios", afirmó a lanacion.com el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), que había atribuido el veto a la presión de gobernadores de provincias cordilleranas. Y resaltó que la iniciativa impulsada por el Gobierno "es peligrosísima porque no protege todo él área periglaciar, sino que se limita a defender aquellas partes que están escondidas".

Conceptos. La definición del área alrededor de los glaciares es otro de los puntos conflictivos.
Convencido de que este nuevo proyecto es más preciso y estricto, el senador oficialista Daniel Filmus (Frente para la Victoria) contrapuso su visión: "La ley que fue vetada no determinaba qué era la zona periglaciar", señaló el ex ministro de Educación, que intentó llevar la discusión a un plano extra político. "No hay un proyecto Filmus -se quejó-, ya que lo que impulsamos fue apoyado por distintas fuerzas políticas y aprobado en el Senado".
Además, aclaró que en la propuesta se establece la "prohibición" de cualquier actividad que pueda resultar nociva para los glaciares, como la minería, "e incluso añade la explotación de hidrocarburos". Por eso, "de existir alguna actividad de alguna empresa, ya sea Barrick, otra o el Estado mismo, en zona glaciar o periglaciar será prohibida por la norma", destacó.
En la misma línea, el senador oficialista César Gioja, ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara alta, atacó a la oposición por utilizar "una amplia vaguedad de concepto" para definir qué son los glaciares.
Desde el kirchnerismo indicaron que las definiciones agregadas de glaciares y zonas circundantes ?cuya ausencia era uno de los fundamentos del veto-, corresponden al aporte científico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entidad dependiente del Conicet que se encarga la confección de un inventario de esos hielos.
"La iniciativa aprobada por el Senado es técnica. En cambio, el otro proyecto es netamente político, porque buscan sancionar la misma norma que ya fue vetada por la Presidenta para aprovechar el desmérito político que esta decisión conlleva", añadió Gioja ante la consulta de lanacion.com .
El veto decía que prohibir actividades industriales en las zonas afectaría el desarrollo provincial
Bonasso contraatacó: "Nuestro texto es deliberadamente genérico porque sino fuera así, los sinvergüenzas como Gioja y Barrick lo podrían utilizar para quedarse con los recursos naturales". Y fue tajante cuando se refirió a las consecuencias que implicaría la sanción de su iniciativa. "Con nuestro proyecto, si se comprueba que hay daño ambiental, la mina se cierra. El proyecto de Filmus, en cambio, no permite el cese de actividades mineras y deja en poder de las provincias esa decisión. Nosotros también le damos participación a la autoridad nacional", argumentó.
"La aprobación de este proyecto no implicaría el cierre de ninguna mina en San Juan, porque las minas ya han aprobado un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que determinó que su actividad no afecta al medioambiente", aclaró Gioja.
Apuro en las provincias. Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial (ver aparte). La empresa señaló que sus operaciones "se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", y que la gestión ambiental "está certificada bajo estándares internacionales".
A fines de junio, la Presidenta se reunió en Canadá con el CEO de Barrick, Peter Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, acompañaron a Cristina Kirchner gobernadores de las provincias interesadas en el fomento de la actividad.
Desde la oposición acusan al Gobierno de tener vínculos con la minera canadiense Barrick Gold y señalan esta relación como el principal motivo del veto presidencial.
El pulso político se aceleró en esas provincias durante los últimos días para defender la actividad. La semana pasada, la Legislatura riojana aprobó una ley de protección de glaciares impulsada por el kirchnerismo que deja en manos del gobierno local el poder de policía sobre los recursos naturales.
Después de su aprobación, diputados nacionales de la UCR denunciaron irregularidades en la sanción de la norma y acusaron al gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera de sancionar la ley para favorecer a Barrick. Si bien las leyes provinciales no podrían ser más permisivas que una nacional, podrían servir de amparo para sacar provecho de los recursos naturales, que pertenecen a las provincias según la reforma constitucional de 1994.
"La sanción de este tipo de leyes es una maniobra perversa que la Presidenta avala", afirmó Bonasso. Y acusó: "Es mentira que son federales. Están defendiendo negocios particulares, como en el caso de Gioja y de Jorge Mayoral (secretario de Minería), que tienen vínculos con Barrick". El diputado acusó a Filmus de ser "empleado" de la minera. "En mi vida vi a nadie de Barrick Gold", se defendió el senador. Y devolvió la acusación: "El que hace el juego a Barrick es Bonasso, porque si traba la ley ayuda a esas explotaciones".
El clima de tensión volverá a instalarse mañana en Diputados. Pero, al parecer, la ley de glaciares no se resolverá en el corto plazo: si la oposición se impone en la votación, el proyecto volverá al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo. Aún así, si superara ese escollo, Cristina Kirchner deberá decidir si aplica o no un nuevo veto.

"Tráfico de influencias"
El miércoles pasado, los diputados Elisa Carrió, Fernanda Reyes (CC) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), denunciaron el "tráfico de influencias" de la Presidenta para favorecer inversiones de la minera canadiense Barrick Gold. Ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, los diputados opositores señalaron la vinculación entre el Gobierno, que vetó la ley de glaciares, y aportaron pruebas para la investigación. En la última cumbre del G-20, realizada hace semanas en Toronto, Cristina Kirchner se encontró con el CEO de la empresa, Peter Munk, quien agradeció el mantenimiento de las "reglas del juego" en el país.
En la denuncia se precisa que, además del veto, el Gobierno otorgó beneficios tributarios por más de $ 150 millones y otras ventajas a la empresa que desarrolla el emprendimiento binacional Pascua-Lama en la frontera entre San Juan y el territorio chileno. También se involucra al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a Cesar Rioja, hermano del primero y senador, y al secretario de Minería, Jorge Mayoral.