Sobre tres pedidos del gobernador Jaque insertos en un decreto, las dos cámaras de la Legislatura aprobarán hoy únicamente uno: el de la prórroga de la intervención a Obras Sanitarias Mendoza (OSM) por 60 días hasta el 27 de setiembre.
Es que las oposiciones demócrata y del Frente Cívico pondrán reparos que impedirán la autorización del anticipo financiero por $ 10 millones que solicitó el Ejecutivo para "cubrir las necesidades financieras impostergables de corto plazo" en la empresa. Y también reclamarán que el nuevo modelo de gestión para los servicios de agua potable y cloacas se discuta sobre la base de un proyecto de ley del Ejecutivo y no a partir de un "decreto cerrado".
Así quedó manifiesto ayer durante el encuentro que mantuvieron el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, el interventor en OSM, Gonzalo Dávila, el presidente del EPAS, Javier Montoro, y el subsecretario Legal y Técnico de la Gobernación, Fernando Simón, con una quincena de legisladores.
Aún en un marco de coincidencias plenas en torno a la decisión de rescindir la concesión de OSM y de avanzar sobre la reestatización del servicio de agua y cloacas en Mendoza, desde la oposición se habló de la existencia de un "período difuso", según Raúl Vicchi (UCR), entre la constitución de la empresa y la aprobación del nuevo modelo de gestión.
Se destacó también la necesidad de establecer un marco regulatorio "previo o paralelo a la empresa", a pedido de Ricardo Puga (PIM); y se mostraron algunas dudas en torno a la "solidez jurídica de la postura de la Provincia" (Andrés Marín, Confe, Carlos Aguinaga, PD) y se advirtió sobre la necesidad "de armar un fideicomiso" (Raúl Vicchi, UCR) para evitar posibles pérdidas de fondos públicos ante reclamos de acreedores en caso de concurso o quiebra de la empresa cuya concesión fue rescindida.
También se expresaron muchos interrogantes (Aldo Vinci, PD) en torno a la necesidad y al destino de los $ 10 millones solicitados por la intervención, al punto de propiciar que este tema (cuya aprobación requiere de los dos tercios de los votos de cada cámara) no sea analizado hoy en el recinto porque "merece antes un análisis más detallado", opinó César Biffi (UCR).
Igualmente se cuestionó el envío de un decreto y no de un proyecto de ley "para discutir el modelo de gestión" que incluya el futuro marco regulatorio, el plan estratégico general y el plan maestro de obras previendo las inversiones necesarias a corto y mediano plazo, la estructura de financiamiento de inversiones y la política tarifaria, explicaron los legisladores Marín y Pradines.
En medio de la reunión fue creciendo la impresión de que la transición de una a otra empresa requerirá seguramente de un aumento de tarifas "que puede alcanzar el 40%" (Roberto Blanco, UP), y se hizo mención a que en el presupuesto 2011 "habrá que prever los $ 200 millones necesarios para que el servicio no se vaya al carajo" (Néstor Piedrafita, ARI), lo que derivó en la preocupación de que "el costo lo termine pagando la gente" (Luis Orbelli, justicialismo unipersonal).
En el encuentro también se reclamó la necesidad de "que se explique bien qué pasó con esta privatización fracasada" (Biffi); de "denunciar a los responsables que actuaron durante todo este tiempo" (Piedrafita), se apuntó específicamente a "quienes nunca nombraron directores políticos en OSM" (Puga) y tampoco faltaron críticas a la actual intervención de OSM porque "no ha sido muy austera" (Roberto Pradines, PD) y "no ha tenido una buena labor" (Blanco).

Respuestas
Desde el oficialismo se aseguró que el "planteo jurídico de la Provincia es de mucha fortaleza" porque está basado "en argumentos de terceros no sospechados de parcialidad", en referencia a la UNCuyo.
Por lo tanto "tenemos la certeza de infracciones variadas, repetidas y de carácter estructural" cometidas por el concesionario (Simón); además "es decisión del gobernador Jaque que el nuevo marco regulatorio sea fruto del consenso" (Carlos Bianchinelli, PJ), que "hay una garantía política de que esto se va a hacer por consenso" y que el plazo "lo va a fijar la Legislatura" (Jorge Tanus, PJ).
No obstante se destacó la necesidad de "que se defina en 90 días o lo antes posible" para evitar "que la transición se produzca en plena crisis hídrica estival", dijo Simón.
Con relación a los $ 10 millones, el oficialismo manifestó que "se puede postergar unos días la aprobación, siempre y cuando se mantenga dentro de julio", porque "la empresa no se puede sostener con un rojo mensual de $ 4,5 millones", dijo Gonzalo Dávila, interventor de OSM. Por lo que el dinero se usará para cubrir gastos corrientes.
OSM arrastra un déficit anual de $ 50 millones y necesita para 2011 una inversión "piso" de $ 170 millones sólo para sostener el servicio.

Roberto Iglesias - Ex gobernador de Mendoza
Creo que los servicios tienen que estar en manos del Estado. Por este motivo básico nos opusimos -en su momento- a la privatización. En nuestra opinión, los servicios esenciales tienen que ser brindados por el Estado debido a que no pueden ser considerados un negocio.
De hecho, se ha demostrado que no son rentables, ya que el Estado siempre debe intervenir ya sea subsidiando o haciéndose cargo, como está sucediendo con Obras Sanitarias.
Lo ideal es que el Estado tenga mayoría accionaria aunque no sé si a algún privado le interesará compartir la empresa. De todas maneras, lo importante es mejorar los controles y que haya mayor agilidad a la hora de resolver los problemas.