El Gobierno tomó una decisión drástica que venía cayéndose de madura: dio por caída la concesión del servicio de distribución de agua potable y saneamiento que presta Obras Sanitarias Mendoza (OSM).
El plan oficial es extender por 60 días más la intervención mientras se discute con las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria qué pasará con la empresa que desde ahora será en un 90% propiedad del Estado provincial y 10% restante de los empleados (recibieron su parte con la privatización de la empresa).
Pero aunque en todo momento se buscó tener un cierto aval de la oposición sobre los pasos que se proponía dar el oficialismo, lo cierto es que el grueso del problema todavía está por resolverse con profundas ramificaciones fiscales, judiciales, de gestión y, sobretodo, en lo que a calidad del servicio respecta.
Suponiendo que en el frente judicial prosperen los argumentos de la Provincia en donde se responsabiliza (penal y civilmente) a los accionistas privados por el proceso de desinversión en el que cayó OSM y el mal servicio prestado; argumentos que deberán contraponerse con los presentados ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por parte de los accionistas franceses de Saur en reclamo de una millonaria indemnización, hay varios temas más por resolver.
Primero: quién se hará cargo de la falta de inversiones para que el servicio pueda seguir prestándose. Se estima que son necesarias obras por $ 500 millones y de esa cifra con “urgencia” se requieren $ 100 millones para garantizar que haya agua potable este verano, advirtió ayer el propio gobernador Jaque.
De algún lado deberá salir este dinero y las opciones, tras la estatización, parecen ser no mucho más que dos: endeudamiento público o incremento tarifario.
Y en ese sentido ya se dieron dos señales: el oficialismo pidió a la oposición discutir un plan de obras con financiamiento incluido, que lo terminarán pagando las generaciones presentes y futuras de mendocinos con sus impuestos; y también trascendió que desde el EPAS se está estudiando la idea de generalizar la instalación de medidores para cobrar el agua por metro consumido; un viejo proyecto que ni el auge privatizador de los ’90 se atrevió a poner el práctica.
También se hace necesario discutir el rol pasado y futuro de los entes reguladores. Más ahora que si la empresa es estatal por lo menos está en duda cómo controlará el EPAS a sus jefes políticos del Gobierno.
Otro punto central aún por definirse es quiénes y cómo se integrarán los cargos gerenciales y miembros del directorio de la nueva empresa estatal de agua y saneamiento. Más teniendo en cuenta que un gerente en OSM gana entre dos y casi tres veces lo que cobra hoy el Gobernador.
Aunque ahora que es estatal la empresa, también debería discutirse este despropósito.