Noemí Peralta es una desconfiada jubilada del Sena que hace un par de años pasó de vivir en populosos barrios de Cali a la tranquilidad y el frío del corregimiento de Pance. Pero en dos años le ha tocado aprender de bocatomas, redes de distribución, floculación o filtros dinámicos por una simple razón: añora tener agua potable en su casa.
Curiosamente, el acueducto de la zona funciona en un 50% porque sus predios tienen líos de titulación, lo que hace impensable invertir allí por parte del Gobierno Municipal. Eso ha hecho que Noemí se apersone del asunto, hasta el punto de volverse fontanera ocasional, con el fin de proteger la planta que abastece a 250 familias.
“Uno de los problemas de los acueductos está asociado a la construcción de esa planta. Los profesionales la construyen, dan un par de horas de enseñanzas y jamás regresan. La comunidad no saben cómo enfrentar un daño”, afirma Irene Restrepo, quien dirigió el estudio ‘Inventario y prediagnóstico de la zona rural y urbana de ladera de Cali’, trabajo que hace parte del Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, Cinara.
A eso se suma que estas plantas, según Restrepo, son “delicadas, muy sensibles a los cambios de calidad del agua y requieren cuidado permanente las 24 horas. Y rara vez funcionan y cuando lo hacen no pasan de un año”. Actualmente, hay 63 acueductos colectivos en la zona rural de Cali, con un 70% en funcionamiento.
Hay otros líos que tocan a estas plantas, como su administración por miembros de la comunidad sin un control permanente del Estado. “He visto discutir fuertemente a dos líderes por la disputa de Serviaguas, la empresa prestadora del servicio, que es un fortín para controlar el agua en Montebello”, asegura un habitante que omitió su nombre, antes de aclarar que a este corregimiento, el líquido potable llega día de por medio.
Otros problemas son la calidad del agua que, según Tito Alfredo Bravo, ingeniero sanitario de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Rural, tiene que ver con los administradores: “A veces se les acaba el cloro para clorificar las aguas y eso se reporta como una falta de organización comunitaria y sostenibilidad del sistema”.
Noemí sostiene que la demora del Estado para la consecución de permisos y el desembolso de recursos no se justifica. “A veces hay que esperar hasta tres o cuatro meses para un simple filtro. Todo lo diagnostica y mientras tanto seguimos tomando agua contaminada”, sostiene.

¿Qué camino seguir?
Luis Humberto Castrillón, secretario de Planeación Departamental, asegura que Emcali debería contemplar la posibilidad de prestar servicios de acueducto a zonas rurales como Pance y La Buitrera, pero “no lo hacen porque no es rentable, a pesar de tener los recursos técnicos. ¿Cuál es su labor social?”, se pregunta.
Agrega que el Municipio de Cali, a través del alcalde Jorge Iván Ospina, “no ha querido inscribirse en el Plan Departamental de Agua Potable, dejando de percibir dinero suficiente para la adecuación de estas zonas en el campo del líquido potable. Desconozco los motivos por los que no quiere adherirse”.
La ingeniera Restrepo, del Cinara, va más allá y pide a las autoridades ambientales atacar la contaminación en las fuentes, es decir, los nacimientos de los ríos. “¿Por qué invertimos tanto en potabilizar el agua? Porque no cuidamos las cuencas”, advierte.
También pide replantear el tipo de plantas de agua potable para que no se conviertan en ‘elefantes blancos’ y comenzar a pensar que la lluvias es una alternativa valedera como recurso. “Estos son algunos caminos que la comunidad y el Estado deben comenzar a mirar. ¿Hay que replantearse eso de utilizar el agua potable para los inodoros?”.
Como dice el ingeniero Bravo, de la UES Municipal: “está bien que el Estado debe tener toda la responsabilidad y la potestad de proteger sus obras, algo que se lo ha dejado a la comunidad y ésta no ha respondido como debe ser: teniendo un sistema sostenible”.

Fallo del Consejo
La Sala Plena de la Corte argumentó en diciembre del 2008 levantar la Ley 812 del 2003, que prohibe invertir recursos públicos en invasiones.
“El Estado ha de propender por un crecimiento urbano sostenible; no debe hacerse a expensas de excluir del acceso al agua y otros servicios públicos, máxime si los afectados son individuos bajo una situación de especial vulnerabilidad”.

¿Y Emcali qué piensa?
Jorge Enrique Ángel, gerente de Acueductos y Alcantarillado de Emcali, sostiene que la empresa tendría la posibilidad de solucionar el problema de agua potable de varios corregimientos de Cali, pero depende si el proyecto es viable técnica y económicamente. “Si hay los estudios y es beneficioso, se haría sin inconvenientes”, asegura.
Sin embargo, un habitante de Montebello ve la situación compleja. “Emcali nunca va a invertir en Montebello porque bombear agua a esta zona, que es ladera, sale costoso y saldría muy caro el servicio para la comunidad. Si hoy llegan $8.000 de recibo, no me imagino que cuánto valdría si el agua la trajera Emcali”.
Emcali presta hoy los servicios fuera de Cali a los municipios de Yumbo, con 14.000 usuarios; Candelaria, con 1.500 usuarios y comenzará en tres meses a prestar el servicio al corregimiento de La Dolores, de Palmira. En algunas zonas urbanas de Pance tienen presencia.