Denuncias, polémicas y un puñado de renuncias componen el derrotero de la ley de glaciares en casi dos años de enredos políticos. Desde el veto de Cristina Kirchner, en octubre de 2008, el tema se mantuvo en boca de opositores y oficialistas.
La relación del Gobierno con la minera canadiense Barrick Gold es el principal argumento que esboza la oposición para explicar el rechazo oficial de aprobar al proyecto que había sido aprobado por unanimidad. Las críticas dentro del kirchnerismo, la salida de Romina Picolotti, la suscripción de acuerdos tributarios con dicha empresa y la reunión de la Presidenta con el CEO de esta compañía encendieron sospechas y promovieron denuncias ante la Justicia.
El sorpresivo veto movilizó al Congreso durante los últimos días de noviembre de 2008. En los fundamentos expuestos por el Ejecutivo, se cuestiona que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades" y se considera "excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las áreas que bordean los glaciares". Además, el Gobierno admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo.
Apenas conocida la negativa presidencial, la oposición tildó la decisión como "el veto Barrick", en referencia a la minera que, argumentan, fue beneficiada con la medida. El proyecto prohibía el desarrollo de esta industria en las zonas periféricas a los glaciares.
Días antes del tratamiento legislativo, Cristina Kirchner había recibido a los máximos ejecutivos de la compañía, Peter Munk y Aaron Regent, y volvieron a encontrarse tras el veto.
Contra el veto. La oposición intentó contrarrestar la decisión en el Palacio Legislativo. El proyecto había sido aprobado por unanimidad, en un Congreso dominado por el kirchnerismo. La oposición se aglutinó contra el veto, sumó a diputados oficialistas como Mabel Müller y a otras legisladoras cercanas al kirchnerismo, como Silvia Vázquez y Cecilia Merchán. Sin embargo, la presión desde la Casa Rosada evitó que la iniciativa prosperara.
Una semana después, en medio de las crecientes críticas desde el propio oficialismo, la Presidenta volvió a aparecer en escena. Les pidió a la secretaria de Medio Ambiente, Picolotti, y a los legisladores afines la preparación de un nuevo proyecto de protección de glaciares que sea "superador" de la norma vetada.
La decisión del Ejecutivo había despertado el enojo de Miguel Bonasso, diputado afín al kirchnerismo y titular de la Comisión de Recursos Naturales. Desde ese momento, la relación nunca se recuperó. El legislador de Diálogo por Buenos Aires acusó al Gobierno de ceder a presiones de gobernadores que fomentan las inversiones mineras.
El tema volvió a la agenda pública el 2 de diciembre de 2008, cuando Picolotti fue echada del Gobierno . Si bien la principal causa de su alejamiento fue el avance en la causa por supuestas irregularidades en la administración de su cartera, la funcionaria había quedado enfrentada con la Presidenta tras el veto.
Acusaciones. La oposición señalaba al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, como el responsable de haber convencido a Cristina Kirchner de vetar la ley. El mandatario admitió su rechazo a la norma, pero negó haber sido el único responsable. "Esto no es una cuestión de una sola persona, es una decisión compartida con el Ejecutivo y los gobernadores Jaque (Celso, Mendoza) y de Neuquén (Jorge Sobisch)", reconoció.
El arco no kirchnerista también apuntó contra el secretario de Minería, José Mayoral, hombre cercano al gobernador de San Juan. "Tengo información de que el ingeniero Mayoral tiene intereses en algunas empresas mineras, y si bien creo que se excusó de intervenir en casos en los que estaban involucradas estas empresas mineras, es un hombre del sector", acusó Bonasso.
En febrero de 2009, en medio del receso legislativo, el trágico alud en Tartagal volvió a poner el tema en primer plano. Los pedidos se sumaron a las críticas contra la Presidenta por la falta de la reglamentación de la Ley de Bosques. El senador oficialista Daniel Filmus reclamó una ley que proteja los glaciares y sus zonas periféricas y recordó que se opuso al veto total impuesto desde el Gobierno "porque el agua es uno de los bienes más importantes que tiene la Argentina".
En julio, crecieron las suspicacias sobre la relación entre la Presidenta y Barrick cuando un técnico del Ministerio de Economía renunció a su cargo tras negarse a convalidar un acuerdo en favor del emprendimiento binacional Pascua Lama, proyecto que administra la minera. Pese a la advertencia del renunciante, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, suscribió el tratado tributario.
Sospechas. El alejamiento del técnico aumentó las sospechas en torno a la relación entre los Gioja con Barrick. El gobernador José Luis y su hermano César, senador nacional, defendieron el acuerdo porque "beneficia a la provincia con empleos e inversiones".
Bonasso volvió a acusar a César Gioja de mantener incompatibilidades para ejercer su cargo como presidente de la comisión de Minería por ser dueño de una empresa ligada al sector. En medio de las hostilidades, el senador Gioja renunció a la presidencia de la comisión, pero negó que su empresa sea proveedora de Barrick.
El oficialismo volvió a tomar la iniciativa en octubre del año pasado, antes del recambio legislativo, cuando el Senado aprobó un nuevo proyecto de protección de los glaciares impulsado por el Ejecutivo. Ocho días después, la propia Presidenta volvió a halagar el proyecto Pascua-Lama , en su visita oficial a Chile, para relanzar la relación con el país limítrofe.
Tras un largo receso, la oposición volvió al acecho hace pocos días. Con una nueva composición legislativa, impuso su mayoría en Diputados y emitió dictamen favorable sobre el proyecto de glaciares que había sido vetado por Cristina Kirchner.
Almuerzo polémico. Con un nuevo proceso parlamentario en trámite, la Presidenta volvió a ser protagonista. En gira por Canadá, mantuvo una reunión con el CEO de Barrick, Munk, para promover inversiones de esa industria en el país. Durante el almuerzo de negocios, la mandataria recibió los elogios del empresario por "mantener las reglas de juego" para los capitales del sector. "Las reglas no cambiarán y eso es muy importante para una inversión de largo plazo", asintió ella.
La foto de la Presidenta con los empresarios encendió la ira opositora. En la previa del tratamiento del proyecto, los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Bonasso solicitaron ante la Justicia que investigue un supuesto acuerdo secreto del Gobierno con Barrick para el desarrollo de Pascua Lama y vincularon ese acuerdo con el veto presidencial.
"Si está claro que [José Luis] Gioja es Barrick Gold, debemos investigar si Cristina Fernández también lo es", dijo Carrió. En la misma línea, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) acusó a Mayoral de ser propietario de una empresa del sector que comparte el domicilio con una sede de Barrick en Buenos Aires.
Sin embargo, cuando las posturas parecían más alejadas, Bonasso y Filmus llegaron ayer a un principio de acuerdo para unificar los proyectos y, de esta manera, acelerar la sanción de la ley. De todos modos, si se concreta la fusión de los proyectos, todavía resta esperar la firma de Cristina Kirchner para que rija la norma de preservación de glaciares.