Otra la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares logró ayer media sanción en la Cámara de Diputados tras un largo y duro debate que comenzó a las 15 y terminó por votarse en general a las 3.05 de hoy. En tanto, seguía esta madrugada la discusión para la votación en particular.
El texto aprobado esta madrugada es similar al que vetó hace un año y medio la presidenta Cristina Fernández. Fue reflotado por el diputado opositor Miguel Bonasso, quien el martes acordó con el senador oficialista Daniel Filmus algunas modificaciones. Filmus había presentado y logró media sanción en la Cámara Alta de otra ley de glaciares diferente.
El proyecto fue aprobado con los votos de la oposición (129 a 86), pero diputados opositores de provincias cordilleranas se ausentaron de la Cámara (Mendoza) y otros (Salta y Catamarca) votaron en contra.
El Frente para la Victoria (FPV) votó en contra, a pesar del acuerdo Filmus-Bonasso. Justamente el bloque oficialista, encabezado por Agustín Rossi, había pedido una prórroga para tratarlo en agosto. En la votación, la oposición le denegó esa moción. En el medio hubo varios cruces verbales.
"Los diputados de San Juan necesitan tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional. Por eso no les vamos a dar tiempo", argumentó Bonasso.
La diputada de Córdoba Cecilia Merchán criticó la actitud del oficialismo: "No debería haber habido más dilaciones. Sin embargo, el oficialismo salió a pedir que se prorrogue la votación. Hoy el FPV demostró su vínculo con la Barrick Gold".
No sólo San Juan sino todas las provincias andino-mineras han apurado la aprobación en sus legislaturas de leyes de protección de glaciares. Ya lo hicieron Jujuy y La Rioja. Esta situación podría generar un cortocircuito jurídico y perjudicar la implementación efectiva de una norma protectora.
A su turno, Fernando "Pino" Solanas acusó a los Gioja (dos hermanos legisladores y otro gobernador de San Juan) de "personeros de la Barrick Gold" y recordó el encuentro que tuvo hace unas semanas con el presidente de esta empresa, Peter Munk, del que también participó la Presidenta.
En tanto, el diputado oficialista Juan Gioja acusó a la oposición de actuar con "virulencia, tanta violencia, tanta grosería, tanta liviandad, irrespetuosidad y tanta soberbia" y de "hablar estupideces", a la vez que defendió la actividad minera en su provincia.
Bonasso reveló que el propio Filmus le había anticipado minutos antes que acordaba con la prórroga, pero que si se rechazaba, "mantiene los términos del acuerdo" (lo votará) cuando el proyecto tenga que debatirse en el Senado. Nadie atinaba a explicarse en el oficialismo por qué Filmus avanzó en el consenso con Bonasso, pese a la resistencia de legisladores andinos.
Uno de éstos arriesgó ante este diario una interpretación: "Filmus quiso revertir el costo electoral ante los porteños. Pero no podemos digerir que dos legisladores de la Capital decidan una ley que afecta la explotación de los recursos naturales, que son de las provincias".
Ahora la norma deberá pasar a la Cámara Alta. En octubre de 2009 los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de Filmus, por lo que no se sabe como recibirán el texto aprobado en Diputados.

Tres claves para evitar el naufragio de la norma
Por Lucas Viano
Una ley vetada y dos proyectos con media sanción. Ése es el resultado de un debate que ya lleva más de tres años.
La protección de los glaciares y zona periglaciar mete el dedo en la llaga en la megaminería acusada de contaminar y de absorber los recursos hídricos en territorios donde lo que menos abunda es el agua.
Ya el Parlamento de la Unión Europea pidió que los países miembro prohíban el uso de cianuro en la minería y destacó que esta industria no es generadora de trabajo genuino y es insegura.
Ahora, además de la media sanción del Senado, tres interrogantes definirán cuál será el destino de nuestra principal reserva hídrica:

Inventario. Por ahora no se sabe cuánto territorio se protegerá, porque se desconoce la cantidad de glaciares que hay en Argentina. El texto promueve la creación de un inventario a un instituto del Conicet (Ianigla) que deberá fijar criterios para delimitar el área protegida.

Interpretación de la autoridad. La falta de precisión que tiene la ley en su definición de área periglaciar y otros puntos puede prestarse a interpretaciones antojadizas por parte de la autoridad de aplicación, las provincias cordilleranas y las mineras. Este detalle, alertado por las organizaciones ambientalistas, puede ser el sustento para que la megaminería siga en el territorio argentino.

Leyes provinciales. Jujuy, La Rioja y San Juan ya cuentan con leyes provinciales para "proteger" sus glaciares, aprobadas a contrarreloj. Se plantearía la inconstitucionalidad de estas normas más permisivas y que no se adecuan a los presupuestos mínimos del texto nacional, como prevé la Constitución Nacional. En este revuelto legislativo, las ganancias irían a las provincias mineras y a la industria.