El comité ejecutivo de la UIA acordó ayer avanzar en el estudio de acciones jurídicas contra diversas resoluciones que está emitiendo la Autoridad de la Cuenca Matanza–Riachuelo (Acumar) en su proceso de limpieza de la cuenca y que, según los industriales, son de “dudosa legalidad”.
El Gobierno creó este ente interjurisdiccional en 2006, luego de que la problemática de la contaminación del Riachuelo fuera llevada a la Corte Suprema y el máximo tribunal realizara varias audiencias al respecto. En medio de este proceso, el Gobierno nacional creó Acumar y asumió así el poder en materia ambiental que le correspondía a las tres jurisdicciones: Nación, Provincia y Ciudad.
En 2008, la Corte ordenó al Gobierno a limpiar la Cuenca, con precisas instrucciones sobre la erradicación de las empresas contaminantes y los pasos en materia ambiental que debían seguir las plantas radicadas allí. La Secretaría de Ambiente empezó los controles en las empresas y fueron considerados insuficientes por el juez de ejecución del fallo, el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Por sus quejas, la Corte pidió un nuevo informe, pero no satisfizo a los ministros del tribunal.
Fuentes de la UIA explicaron que “muchas empresas están planteando que hay un problema legal porque la Acumar está sacando resoluciones que concentran el poder ambiental y eso depende de cada jurisdicción, entonces la UIA acordó salir en defensa de esas firmas y evaluar si puede iniciar una acción legal como entidad”. “La jurisdicción les dio la autorización para instalarse en determinadas condiciones y ahora la Acumar resuelve cambiarlas. Se merecen, como mínimo, un resarcimiento”, dijeron en la central.
Además, la UIA decidió pedirle una audiencia al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para impulsar la modificación de la Ley del Ambiente y fomentar la existencia de un seguro ambiental, ya que ahora sólo existe un seguro de caución que no transfiere riesgo. La UIA advirtió sobre el tema a todos los jefes de bloques del Senado y de Diputados, en el marco de su estrategia parlamentaria.