(ANSA) - Los glaciares son la mayor reserva de agua dulce de Argentina y su protección constituye uno de los reclamos de asambleas ciudadanas que desde hace años se oponen a la minería a cielo abierto, defendida ampliamente por gobernadores de provincias cordilleranas que están acusados de vínculos con las compañías que explotan el negocio.
El jueves por la madrugada la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley de protección de glaciares, similar al que había sido votado por ese cuerpo y el Senado en 2008 y que luego fue vetado por la presidenta Cristina Fernández.
En 10 días los diputados deberían volver a ocupar sus bancas para tratar la mayoría de los artículos que quedaron pendientes por falta de quórum cuando el oficialismo, en el que se encuentran varios gobernadores cordilleranos, se retiró de la sesión.
"Estamos muy contentos. Estamos esperando que de una vez por todas saquen una ley que tenga por objeto el interés general y que por primera vez se pueda vencer la presión que ejercen las multinacionales", expresó a ANSA Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Viale destacó que todos los bloques de la oposición votaron a favor, por lo que espera que ese número se mantenga en el tratamiento de los artículos que restan. Pero, además, resaltó que fue adoptado el artículo dos, que establece una protección a toda la zona glaciar y periglaciar.
Organizaciones ambientalistas y legisladores de oposición denuncian vínculos entre el gobierno nacional, el gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, y compañías mineras como Barrick Gold, dueña, entre otros emprendimientos, de Pascua Lama, mina para la cual se firmó un tratado con Chile.
El diputado Miguel Bonasso, quien preside la comisión de Recursos Naturales de la cámara, presentó junto a otros legisladores una denuncia ante la justicia contra el gobierno y Gioja, a los que acusó de otorgar ventajas impositivas a la empresa canadiense Barrick Gold.
Bonasso también aseguró que está "probado" el vínculo del secretario de Minería, Jorge Mayoral, con Barrick, mediante la empresa en la que tiene 15% de las acciones, Milestone. El diputado opositor afirma que hay directivos comunes entre esa empresa y la canadiense.
Estos son parte de los vínculos que, según ambientalistas y asambleístas, están detrás del veto presidencial. No obstante, el jueves, el jefe del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, aseguró que esa decisión se debió a un pedido de los gobernadores cordilleranos y que en esta oportunidad la mandataria aceptará la decisión que adopte el Congreso.
Los sectores que luchan contra la minería a cielo abierto juzgaron que otra evidencia del "favoritismo" del gobierno con las empresas mineras fue la reunión de la presidenta Fernández, en Toronto, con el CEO de Barrick Gold, Peter Munk.
La minería comenzó a expandirse en Argentina en los 90, con el gobierno de Carlos Menen, de corte neoliberal, cuando se aprobaron leyes permisivas, como el código minero o el acuerdo con Chile que crea un territorio en medio de la Cordillera de los Andes para una explotación conjunta, aunque los diques de cola (piletones con líquidos de desecho con barros que contienen cianuro, arsénico y otros metales pesados) quedan del lado argentino. "Estamos convencidos de que Pascua Lama ya está afectando los glaciares. Ahí hay relaciones absolutamente ilegales entre la empresa y funcionarios provinciales y nacionales. La cuestión no queda solo enmarcada desde lo ambiental sino desde la transparencia", aseguró Viale.
Para el abogado, "los que venimos resistiendo sabemos que la meta no es la ley de glaciares pero sí es una herramienta de protección y nosotros vamos a hacer lo posible para que se cumpla".
En el mismo sentido se manifestaron las organizaciones Unión de Asambleas Ciudadanas, que une a movimientos que se oponen a la minería en todo el país, y Conciencia Solidaria, entidad interprovincial, consultadas por ANSA.
"Vemos positiva la ley que se aprobó. Hay un resultado positivo. Se evitó que entrara la ley de entrega que promovía el Senado. Pero la ley es una de las herramientas, no la única", dijo Juan Nicastro, vocero de asambleas.
Anticipó que "las mineras no van a frenar el intento de avance" y evaluó que "lo bueno, incluso, es que se instaló el tema y por qué es necesario hablar de glaciares".
"No queremos en ningún lado la minería a cielo abierto", expresó el dirigente, quien dijo que el sector teme que una vez protegidos los glaciares, se establezcan "zonas de sacrificio". "Ese sería un resultado peligroso. Que se diga, bueno, ya está, y que haya explotación en otros lados".
Los diputados Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador de San Juan, y Héctor Tomas, de la misma provincia y presidente de la comisión de minería, defendieron la explotación a ultranza.
Gioja incluso dijo que en su provincia la minería no consume "un sólo gramo de agua" sino que "se usa y se recicla".
Tomas, en tanto, argumentó que los recursos naturales, incluidos los glaciares, pertenecen a las provincias y que son ellas las que deben decidir su destino.