La letra original del proyecto de ley para prorrogar la intervención de Obras Sanitarias Mendoza conjuntamente con un crédito del Estado por $10 millones para cubrir gastos operativos reúne todos los requisitos para convertirse en pieza clave de la estrategia de la desplazada empresa Saur en el marco de su demanda en el Tribunal Internacional del CIADI.
“Si la empresa gestionada por la intervención necesita fondos para cubrir déficit, queda demostrado que Saur tenía problemas de rentabilidad”, advirtió el peronista disidente Daniel Cassia mientras los jefes de bloque negociaban el consenso sobre los tres artículos del proyecto enviado por el gobierno de Celso Jaque. La intervención del diputado encendió la alerta en la sala de reuniones y sumó hasta a la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, al grupo que cuestionó la redacción del artículo Nº2 del proyecto del Ejecutivo.
A partir de la advertencia de Cassia, Gallardo acordó trabajar en una modificación de la redacción del artículo que contempla el otorgamiento de un adelanto financiero de $10 millones para que la intervención sostenga un déficit mensual de $4,5 millones que produce la empresa. “El artículo 2 se va a rever, hay un aspecto jurídico a tener en cuenta que se va a subsanar”, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, al término de una improductiva reunión de labor parlamentaria en la que hubo una sorda discusión acerca de la necesidad y el destino del giro financiero solicitado.
Todos los representantes partidarios que participaron en la reunión salieron advirtiendo sobre el peligro para la defensa jurídica ante el CIADI del reconocimiento que está haciendo el Gobierno –incluida la intervención de la empresa– de la existencia de un déficit operativo mensual de $4,5 millones en la gestión a cargo de Gonzalo Dávila. Saur, la operadora que perdió la concesión acusada de incumplir inversiones, demandó en el tribunal internacional por los daños económicos que le provocó el atraso tarifario en nuestra provincia.
El 5 de julio, la empresa ratificó la demanda que se originó en 2004 y que por ser tramitada en un tribunal de carácter internacional tiene como acusado al Estado nacional. Una herramienta de defensa de la Provincia será la conclusión de la auditoría sobre Obras Sanitarias informada en tres fases por un equipo técnico convocado por la Fundación Universidad Nacional de Cuyo.
En el trabajo se describen los incumplimientos de los postulados del plan de inversiones por parte de Saur. “Si fuera abogado de la empresa, presentaría este proyecto de ley como defensa. ¿Cómo le van a pedir inversiones si la intervención del Estado no se puede sostener sin adelantos financieros, a pesar de que hubo un aumento de tarifa posterior al desplazamiento de la conducción privada de la operación de la empresa?”, planteó Cassia.
El artículo segundo del proyecto oficial no sólo fue motivo de preocupación por las posibles consecuencias jurídicas, sino que fue la causa por la que se cayó el tratamiento en la sesión de diputados de ayer. El oficialismo, apuntalado por la cúpula del EPAS y de la intervención de Obras Sanitarias, no pudo convencer a la oposición sobre la necesidad y el destino del adelanto financiero.

El lunes, con dos sesiones
El lunes 26 habrá dos sesiones especiales, una en Diputados por la mañana y otra en el Senado por la tarde, para convertir en ley la prórroga de la intervención de OSM hasta el 27 de setiembre. Será aprobada a contrarreloj –un día antes del vencimiento del plazo vigente para la intervención- debido a que el gobernador Celso Jaque no autorizó a su tropa en Diputados separar la prórroga del salvataje financiero que requiere la prestadora.
“Queremos saber por qué se genera el déficit, adónde va a ir a parar la plata que se le adelante a la intervención”, advirtieron coborradicales y demócratas.
La semana que viene, la Legislatura estará de vacaciones, aunque debido a la falta de acuerdo en la asistencia estatal a la empresa de agua los legisladores negociadores de este tema estarán ocupados tratando de acercar posiciones sobre la manera de transferir $10 millones en agosto a la empresa. Gonzalo Dávila, interventor estatal, explicó que esa cifra se necesita para cubrir gastos corrientes: sueldos de personal y servicios, principalmente.
Ahí surgió otro cuestionamiento de la oposición: “Se van a gastar la plata en pagarles a los gerentes que cobran $20.000 por mes”, alertaron los opositores. En respuesta a esto, Jorge Tanús, presidente de Diputados, ofertó dejar expresamente prohibido en la ley el uso del adelanto para saldar salarios de gerentes.