Para el autor de la iniciativa, el senador Eduardo Torres, es necesario "garantizar la justa compensación de los costos económicos y sociales que impone Garabí", dice.
El proyecto de declaración contempla dos artículos. El primero reitera las condiciones que el Estado misionero impuso para emitir su conformidad sobre el proyecto.
Dos cierres sobre el río Uruguay -uno en Corrientes y otro en Misiones-, y que la energía que produzca “sea sensiblemente más barata” en las provincias afectadas "por la construcción de la represa", había pedido.
Más abajo entre sus argumentos, el legislador recuerda el antecedente de Yacyretá, cuyos costos de construcción y operación para el territorio, el medio ambiente, los sistemas ecológicos y las condiciones sanitarias han sido compensados sólo parcialmente".
Luego sostiene que "el funcionamiento de una represa facilita el desarrollo de las condiciones para la proliferación de dengue, legmaniasis y fiebre amarilla".
Movimientos ecologistas, entidades civiles, colectivos de artistas, entonces, cuestionan a la administración en el Estado de Misiones por su permiso al desarrollo de la megaobra.
"Es irresponsable seguir destruyendo ambientes naturales, dejando bajo agua terrenos aptos para el cultivo, taponando a nuestros ríos y aniquilando un recurso tan importante como la pesca, habiendo alternativas energéticas para cubrir las demandas locales", señalan.
A principios del mes pasado, el gobierno nacional firmó con el de Brasil un acuerdo que ratifica el compromiso de ambos estados para avanzar con la construcción de la represa hidroeléctrica Garabí que en uno de sus tramos se levantará sobre las costas de Corrientes.
En el primer acuerdo binacional acerca del potencial hidroeléctrico del río Uruguay del que nació el proyecto Garabí fue firmado por Agua y Energía Eléctrica de Argentina y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -Electrobras- de Brasil en 1972.
Años después, se consideró además el potencial de interconexión entre los sistemas eléctricos de Argentina y Brasil