Una vez más genera una lógica preocupación el grado de contaminación que presenta el arroyo El Gato así como la continuidad de los vertidos clandestinos de desechos orgánicos e inorgánicos sin ningún tipo de tratamiento, por parte de numerosos establecimientos -algunos de ellos públicos- y de industrias privadas. Lo cierto es que ahora distintas organizaciones no gubernamentales adelantaron que formularán las denuncias pertinentes ante los organismos provinciales con incumbencia en la materia, reclamando por lo pronto un control y monitoreo del curso de agua.
Asimismo, anunciaron que se requerirá la clausura de piletones desde donde presuntamente se descargan al arroyo líquidos cloacales, provenientes de las zonas de Tolosa y Ringuelet, reclamándose asimismo que algunos establecimientos públicos radicados en Olmos dispongan de plantas de tratamiento de los residuos que en la actualidad vuelcan libremente sobre cursos tributarios del arroyo. En estos casos se trata de dependencias oficiales.
Las entidades adujeron asimismo que la ley provincial 5965 de protección a los afluentes de provisión y a los cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, en su artículo 2º prohíbe a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares, el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o subterránea que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la Provincia.
Por cierto que son numerosas las empresas privadas y los vecinos cercanos al arroyo que también vuelcan sus residuos líquidos al arroyo. En el caso de las empresas, algunas de ellas han venido alegando, para no construir las plantas de tratamiento, que las fuentes de trabajo pueden peligrar ante estas exigencias, pero la realidad indica que vienen contaminando los arroyos de la región desde hace demasiado tiempo.
El caso del arroyo El Gato es paradigmático. Como recuerdan aún algunos memoriosos vecinos, era disfrutado por vecinos de la región en tiempos en los que el arroyo llegaba limpio al Río de la Plata. Sin embargo, el panorama actual, al que se llegó luego de un proceso de degradación constante, es totalmente diferente y son los habitantes de la cuenca los primeros en formular justificados y constantes reclamos.
La solución de un problema que, evidentemente, es complejo, exige una acción orquestada entre distintos organismos, así como, fundamentalmente, la existencia de una firme decisión política que exceda lo declamativo y se traduzca en acciones concretas.
Sólo la puntual detección de las fuentes contaminantes, la debida identificación de personas, empresas y funcionarios responsables del deterioro ambiental -tal como lo requirieron años atrás los vecinos en una denuncia penal formulada- la aplicación de multas y de las sanciones más severas previstas, en medidas que debieran aplicarse en forma sostenida y por el tiempo que sea necesario, podrán volver eficaz la prometida tarea de depuración.
Lo trascendente es que está en juego la salud de la población y la calidad del medio ambiente. Y es el Estado el que, en el caso del arroyo El Gato, en lugar de contaminar, debe actuar con la mayor celeridad para defender esos valores.