Una maniobra del oficialismo con la ayuda ¿involuntaria? del PRO dilató el avance de la ley para proteger los glaciares, que ayer a la madrugada fue aprobada en general pero no en particular, por lo que técnicamente aún no obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados.
Los legisladores opositores aprobaron la iniciativa en general (129 a favor y 86 en contra), pero en particular sólo hasta el artículo 5º. De todas maneras, el polémico inciso 2º fue avalado. En él se incluye una definición amplia de área periglaciar, la cual es rechazada por el oficialismo y los diputados de provincias mineras.
El artículo extiende la zona de protección (prohíbe la minería) a un amplio sector de la cordillera donde ya hay emprendimientos en funcionamiento, como las minas Veladero y Pascua Lama, que podrían cesar.
Cerca de las 3, la sesión quedó trunca cuando se retiró parte del macrismo, disconforme con algunos puntos, actitud que fue aprovechada por el oficialismo, el cual negó el quórum.
El 4 de agosto se reanudaría el debate desde el artículo 6º, que enumera las actividades prohibidas en los glaciares y área periglaciar. En este punto se centrará el debate, pues algunos diputados quieren que las prohibiciones sólo alcancen al área periglaciar adyacente a los glaciares.
Pero ocurre que hay suelos con agua congelada que están incluidos dentro de la definición de área periglaciar pero que no tiene glaciares adyacentes.
Miguel Bonasso, el diputado defensor del proyecto, plantea que también se protejan estas áreas, donde funcionan empresas mineras.
El diputado cordobés de la UCR Oscar Aguad confirmó que no se logró la media sanción, pero aseguró que no hay riesgo de que se caiga la ley. "Hay una clara mayoría que apoya el proyecto y que se protejan todas las zonas periglaciares", dijo.
De todas maneras, el oficialismo tendrá tres semanas para tratar de sumar votos y frenar la iniciativa. De fracasar, el siguiente round se disputará en el Senado, donde el senador Daniel Filmus parece haberse desprendido del bloque oficialista tras el acuerdo con Bonasso.
En 2008, la presidenta Cristina Fernández vetó una ley casi idéntica, mientras que en 2009 Filmus logró la media sanción en el Senado de una ley más acorde a los intereses de la industria minera.
Según Bonasso, Filmus le prometió que iba a apoyar el proyecto consensuado si llega a la Cámara Alta.
"Quedó claro que Filmus quebró con el oficialismo. Había hecho el trabajo sucio para redactar una ley alternativa después del veto. En el sorpresivo acuerdo con Bonasso, hace una marcha atrás rotunda, no sólo descartando lo medular de la 'ley Filmus', sino ampliando varias dimensiones de protección sobre lo que era la ley 'Bonasso'", comentó Jorge Taillant, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Otro punto clave es el plazo de 180 días que fija el proyecto para que las actividades en ejecución se sometan a una auditoría y, eventualmente, puedan ser suspendidas si se verifica algún impacto ambiental.
Este punto no estaba incluido en el texto de Filmus, pero ahora fue aceptado por el senador oficialista.