Roverssi, en ausencia del canciller, René Castro, y fungiendo entonces como ministro interino, recordó a Managua que realizar dragados del río San Juan sin los estudios de impacto necesarios “constituye una violación a las obligaciones internacionales”.
Lo hizo en una nota dirigida el 12 de julio al canciller nicaragüense, Samuel Santos, quien hasta ahora no ha dado una respuesta formal.
Santos reaccionó de manera pública, molesto por lo que consideró una “petición absurda” de Costa Rica, informó la agencia ACAN-EFE desde Managua.
“Nicaragua puede hacer lo que quiera en su territorio”, manifestó a periodistas un día después de que Ortega consideró que la advertencia sobre la necesidad de pedir permiso es “algo fuera de toda lógica”.
“Eso no puede ser”, agregó el mandatario, quien resaltó la soberanía que su país ejerce sobre el San Juan, un tema sensible en el ambiente político de su país.
Consultado por la carta, Roverssi adujo que se trató de una “nota respetuosa”. “Lo que estamos solicitando es que se nos informe si hay estudios técnicos sobre que ese dragado no va a afectar el territorio costarricense”, declaró en La Prensa Libre.
El tono del texto, sin embargo, es diferente, como se aprecia en la copia que el canciller Castro autorizó entregar, después de la negativa del vicecanciller Roverssi.
“Costa Rica pide a la República de Nicaragua detener inmediatamente cualquier y todo proyecto de dragado del río San Juan hasta que pueda establecerse científicamente que dichos trabajos no dañarán territorio costarricense ni afectarán el nivel de las aguas de los ríos nacionales que se alimentan del río San Juan”, se lee en el oficio DM-AM-156-10.
Agregó: “Nicaragua está en la obligación, bajo el Derecho Internacional, de suspender el inicio de cualquier trabajo de dragado hasta que los estudios pertinentes se hayan concluido y se verifique plenamente a satisfacción de Costa Rica que no existirán las afectaciones indicadas”.
El argumento de Costa Rica se basa en un artículo del Laudo Cleveland, de 1888, el cual fue refrendado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su sentencia del año pasado acerca de derechos de cada país sobre el río San Juan, que marca una parte de la frontera.
Ahí se lee que Nicaragua puede realizar los trabajos que quiera si no afecta territorio nacional.
Ayer no fue posible conocer si el canciller René Castro suscribe las advertencias incluidas en la carta. Él viajó temprano a El Salvador y no se tuvo respuesta a las consultas enviadas por correo electrónico.
La presidenta, Laura Chinchilla, se abstuvo de comentar las declaraciones vertidas en Managua, pero dijo que espera coincidir hoy en San Salvador con Ortega en una cumbre de presidentes del Istmo y tratar ahí el tema.