El Gobierno va por todo o nada. Si la oposición no aprueba un adelanto de $10 millones en sesiones especiales de Diputados y Senadores previstas para el lunes, se caerá la intervención estatal de Obras Sanitarias Mendoza.
En ese caso, la prestadora volvería a quedar bajo la operación de la francesa Saur, apartada por el Gobierno en virtud de “graves incumplimientos” contractuales.
Javier Montoro, presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), fue el encargado de precisar ante la prensa las órdenes que durante la reunión de gabinete dio el gobernador Celso Jaque respecto de la empresa.
“Está todo unido. Bajo ninguna circunstancia se separará la prórroga de la intervención del adelanto de $10 millones. Si no sale todo junto el lunes, volverían a Obras Sanitarias los concesionarios privados”, afirmó Montoro.
La intervención a la empresa prestadora de agua vence el martes 27 próximo y para prorrogar el plazo es necesaria una ley, debido a que ese día se cumple el segundo período de 180 días dispuestos por decreto. El gobierno de Celso Jaque, con el consenso de la oposición, tomó la decisión de estatizar la compañía.
Pero, por pedido del coborradicalismo, el Ejecutivo resolvió promover una ley que autorice a mantener por 60 días más la intervención estatal. La aprobación de la norma que prorroga la intervención se frenó en Diputados porque el Ejecutivo sumó en el proyecto un artículo por el cual queda autorizado a girar $10 millones en carácter de adelanto a favor de la intervención encabezada por Gonzalo Dávila.
La semana pasada, el Gobierno y el EPAS trataron de convencer a la oposición de que los $10 millones de adelanto eran necesarios para poder ejecutar los dos meses de prórroga de la intervención. No tuvieron éxito, por lo que la resolución legislativa quedó pendiente para el próximo lunes.
Ese día están previstas dos sesiones especiales. En la mañana se reunirá el plenario de Diputados para votar el proyecto de ley y, de conseguir el aval, por la tarde sesionaría el Senado. Para que los franceses de Saur no tengan derecho a reclamar el regreso a la conducción de las operaciones de la empresa, la ley que prorroga la intervención tendría que publicarse el martes próximo, para lo cual debería aprobarse a más tardar el lunes en la tarde.
La demora en el tratamiento legislativo del proyecto de ley se debió exclusivamente a la rigidez del Gobierno respecto de que la prórroga de la intervención debía ir acompañada de la autorización para adelantarle fondos públicos al administrador nombrado por Jaque. Los bloques reunidos en el Frente Cívico (UCR, CONFE, Unidad Popular y ARI) y el Partido Demócrata se negaron a autorizar el adelanto financiero.
“Vamos a mantener la postura que sostuvimos. Ellos (por el Gobierno) ya saben lo que pensamos y no creo que cambiemos de acá al lunes”, advirtió Carlos Aguinaga, senador y referente del PD.
“Seguimos diciendo lo mismo: pedimos la prórroga y estamos dispuestos a votarla”, afirmó el senador radical César Biffi, presidente de su partido. “Pero –advirtió– hay una cuestión, que tiene que ver con el funcionamiento de la intervención, que se debe analizar”.
La advertencia del presidente del radicalismo tiene como fondo la incertidumbre de su fuerza política y las aliadas respecto del uso que el interventor hizo de los fondos de Obras Sanitarias durante los 360 días de gestión que se cumplirán el próximo martes.
Todos los referentes de la oposición coincidieron en plantear reparos a la adjudicación de fondos a una intervención a la que cuestionan por no mermar el gasto en cargos gerenciales y otras áreas a las que consideran generadoras de gastos superfluos.
Para el Gobierno, los $10 millones son claves para que la empresa pueda seguir trabajando sin apremios financieros.

Una fundación hizo la auditoría por $500 mil
Hasta ayer, la oposición no había podido acceder al informe original de la auditoría sobre Obras Sanitarias que justificó la decisión de reestatizar la empresa. Para la realización de ese trabajo, la intervención contrató a la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo por un monto cercano al medio millón de pesos.
Finalmente, el estudio lo hizo un grupo de profesionales avalados por la UNCuyo que acudieron a una convocatoria de la fundación. No obstante, los profesionales ligados a la casa de altos estudios rentados por la fundación no pueden dar explicaciones sobre el trabajo, debido a una cláusula de confiabilidad que la intervención de Obras Sanitarias incluyó en el convenio.
Así lo informó a UNO el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, quien además explicó que la intervención de la fundación es común en casos de estudios que son rentados, es decir, en aquellos trabajos por los que la universidad cobra un canon.
Siendo la transacción direccionada a través de la fundación, los profesionales intervinientes facturan sus honorarios, mientras que, si el mismo estudio lo hace directamente la UNCuyo, a través de alguna de sus casas de estudio, no se pueden facturar honorarios.
“Si lo hace la universidad directamente, a los técnicos se les reconocen horas cátedras pero no se les pueden abonar honorarios”, confirmó Somoza. En otras ocasiones, la UNCuyo hizo estudios para organismos del Estado sin facturar por el trabajo.