Con el voto del radicalismo y gran parte del arco opositor, la Cámara de diputados insistió esta madrugada con el proyecto de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar que había sido vetado por la presidenta. El oficialismo intentó dilatar el debate pero se encontró con la decisión de la oposición de no postergar el tratamiento del proyecto.
Las siguientes son las transcripciones de las exposiciones de los diputados de la UCR durante el debate.

Ricardo Mansur (UCR – Mendoza):
Este bloque apoya el dictamen de mayoría con las inclusiones del proyecto que tiene media sanción del Senado. Y lo hace convencido porque también participó de la elaboración y ningún legislador de este cuerpo puede decir que fue sorprendido o desconoce lo que figura en este acuerdo, porque se iba a discutir hoy la ley de protección de glaciares, y este acuerdo incluye lo del proyecto de mayoría, con todo lo bueno que vino en el proyecto del Senado.
Nosotros somos coherentes con lo que se votó a fines de 2008, y que originó la ley 26.418, que lamentablemente fue vetado por la Presidenta.
Y hay dos artículos sustanciales que marcan la diferencia entre lo que propone el Senado y lo que propone este acuerdo, que es la inclusión de la protección del ambiente periglaciar. El proyecto que venía del Senado protege dentro del ambiente glaciar solamente los glaciares cubiertos o descubiertos, y dentro del ambiente periglacial solamente los glaciares rocosos.
En este acuerdo logrado en este proyecto único se protege también completamente el ambiente periglaciar. Y esto es fundamental, porque el ambiente periglaciar es el que provee agua a las cuencas hídricas y es el mejor protector que tienen los glaciares.
Como los glaciares hoy por el cambio climática están teniendo una retracción del 1 % anual, y esto significa que en cien años lamentablemente todas las provincias del centro y norte del país no vamos a tener glaciares, es fundamental conservar la superficie del ambiente periglaciar para evitar aumentar la retracción de los glaciares.
Así que no es menor la diferencia que hay entre los dos proyectos. Y también Daniel Filmus acepta colocar en el artículo 15 las disposiciones transitorias, que señala que las auditorías a las actividades que hoy están en funcionamiento deben realizarse a los 180 días de la promulgación de la ley. En cambio en el proyecto del Senado decía que se iba a realizar a los 180 días desde que finalizara el inventario. Quiere decir que si el inventario tardara 4, 5 o 6 años no podríamos tener nunca una auditoría tan necesaria para aquellas actividades que hoy seguramente están contaminando y avanzando sobre los glaciares y el ambiente periglaciar.
También si bien en este proyecto no figura, es importante destacar el ambiente glaciar. El artículo 6 dice que quedan prohibidas todas las actividades que afecten la condición natural de los glaciares. Y el ambiente glaciar también es importante porque la condición natural, por ejemplo, si alguna actividad minera está cerca de un glaciar produce no solamente explosiones y ruidos, sino polvo. Y transforma a un glaciar limpio en un glaciar sucio. Y el glaciar sucio aumenta la velocidad de retracción, porque penetra los rayos solares e inmediatamente comienza a descongelarse.
También el ambiente glaciar lo protegen algunos cerros escarpados, que si bien no tienen nieve o glaciar, hacen al ambiente. Son ejemplos el cerro Fitz Roy, el Torres, el Electrico, el Saint Exupery, etc. Esos cerros protegen, y si nosotros no los incluíamos dentro de esa condición natural, también iban a avanzar autorizaciones sobre ese ambiente glaciar.
Son importantes estas modificaciones. Esta ley es fundamental para nuestra vida, y es competencia de la Nación marcar los presupuestos mínimos. Lo dice bien el artículo 41 de la Constitución. Yo soy de la provincia de Mendoza, y podría decir que la protección del agua es responsabilidad de la provincia. Pero no es así, porque el agua de los glaciares y los ambientes periglaciares trascienden nuestros límites. Por ejemplo el agua de Mendoza y San Juan llega a las sierras de Córdoba, a Santiago del Estero, a La Pampa, y hasta Bahía Blanca. Es entonces un problema del país, este es un recurso de todos los argentinos. Por eso en la ley se incluyen las evaluaciones ambientales estratégicas, porque Mendoza si autoriza alguna actividad en el Río Grande, que con el Barranca conforma el Río Colorado, este pasa por Neuquén, Río Negro, La Pampa y desemboca en Buenos Aires. El río San Juan desemboca en el Río Desaguadero de Mendoza. Entonces es un problema de todos.
Si en 100 años se terminan nuestros glaciares los amigos de Jujuy y Salta tienen que conocer que ya en Bolivia no hay agua de los glaciares, y se está programando trasladar un tercio de su población porque no hay agua en La Paz.
Solamente el 15 % de la Cordillera tiene ambiente periglacial. Y en la zona centro de nuestro país solamente el 1 % de la superficie de nuestra montaña tiene ambiente periglaciar. Quiere decir que todavía resta el 84 % para poder trabajar en alguna actividad compatible con el desarrollo del hombre.
Es muy claro lo que estamos protegiendo, es un 15 % de la superficie. Nosotros al votar esta ley estamos satisfechos de proteger un recurso vital. Se dijo acá que San Juan no iba a poder construir unos caminos o una ruta, se dijo también que no se podrían hacer diques. Pero eso estará autorizado. Solamente no se puede construir infraestructura en los glaciares. Si en el ambiente periglaciar.
Esta ley no toma ni restringe, solamente en aquellas zonas periglaciares que son las que prevén los recursos para nuestras cuencas hídricas.
No debemos mezclar. Esta es una ley que trasciende las generaciones. Yo no quiero ni pensar lo que van a vivir cuando se terminen los glaciares en nuestra montaña y tengamos que tomar medidas, porque no va a existir la agricultura, ni energía eléctrica. Hay un cambio climático que está generando perjuicios muy importantes a nuestro país y que hace que esta ley, que es el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y periglaciares sea fundamental. El mundo no tiene agua, es un bien escaso. Más de 1.100 millones de personas no acceden al agua dulce. Mueren 6.000 niños por año por no tener acceso al agua.
No nos preocupemos en buscar más oro. El oro lo tenemos, y es el agua. Protejámosla.

Mario Fiad (UCR – Jujuy)
Cuál es el marco de protección adecuada que debemos proporcionar a los glaciares y ambientes periglaciares de nuestro país.
No dudo que todos somos conscientes de la trascendental importancia que tiene el tema por el valor estratégico que representan como reservas de recursos hídricos y por el rol fundamental que desempeñan en el ciclo vital del planeta. En lo que evidentemente no hemos estado de acuerdo hasta este momento es en la urgencia de legislar para lograr su adecuada protección.
En los glaciares sabemos que se ha ido produciendo un retroceso de estas masas de hielo, lo que sin duda nos enfrenta con su grado de vulnerabilidad y con la celerdidad que se impone para garantizar que la protección sea realmente eficaz y no llegue tarde.
Aquí estamos legislando sobre un tema vital para el ser y humano, y también para las futuras generaciones, y lo que sucede es que a veces nuestra conciencia ambiental está condicionada por las necesidades económicas y ello hace que nuestra visión sea estrecha y desprecie el futuro no tan lejano de las graves consecuencias que nos producirá el no cuidar adecuadamente el agua.
Hace años que nuestros tiempos vienen apremiando por la coyuntura y que las decisiones de la gestión se adoptan para regular las demandas urgentes que nos va planteando una realidad vertiginosa que no nos espera.
Por eso es que hoy este tema tuvo un proceso con posiciones tan encontrada, porque no estamos acostumbrados a sentarnos a debatir sobre otros tiempos y sobre consecuencias que tal vez no veremos inmediatamente pero que cuando se produzcan ciertamente serán graves y tendrán que ver con nuestras responsabilidades.
Se ha invocado en distintas provincias la necesidad de proteger a las economías locales en las que las actividades mineras constituyen un aporte importante para su desarrollo.
Ciertamente, debemos proteger a las economías locales, pero el precio que paguemos por ello no puede ser el futuro de nuestras reservas de agua.
Es por ello que se impone un criterio de prudencia y razonabilidad en donde se puedan armonizar las realidades económicas provinciales y el interés de proteger los glaciares y los ambientes periglaciares.
En este marco, entiendo que este cuerpo, en la norma que sancione deberá instar a las provincias para que aquellas que ya tuvieran una legislación sobre protección de glaciares adecuen sus normas a la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares que la Constitución Nacional en su artículo 41 otorga como competencia al Congreso de la Nación.
En los últimos días, en distintas jurisdicciones provinciales se han presentado y aprobado con excesiva premura, y sin debate alguno, proyectos de leyes que regulan la protección de los glaciares, y que en realidad lo hacen con una permisividad tal que convierten al objetivo declamado en la norma en irrealizable.
Me voy a referir a la norma recientemente sancionada por la Legislatura de Jujuy, y que temo sean de un texto idéntico al aprobado en otras provincias, como San Juan, La Rioja y Salta, por ejemplo.
El texto establece que el objeto de la norma es la protección de los glaciares, definido en el artículo 2, y que se incorporen en el inventario provincial de glaciares.
Ello significa que para ser objeto de protección tienen que darse dos requisitos que correspondan a la definición del artículo 2, y que hayan sido incluidos en el inventario. Queda claro entonces que no se protegerá a todos los glaciares, sino aquellos que discrecionalmente la provincia resuelva incluir dentro del inventario que ella confecciona y que sabemos estará condicionado por el criterio economicista de privilegiar una actividad que entiende les resulta rentable. Digo que “entiende” porque no está claro que los beneficios que la actividad reporte a las provincias sean determinantes o significativos.
Como sabemos, nuestra Constitución establece que a la Nación le corresponde dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, de tal manera que esta ley que sancione este Congreso debe constituir el principio rector para asegurar incluso el derecho a la igualdad de todos los argentinos, que deben tener garantizado el mismo nivel de protección ambiental en toda la geografía del país.
La distribución de competencias realizada por el texto constitucional encuentra su fundamento en que los presupuestos mínimos ambientales se encuentran asociados al interés general. Bien sabemos que en materia ambiental no existen fronteras y que por lo mismo no puede existir una diversidad legislativa en lo que hace a la mínima protección que debemos garantizar, porque corremos el riesgo de que la protección no sea tal y terminemos exponiendo a nuestros recursos naturales a un futuro incierto. Y si los recursos naturales, el agua y el ambiente humano tienen un futuro incierto, uno más incierto aún les aguarda a nuestras futuras generaciones.
De manera tal que aquí las provincias como la mía, que lamentablemente han legislado sobre la materia, deberán revisar sus normas para que las mismas se adecuen a la norma que sancione este Congreso, porque todos compartimos la misma preocupación por un tema tan esencial como es la protección del agua.
Entendemos que la minería, en tanto se trata de una actividad productiva, debe impulsarse para convertirse en un eje estratégico del desarrollo de muchas provincias, pero para que ello suceda deben redefinirse las reglas de juego para que se ordenen claramente las prioridades de los intereses que deben protegerse y para que la actividad en cuestión represente un aporte fundamental para las provincias.
Personalmente soy un acérrimo defensor de las autonomías provinciales, y creo que para su fortalecimiento y consolidación hay mucho trabajo para hacer, mucho camino para recorrer, y así lograr finalmente un equilibrio entre los diferentes actores de este federalismo.
Pero en este tema, el principio rector, tal como lo define la Constitución Nacional tiene que provenir de una ley del Congreso de la Nación, y luego serán las provincias las que en ejercicio de su autonomía dictarán las normas complementarias en las que las jurisdicciones locales ejerzan sus facultades con todas sus fuerzas, pero habiendo partido del marco de presupuestos mínimos que hacen a una política nacional que debe existir en materia ambiental.
El avance de la ciencia y el grado de conocimiento que hoy tenemos sobre los temas ambientales hacen que resulte un imperativo para la acción política la actuación inmediata. No podemos dilatar más la sanción de esta norma. La naturaleza nos cobrará muy caro el que sigamos debatiendo largamente y no lleguemos finalmente a un acuerdo.
El proyecto que hoy estamos analizando representa un consenso al que hemos arribado luego de un proceso del que hemos participado activamente desde diversos espacios políticos, movilizados por el mismo común anhelo de lograr la protección de nuestros glaciares y ambientes periglaciares.
Probablemente la norma no llegue a expresar todas las miradas sobre el tema, pero es el fruto saludable de los acuerdos parlamentarios que evidencias que somos capaces de efectuar concesiones cuando nos guía una misma meta y que ella tiene que ver con la calidad de vida que queremos garantizar para todos los habitantes actuales de nuestra nación y los de las futuras generaciones.

Elsa Alvarez (UCR – Santa Cruz):
El proyecto de ley sancionado por el Congreso el 22 de octubre de 2008 procuraba establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
El Ejecutivo dispuso la observación total del proyecto de ley sancionado en ambas Cámaras del Congreso de manera casi unánime. La interpretación constitucional en que se fundamente el veto contaría absolutamente el artículo 41 de la Constitución.
El veto a la ley de glaciares trabajada en ambas cámaras, con un amplio consenso y sentido de responsabilidad que se reflejó en la votación casi unánime del proyecto de ley como así también la actitud demostrada en la postergación por más de un año de la reglamentación de la ley de bosques que permitió dilatar su correcta aplicación, habilitando el desmonte masivo de amplias zonas del país, trayendo como consecuencia la tragedia del Tartagal entre otros efectos, nos muestran una vez más que los problemas derivados de la despreocupación ambiental y la falta de gestión afectan principalmente al más pobre.
El agua es un recurso natural fundamental para el desarrollo de la vida. Sólo el 3 % del total del planeta es agua dulce, y un 77 % de ella está congelada en los polos y glaciares de latitudes medias. Los glaciares, tanto los continentales como el hielo continental argentino – chileno, como Groenlandia y la Antártida misma, están disminuyendo rápidamente de volumen. Basta ver fotografías de cualquier masa glaciar, por ejemplo, del glaciar Viedma, en el Parque Nacional Los Glaciares, al pie de los cerros Fitz Roy – Torres, para observar su evidente retroceso.
Pero no solo implica la pérdida de belleza paisajística, sino una grave pérdida de reserva de agua potable. Cuidar esa agua reservada en glaciares a lo largo de nuestra cordillera es una necesidad urgente.
Analizando los proyectos que hoy nos ocupan, presentado por el diputado Miguel Bonasso, insistiendo en el proyecto original de la diputada mandato cumplido Martha Maffei, y el de autoría del senador Daniel Filmus, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, cabe definir acabadamente lo que significa el área periglaciar:
Periglaciar es la parte de la superficie de la tierra donde las temperaturas durante la mayoría del año son frías, y por lo tanto la congelación de las aguas superficiales es muy frecuente. Pero también existe una época de temperaturas más templadas, que durante cuatro meses. En estas zonas la erosión del suelo no depende solamente del hielo sino también del agua. Es un proceso importante dentro del ciclo geográfica.
El proyecto Filmus solo protegía dentro del ambiente periglaciar a los glaciares de escombros, diferenciándose del proyecto Bonasso, cuya protección se extiende a todo el ambiente periglaciar, incluso los glaciares de escombros.
El proyecto Filmus incorporaba como servicio ambiental de los glaciares y del ambiente periglaciar la reserva de recursos hídricos para las actividades industriales. De esta manera se diferencia del proyecto Bonasso, estableciendo explícitamente que sirven y son necesarios para la actividad industrial. Con esto, entre otras cosas las actividades industriales podrán captar nieve de los glaciares y convertirla en agua. No lo dice la ley, pero lo pueden hacer si la autoridad de aplicación provincial considera que el glaciar no sufre infacto.
Con relación al artículo 15, el proyecto Filmus establecía que al auditoría ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de glaciares de cada jurisdicción. La diferencia con el proyecto Bonasso es sustancial, ya que el plazo de 180 días para la realización de la auditoría empieza a correr a partir de la sanción de la ley. Con la redacción del proyecto aprobado en el Senado la auditoría ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el inventario de glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir que si una jurisdicción omite o rechaza realizar el inventario de glaciares, tampoco se realizará la auditoría ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución.
Estoy convencida que hay un fundamento ideológico que debe servir como base central para impulsar una nueva ley de protección de glaciares, y que debemos priorizar por sobre todos los intereses: económicos, políticos, comerciales o de cualquier otra índole.
El desarrollo económico debe ser sustentable económicamente, ecológicamente y socialmente. En consecuencia esta ley es imprescindible para la futura explotación de nuestros recursos naturales.

Mariana Juri (UCR – Mendoza)
Después de dos años de frustraciones, por culpa del veto de la Presidenta la Argentina seguía sin su merecida ley de glaciares.
Muchos de nosotros nos habíamos comprometido con gran parte de los argentinos que desde hacía mucho tiempo estaban intentando tener esta ley y muchas otras que ayuden al ambiente. Debemos tener una ley de glaciares que preserve por sobre todas las cosas un bien tan vital como es el agua.
Había entendido, y espero que así sea, que el oficialismo había comprendido que los recursos hídricos no son negociables bajo ningún concepto, y que habíamos acordado que el bien jurídico a proteger era mucho más amplio de lo que proponía el proyecto de Filmus, y por eso veníamos a celebrarlo.
Celebro que se acepte que se prohíban las actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares.
Celebro que en este acuerdo hayamos podido avanzar en que una vez definida la zona del inventario eso se realice en un plazo de 180 días como máximo y sobre todo que las actividades que ya están en ejecución sean sometidas a una auditoría ambiental inmediata donde además si se comprueba que esas actividades contaminan se podrá dar el cese o el traslado de esas actividades.
Insisto en que hoy vamos a tener una gran satisfacción porque estoy segura de que vamos a aprobar esta ley que nos permitirá fundamentalmente cumplir con las futuras generaciones, a quienes debemos garantizar un recurso tan importante como el agua.
El artículo 41 de la Constitución dice con claridad en su primera parte que todos los habitantes de nuestro país gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras.

Julio Martínez (UCR – La Rioja)
En mi provincia, La Rioja, llueve de acuerdo a la zona, de acuerdo a la región, de acuerdo al año, 180 a 350 milímetros al año. Con el agravante de que esos pocos milímetros caen durante tres o cuatro meses del año y tenemos que sustentar el consumo a todo nivel durante los 12 meses del año. Son los glaciares, son los periglaciares, son nuestros cerros y montañas los que hacen el efecto de un ¿????? que nos permiten suministrar este líquido, este vital elemento, durante todo el año, a través de los deshielos, de los ríos, de las vertientes.
Y del agua que también tenemos que traer para el consumo humano, para la producción agrícola, desde las profundidades, desde el subsuelo, con un inmenso costo económico. Yo no tengo dudas de la definición de glaciares y periglaciares que tiene este proyecto, pero si la tuviera tampoco tendría dudas ante la duda de apoyar este proyecto, porque para nosotros, para quienes vivimos en esta tierra y somos conscientes y no estamos detrás de los negocios de las mineras, es más importante el agua que el oro. Estamos legislando presupuestos mínimos que nos dice nuestra Constitución en el artículo 41, que nos indica que tenemos como Nación que fijar el marco en el cual tenemos que movernos con la protección de nuestros recursos y con el uso de esos recursos naturales.
También nos dice la Constitución, y hablando con constituyentes del 94, que su espíritu es que la Nación nos de el marco en el cual las provincias tienen que moverse. Pero acá se intenta invertir ese dictado constitucional que tenemos y hoy se hace uso y abuso en muchas legislaturas provinciales de las mayorías circunstanciales que hoy tienen. Tenemos todo el derecho a criticar cuando aprueban sobre tablas y a libro cerrado normas que van a trascender nuestras generaciones, y que no permitieron discutir, y cuando nuestros bloques plantearon el pase a comisión para poder consultar y discutir no lo permitieron. ¿Cómo no vamos a poder cuestionar eso? No es entrar en las autonomías provinciales, es actuar como ciudadanos en defensa de la vida.
También cuando esta norma nace después de un viaje que nuestra presidenta hizo con muchos gobernadores de provincias cordilleranas. Cuando volvieron hicieron un acuerdo y se juntaron y uno va comparando las leyes aprobadas en cada una de las legislaturas son un calco la una de la otra. ¿Qué me hablan de debate? ¿Qué consultas han hecho? ¿Qué posibilidades dieron a los ciudadanos y asambleas que se movilizan por la vida en cada uno de esos pueblos? Justamente en esas provincias que hablan de minería responsable cuando van a hacer estos actos de irresponsabilidad sin consultar a nadie.
De lo que no hay duda es de la mala fe con la que han actuado haciendo estas cosas en las legislaturas provinciales.
Yo no puedo hablar de glaciares sin hablar de minería. Sería inocente hablar de esta ley de protección de glaciares sin tener en cuenta el marco en el cual nos movemos, sin tener en cuenta cada una de las realidades que están pasando en nuestras provincias y sin tener en cuenta también la importancia que tienen para las provincias los gobiernos que han decidido avanzar en la minería a cielo abierto con uso de cianuro.
Seguramente queremos discutir estos temas y ya llegará el momento, porque hay muchos proyectos que se están presentando. Vamos a discutir si hay cianuro bueno y cianuro malo, como se dijo acá. Vamos a ver si está bien que cobren el 3 % de regalías y que por ahí cuando se exportan estos productos por los puertos del norte les dan el 5 % de reintegro.
Yo celebro el acuerdo que logró Bonasso con Filmus. Celebro eso más allá de que se haya hecho a último momento. Porque eso ha servido para poner blanco sobre negro en este debate. Porque eso ha servido para que quienes se enmascaraban detrás del proyecto de Filmus en base a sus debilidades o a sus falencias hoy queden en evidencia de que lo que buscaban era otra cosa, no proteger los glaciares y priorizar la minería.
Quiero rendir un homenaje a las asambleas por la vida de nuestra provincia, que movilizaron 5.000 personas el viernes pasado para repudiar lo que hizo nuestra Legislatura. Que corrieron a la Barrick gold hace dos años, y es un hecho inédito que la corrieron del territorio de la provincia de La Rioja. Hemos ido a ver a la embajada de China y de Canadá para decirles que no se les ocurra volver, que no tienen licencia social, que no van a andar por nuestros pueblos. A ellos les decimos, a la Barrick Gold, a los chinos que andan en estos momentos buscando a nuestro gobernador con la Presidenta en China, queremos decirles que por nuestros valles no tienen licencia social. Para los ciudadanos de esos lugares el agua es más importante que el oro. Por Famatima no pasarán, no pasarán.

Fuente: Secretaría de Prensa - Bloque de Diputados Nacionales de la UCR