La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de hoy, un proyecto de protección de glaciares sobre la base del texto vetado por la Presidenta en 2008, pero con algunos cambios técnicos. Pasadas las 3, tras más de 8 horas de debate, la votación tuvo 129 votos afirmativos y 86 negativos. Fue aprobado entre fuertes cruces y acusaciones de diputados opositores por el presunto “lobby” de la minera Barrick Gold para obtener beneficios de Cristina Kirchner y del gobierno sanjuanino. Ahora el proyecto pasará al Senado.
“Queremos que haya agua para todos los argentinos. No queremos ser la Bolivia de Simón Patiño, un país que apostó a la riqueza minera y se convirtió en el más pobre de América Latina”, fundamentó Miguel Bonasso el proyecto que originalmente había presentado la ex diputada Marta Maffei, y remarcó que el emprendimiento de Pascua Lama -a cargo de la Barrick- insumiría 240 millones de litros de agua por día.
A último momento, Bonasso había llegado a un acuerdo para incluir algunos puntos del proyecto del senador kirchnerista Daniel Filmus que obtuvo media sanción en la Cámara Alta, para reunir un mayor consenso en la votación. Pero ante la resistencia de integrantes oficialistas de provincias mineras, Agustín Rossi -jefe del bloque K- pidió postergar el debate 15 días. La propuesta fue rechazada con duros discursos de Bonasso y Elisa Carrió, que encabezaron una presentación judicial para investigar el presunto “tráfico de influencias” para la construcción de Pascua Lama en San Juan, en la frontera con Chile.
“Una primicia de periodista: me acaba de llamar Filmus diciendo que me apoya si yo no quiero la postergación”, arrancó Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales. “Es evidente el lobby de la Barrick, esta es una movida de los diputados del PJ de San Juan”, aseguró Carrió, lo que generó una encendida respuesta de Juan Carlos Gioja, que llamó “mesiánicos y lengua suelta” a la líder de la CC, a Bonasso y a Solanas por rechazar el proyecto.
Más allá de la resistencia del oficialismo, algunos del PJ disidente y radicales de Catamarca, más las observaciones del PRO para la discusión en particular, el arco opositor avanzó con el proyecto que establece “presupuestos mínimos para la protección de los glaciares” y prohibe en esas zonas las actividades que “puedan afectar su condición natural”. Diputados cercanos al oficialismo, como Martín Sabbatella y Silvia Vázquez, adelantaron su apoyo a la iniciativa.
“Buscamos proteger la fábrica de agua del país”, insistió Fernanda Reyes, de la CC, y cuestionó los beneficios tributarios a las mineras. “El oficialismo no puede ocultar el lobby de las empresas sobre el Gobierno”, cuestionó Roy Cortina.
Sorprendió la forma en que el sanjuanino K, Héctor Tomas rechazó la ley: “Los recursos naturales son de las provincias. Somos los dueños de los glaciares. Yo no me meto en el Riachuelo”.

Los ejes del debate
- En noviembre de 2008, Cristina vetó una ley que apuntaba a preservar los glaciares y el ambiente periglaciar de cualquier actividad contaminante. Entre ellas, la minera. Lo habían aprobado todos los bloques.

- Un proyecto nuevo, impulsado por el oficialista Daniel Filmus, obtuvo media sanción del Senado en el 2009.

- Este año, en Diputados, Miguel Bonasso reflotó el texto de la ley vetada, con apoyo opositor. Alegaron que la media sanción no impedía a las mineras actuar en zonas aledañas a los glaciares (periglaciares) donde se regulan los recursos hídricos. A último momento, se incluyeron partes del proyecto Filmus.

Provincias con juego propio
Gobernadores kirchneristas de las provincias cordilleranas se anticiparon a buscar una fórmula que les pemita a sus provincias quedar al margen de las limitaciones que impone el proyecto de protección de glaciares que debate el Congreso. Hicieron punta Jujuy, La Rioja, San Juan y Salta. Dicen tener un guiño de la Rosada. La estrategia consistió en hacer aprobar leyes provinciales para preservar los glaciares a su modo y así dejar habilitadas las inversiones que consideren convenientes. Aunque esas normas podrían chocar con la legislación nacional, los gobernadores defienden la propiedad de los recursos naturales que le otorga la Constitución. El Congreso es el que fija los presupuestos mínimos para la protección ambiental.