Como pelea de semifondo al debate sobre la ley de matrimonio gay, la Cámara de Diputados debatirá hoy otro proyecto polémico: la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares. El tema vuelve a la agenda política luego de que la presidenta Cristina Fernández vetara en 2008 una norma que había sido aprobada casi por unanimidad en el Congreso tres semanas antes.
A diferencia del matrimonio gay en el que la votación en el Senado sería "a conciencia", el tema glaciares está más polarizado entre oficialistas y opositores. La oposición insistirá en aprobar el texto que fuera rechazado por la Presidenta e impulsado ahora por el diputado Miguel Bonasso. Este texto cuenta con el despacho de mayoría por lo que será el primero en debatirse.
Por su parte, el kirchnerismo defenderá un proyecto presentado por el senador Daniel Filmus, con media sanción de la Cámara Alta, y que cuenta con un despacho por minoría.
La oposición y algunas organizaciones ambientalistas acusan al kirchnerismo de haber redactado una ley a la medida de las empresas mineras transnacionales y recuerdan la reunión que la Presidenta tuvo en Estados Unidos con Peter Munk, presidente de la Barrick Gold que explota las minas Veladero y Pascua-Lama en Argentina.
La diferencias claves entre ambos textos son la definición de periglaciares y desde cuándo se podrán realizar las auditorías ambientales sobre actuales emprendimientos para determinar si afectan a los glaciares.
Si bien las organizaciones ambientalistas apoyan el proyecto de Bonasso, señalan que ambas iniciativas no tienen la claridad y precisión necesarias por lo que dejan mucho librado a la interpretación que puedan dar la autoridad de aplicación que, según la Constitución nacional, son las provincias.
El proyecto Bonasso incluye en el área de protección el ambiente periglaciar como "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".
En tanto, dentro del ambiente periglaciar, el proyecto de Filmus, protege los glaciares de escombros, cuerpos de detrito congelado y hielo, "asociados con suelo permanentemente congelado".
La ONG Conciencia Solidaria entiende que la definición es engañosa y no protege zona que no están siempre congeladas, pero que son reguladores hídricos. En estas áreas están instaladas las mineras.
Para Greenpeace, el proyecto Bonasso no define el ambiente periglaciar con precisión. "Es una definición muy genérica por lo que permite la interpretación de la autoridad de aplicación", explicó Juan Villalonga.
Otro punto clave es cómo debe actuarse con los actuales emprendimientos que podrían afectar las áreas a proteger. El texto de Bonasso establece que deberán someterse a una auditoría ambiental en un plazo de 180 días desde la sanción de la ley y, de verificarse impacto "significativo" se ordenará el cese de la actividad.
En el proyecto Filmus, el plazo de 180 días comienza a correr desde que culmina el inventario de glaciares, para el cual no se fija un plazo. Además no determina el cese de la actividad, sino que las "autoridades ordenarán las medidas".
Desde el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) señalan que los dos textos no son precisos pues no definen qué es impacto "significativo", pero el proyecto de Bonasso "aporta mayor eficacia al cumplimiento de los objetivos".

La autoridad es tan importante como la ley
Argentina y Latinoamérica carecen de una legislación que asegure estándares mínimos de protección a los glaciares.
Por Alejandro Vera (Centro de Derechos Humanos y Ambiente)
Argentina y Latinoamérica carecen de una legislación que asegure estándares mínimos de protección a los glaciares. El retroceso de estos en los últimos 20 años es inobjetable. Una de las funciones centrales de una ley de presupuestos mínimos es asegurar una tutela ambiental uniforme, disponiendo medidas concretas que eleven los estándares ambientales de las provincias, los cuales en muchos casos no han dado hasta la fecha buenos resultados.
En este sentido, y sin descuidar otros puntos clave, el artículo 15° de ambos proyectos en discusión dispone las medidas que las provincias deberán aplicar sobre aquellos proyectos industriales en actividad que puedan impactar sobre estos recursos, como es el caso de Veladero, Pascua Lama u otros tantos emprendimientos mineros proyectados en la Cordillera.
Es crucial aquí un mandato claro.
El proyecto vetado en 2008 y que ahora cuenta con dictamen de mayoría dispone que, de comprobarse un impacto significativo, se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
El proyecto impulsado por gran parte del oficialismo dispone que las "autoridades ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la presente ley", una disposición mucho más permisiva y difusa. Si los proyectos mineros no están impactando sobre los glaciares, una disposición clara y contundente no debería generar resistencia de las autoridades.
Sin embargo, no se deben entender de forma aislada los proyectos, y eventualmente la ley que salga. La ley debe propiciar un verdadero cambio en la gestión que las autoridades nacionales y provinciales vienen llevando a cabo. Si no, ninguna ley por sí sola cambiará las cosas. Los congresistas deben acordar el texto teniendo en miras dos aspectos centrales: la implicancia de estos recursos sobre la disponibilidad de agua para los argentinos, y las autoridades locales y nacionales, las cuales, en definitiva, deben operar el cambio.

Las provincias cordilleranas apuran sus normativas
Los gobernadores de Jujuy y La Rioja aprobaron la semana pasada, y en tiempo récord, sus propias leyes para proteger los glaciares.
Desde las asambleas ambientales de estas provincias señalan que, en realidad, son leyes para permitir el avance minero. Salta y San Juan ya tienen sus proyectos en la gatera para sancionarlos.
Las dos leyes fueron aprobadas sobre tablas con las mayorías automáticas oficialistas. No se consultó a científicos ni ambientalistas. Los textos ratifican como autoridad de aplicación a las provincias. Organizaciones ambientales plantean que esto les permitiría a los gobernadores plantear la inconstitucionalidad de la futura norma nacional.
Alejandro Vera, del Cedha, entiende que de aprobarse una ley nacional de presupuestos mínimos, las provincias deben adecuar su legislación, lo cual produciría una demora. "Al tener la provincia su ley propia, le da argumentos a los senadores para frenar el debate", agrega.