La ley de protección de glaciares que limita la actividad minera en Argentina y que ratifica una norma vetada en 2008 por el gobierno, fue aprobada en general la madrugada del jueves por la Cámara de Diputados, que la seguirá debatiendo en particular en la próxima sesión.
Tras unas 10 horas de debate, los diputados votaron el texto que busca preservar los glaciares "como reservas estratégicas de resursos hídricos" y los considera "bien de carácter público".
Tras la votación, la sesión se cayó por falta de quórum durante el debate de sus doce artículos en particular, que seguirá en la próxima sesión ordinaria, tras lo cual deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto aprobado en general por 129 votos a favor y 86 en contra, fue impulsado por el diputado Miguel Bonasso, ex aliado centroizquierdista del oficialismo y contó con el respaldo del arco opositor, que domina la Cámara baja.
El plenario de Diputados analizó un proyecto que retoma el texto de una ley aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en 2008, pero luego vetada por la presidenta Cristina Kirchner alegando problemas técnicos en su texto.
Poco antes de la sesión, Bonasso había accedido a introducir algunos cambios para lograr un apoyo unánime de sus colegas, pero el oficialismo no lo acompañó y respaldó otro proyecto originado en el Senado, donde había sido aprobado por unanimidad.
La iniciativa de Diputados prohíbe "la explotación minera e hidrocarburífera" en la zona de glaciares y periglaciares, ambas formaciones diseminadas en la Cordillera de los Andes y consideradas grandes reservas de agua dulce.
Tras las modificaciones aceptadas por Bonasso, el nuevo texto establece a la zona periglacial como el área "con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo". La ley crea además el Inventario Nacional de Glaciares.

Acusaciones y vetos
Sectores de la oposición acusaron al gobierno de ser "funcional a intereses privados" y apuntó a la minera canadiense Barrick Gold, con inversiones en la provincia de San Juan y al frente de Pascua-Lama, una mina binacional enclavada a 4.000 metros de altura en la frontera chileno-argentina, en la Cordillera de los Andes.
El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, quien pidió el miércoles sin éxito posponer el debate en Diputados por 15 días, aseguró que el gobierno aceptará esta vez la decisión del Congreso.
"La Presidenta me dijo que lo que se vote no va a ser vetado. Si esto se ratifica en el Senado será la ley que vamos a tener", afirmó y recordó que el veto de 2008 fue un reclamo de varios gobernadores de las provincias andinas.