Casi dos años después, mientras los cuerpos de hielo de todo el planeta retroceden por el calentamiento global y los de Argentina son sometidos, además, a la depredación de la industria minera que vuela las montañas que los sustentan, el Congreso Nacional mantiene una actitud cómplice con este despojo, haciéndose eco de discusiones sin sentido.
Antes que el stablishment internacional decidiera que la Argentina era un país minero, los ecosistemas glaciares habitaban la soledad de la cordillera, parques nacionales y otras tierras inhóspitas, brindando sus aguas, alimentando ríos, arroyos, dando vida a las zonas más áridas de nuestro país. Hoy esas montañas están siendo ocupadas por empresas transnacionales.
Pasaron más de tres años, desde que la compañera Marta Maffei propusiera un marco normativo estableciendo los presupuestos mínimos para proteger esas formaciones milenarias que dan vida a inmensas regiones naturalmente áridas, evitando la depredación a que los someten las actividades humanas que los destruyen con o sin calentamiento global.
El proyecto transitó las Comisiones de asesores de Recursos Naturales y Ambiente, tanto en diputados como en senadores. Allí, fue analizado por ingenieros, abogados, biólogos y geólogos. Lo trataron luego los legisladores en las Comisiones, finalmente aprobado unánimemente por ambas Cámaras, fue publicado como la Ley 26.418
Para sorpresa e indignación de quienes participaron y trabajaron en el proyecto pero también de las comunidades afectadas por el uso irracional del recurso, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la Ley desconociendo los consensos construidos y amparando claramente los interese espurios de la minería contaminante que es la principal predadora de los glaciares y del ambiente periglaciar así como de la irracional explotación de todas las fuentes de agua cordilleranas.
El veto presidencial, aberrante, endeble y mentiroso, no ha tenido funcionarios que se animaran a defenderlo, poniendo en evidencia, las presiones del poder económico y las complicidades tramadas con los gobiernos nacional y provinciales. No hay más discusiones posibles acerca del contenido de la ley Maffei, hoy representado por el Diputado Bonasso, el único problema es que el mismo entorpece los negocios mineros.
Hoy, la Ley 26.418 ha sido aprobada nuevamente por las Comisiones en Diputados y está en condiciones de ser tratada en el Recinto.
Defender la ley no es una postura de confrontación con el Ejecutivo, ni un capricho de un espacio político. Si insistimos con ese proyecto es porque se trata de la herramienta adecuada para proteger nuestros glaciares como reservas de agua pura y proveedores de recarga para las cuencas hídricas.
El veto presidencial, puso al Senador Filmus, defensor enérgico de la ley vetada, en la ridícula “necesidad” de justificar a la presidenta elaborando un proyecto alternativo, “digerible” para el lobby minero. Un proyecto que apostrofa “superador”, recargado de un tecnicismo verborrágico que recorta el espacio protegido y otorga subrepticiamente largos plazos a los emprendimientos en marcha.
La Ley 26.418 ordenaba el control de las prácticas mineras en marcha mediante una auditoría ambiental dentro de los 180 días posteriores a su sanción, y el cese, traslado y reparación del emprendimiento en caso de verificarse daños.
Sin embargo el proyecto “superador” de Filmus establece que ese control comienza a partir de los 180 días de finalizado el inventario de la jurisdicción provincial!!! Es decir, para controlar un emprendimiento bien delimitado y conocido por las autoridades competentes, hay que esperar la finalización del inventario provincial. Por qué esperar tanto tiempo? No hay ninguna razón, salvo dejar que esto siga así largamente.
Esto lo saben quienes apoyan el proyecto Filmus y precisamente por eso lo defienden: les da tiempo, tiempo para robarnos el agua, el tiempo de la vida de nuestros sembrados, el tiempo de la vida de nuestras zonas áridas. El tiempo que necesitan para autorizar nuevos emprendimientos y seguir con los existentes.
Un tiempo que para ellos es oro y para nosotros, despojo, saqueo y destrucción.
Por eso es importante instar la urgente aprobación en Diputados del proyecto Bonasso y si esto sucede, iniciar una fuerte campaña para obtener el mismo resultado en el Senado.