El juez federal de Quilmes, Luis Armella, encargado del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que insta al saneamiento del Riachuelo, requirió a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño -los tres Estados con jurisdicción en la cuenca- que presenten en un plazo de 15 días un informe con los presupuestos previstos para la limpieza del curso de agua más contaminado del país durante el ejercicio fiscal de 2011.
También pidió a los tres estados y al ente tripartito Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo que provean la presencia efectiva en la zona de fuerzas de seguridad provinciales y federales para que, con tareas preventivas, se garantice la concreción de las medidas necesarias para cumplir con el llamado fallo "Mendoza", dictado por el máximo tribunal hace dos años.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), la medida busca "no sólo tener efectivo control, sino también prever con suficiente antelación las cuestiones económico-financieras para afrontar las erogaciones indispensables para poder cumplir los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que involucra la remediación de toda la cuenca durante 2011".
En su resolución, el magistrado destacó que el deber de garantía económico-financiera "no conlleva la forma en que deben asegurarse los fondos presupuestarios, sino la certeza de su existencia con la suficiente y adecuada antelación conforme el grado de previsibilidad que exige esta ejecución".
En cuanto a la presencia de policías o gendarmes, Armella sostuvo: "Toda vez que el requerimiento del uso de la fuerza pública recae principalmente sobre predios intrusados, asentamientos precarios, nudos viales y en zonas socialmente conflictivas, y teniendo en cuenta antecedentes de intrusiones, se hace indispensable que las fuerzas [...] provean colaboración".