Ayer fue un día particular en la Legislatura, con reuniones a toda hora y diputados que subieron y bajaron escaleras sin parar. Todo, para intentar un acuerdo entre todos los bloques sobre el proyecto de ley de protección de los glaciares que se debatirá hoy en sesión especial. Finalmente y por pedido del bloque basualdista, el oficialismo aceptó que la oposición sea parte del organismo que se creará para controlar el estado de las formaciones de hielo y autorizar o rechazar proyectos industriales en alta cordillera. Así, con este cambio, se prevé que la iniciativa se apruebe hoy por unanimidad.
La modificación más importante al proyecto que mandó el Ejecutivo el 2 de julio fue en la integración que tendrá el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares. Inicialmente iba a estar integrado únicamente por representantes del gobierno, a través de los ministerios de Infraestructura y Producción, de las Secretarías de Minería y Turismo; y de Medio Ambiente. Pero ayer, el basualdismo pidió que la oposición también tuviera participación y desde el Ejecutivo accedieron, en una suerte de reedición de las conformaciones mixtas que tienen otros organismos oficiales.
Antes, hubo consultas permanentes entre los diputados oficialistas con el presidente de la Cámara, Rubén Uñac, y un enviado de Casa de Gobierno. El asesor giojista Guillermo De Sanctis estuvo en la Legislatura gran parte de la mañana ajustando junto a los legisladores giojistas los últimos detalles del proyecto.
En definitiva, el Consejo tendrá un perfil eminentemente político y estará formado por funcionarios del gobierno y representantes de los bloques con representación política, es decir cada partido político que tenga un bloque en Diputados. En la práctica, la bancada oficialista enviará a uno de sus hombres y en nombre de la oposición irán, al menos, el bloquismo y el basualdismo.
El nuevo organismo es clave, porque será la autoridad de aplicación de la ley y se encargará de controlar la preservación de los glaciares y de autorizar la práctica de actividades económicas en la zona cordillerana donde se levantan las masas de hielo. De todas maneras, quedan interrogantes no menores para saber la injerencia que tendrá la oposición en los controles y si las resoluciones del Consejo se basarán en informes con precisión técnica o sólo por voluntad política.
Para eso, hace falta definir el mecanismo que utilizará la autoridad de aplicación para decidir y la cantidad de miembros que tendrá por cada área del Ejecutivo. Además, resta determinar si los servicios que el organismo "deberá pedir" obligatoriamente a entidades técnicas antes de resolver -es otro cambio, porque antes era opcional- serán vinculantes o no. Según el presidente de la bancada oficialista, Víctor Doña, todas estas incógnitas se van a develar con la reglamentación de la ley que hará el Ejecutivo.
El debate se dará en un momento de fuerte convulsión nacional por la protección de los recursos naturales. Hoy se espera que la cámara baja del Congreso debata el proyecto Bonasso, que a diferencia del provincial, prohibe el ejercicio de cualquier actividad económica en los Andes, hecho que atenta contra los intereses provinciales de avanzar con proyectos mineros y obras como el paso de Agua Negra. Bajo ese contexto desfavorable para "el desarrollo económico" local, San Juan y siete provincias andinas más acordaron primerear a la Nación y sancionar sus propias leyes.
El único de los 34 diputados que se oponía era Enrique Castro, que se fue del basualdismo y fundó un bloque propio (Obrero), pero luego informó que votará a favor. Primero, el legislador dijo que "seguramente no vamos a acompañar" y lo que más criticaba era quedarse afuera del organismo de control, ya que estaba reservado para partidos políticos y no para bloques que surgieron de una escisión de una fuerza. Anoche, Castro aseguró que el giojismo lo iba a incluir en el Consejo y que por eso cambió de opinión. En el giojismo no lo descartaron.