Cuando todo parecía estar encaminado y sin problemas, la media sanción de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de protección de glaciares quedó trunca, al caerse la sesión por falta de quórum ya entrada la madrugada y tras nueve horas de debate. Con la retirada del oficialismo y de parte de la oposición macrista que no acordaba con algunos lineamientos en particular, el proyecto sólo fue aprobado en general y hasta el artículo 5 de los 17 que cuenta la propuesta.
Esto se asemeja a lo ocurrido con la ley de bosques nativos, que tuvo una sanción en dos períodos legislativos distintos, una en general y otro en particular.
Fue en el marco de un debate ocurrido luego de que se le rechazara al oficialismo un pedido para prorrogar el debate por quince días, ante un reclamo formulado por los diputados de las provincias cordilleranas.
A las 3 de la madrugada, la iniciativa -que resultó de una negociación entre el ex kirchnerista Miguel Bonasso y el diputado porteño K Daniel Filmus (aunque luego el oficialismo pidió un tiempo para analizar el referido consenso)- fue aprobada en general por 129 votos afirmativos contra 86 del oficialismo.
Sin embargo, se truncó cuando se habían aprobado cinco artículos, entre ellos el 2 que era el más polémico donde se define lo que es la "zona periglacial".
Minutos antes y al cierre del debate, el jefe del bloque de diputados del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, anunció que Cristina Fernández le había comunicado anoche, vía telefónica, que "cualquiera sea la decisión que tome este Congreso la Presidenta no va a vetar el resultado que apruebe el Parlamento". "Lo que se apruebe será la ley que tendremos los argentinos", aseveró.
En ese sentido, Rossi había aclarado que la decisión presidencial se mantendría así el Senado aprobara el proyecto con los cambios que hizo Diputados o insistiera con la media sanción impulsada semanas atrás por el senador Filmus, postura distinta a la adoptada hace dos años cuando la jefa del Estado vetó, a pedido de los gobernadores de las provincias mineras, la ley sancionada por unanimidad de ambas Cámaras.
Al inicio del tratamiento del tema, Rossi había pedido postergar el tratamiento quince días, por presión de los legisladores de las provincias cordilleranas, pero le fue rechazado, en el contexto de un cruce de acusaciones entre el oficialista sanjuanino Juan Carlos Gioja y Bonasso.
Tras el tropezón, el oficialismo avisó que votaría la media sanción del Senado (es decir la versión preliminar de Filmus) y en contra del acuerdo posterior, pero el problema con los legisladores de las provincias cordilleranas no sólo fue del kirchnerismo, sino de varios bloques opositores como el Peronismo Federal, el radicalismo y la otra bancada peronista disidente.
Respecto del proyecto, Bonasso -quien dijo que vía telefónica Filmus se había comprometido a respaldar en el Senado lo acordado si no se aceptaba el plazo pedido por el Frente Para la Victoria- defendió la iniciativa y acusó a "los diputados de San Juan" de pedir "tiempo para sacar leyes provinciales que estén en conflicto con la ley nacional". "Por eso no le vamos a dar tiempo", advirtió.
Además, reanudó críticas el veto presidencial de 2008 y a la foto de días atrás de Fernández de Kirchner con los gobernadores de las provincias mineras y ejecutivos de la empresa Barrick Gold, como también al gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, y su hermano, el senador nacional César Gioja, a quienes vinculó con los intereses de las empresas mineras.
También, le apuntó al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, al sostener que una empresa suya comparte "oficinas" de la calle Marcelo T. de Alvear con "Barrick Exploraciones Argentinas" y remarcó con ironía: "Si tiene cola, melena, patas y garras de león, puede ser una leona pero no una lagartija".
El referido artículo 2, acordado con Filmus, establece una clara defensa las áreas periglaciales, a las que definen como "al ambiente de la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico" y, en "media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
La normativa define también como "autoridad de aplicación" al "organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental" y deja, así, fuera de la órbita provincial el control ambiental, algo resistido por los gobernadores, además de disponer un sistema de sanciones con multas que van desde los cien a cien mil sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional, así como la suspensión o revocación de las autorizaciones, la suspensión de actividades hasta por un año y el cese definitivo de la misma.

En San Juan
La Legislatura de San Juan aprobó ayer por unanimidad el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre la protección de los glaciares en territorio provincial, en un trámite similar al seguido ya La Rioja y Jujuy.
La norma aprobada prohíbe "la destrucción o el traslado de los glaciares incluidos en el Inventario Provincial de Glaciares".