El gobierno de Celso Jaque deberá pelear un poco más para lograr el aval de la oposición a la transferencia de $10 millones para gastos corrientes de Obras Sanitarias Mendoza (OSM). Es que los datos que llevó el interventor, Gonzalo Dávila, dejaron varias dudas entre los legisladores quienes -sobre todo- se mostraron sorprendidos por los aumentos salariales del último año -incluido uno previsto para agosto- que engrosaron el gasto general de la empresa de $45 millones a $71 millones en este rubro.
Además, ni el Frente Cívico (UCR, Confe, Unidad Popular, Coalición Cívica) ni el Partido Demócrata comprenden cuál es la urgencia de obtener esos $10 millones cuando, en realidad, el déficit operativo de la empresa ronda los $ 40 millones por año. Eso, por no mencionar la gran inversión que es preciso hacer para seguir funcionando en el mediano plazo.
Después de una reunión bastante acalorada entre legisladores del oficialismo y la oposición con Dávila y Javier Montoro, titular del EPAS, todavía no está claro si la Legislatura aprobará el cambio de partida para que -en los próximos dos meses- OSM pueda pagar los sueldos, responder a deudas con los bancos y afrontar los incrementos de insumos y costos del servicio de Irrigación. Estos son sólo algunos de los ítems que se cubrirán con los $10 millones solicitados por la intervención, explican desde el oficialismo.
Sin embargo, la mayoría opinó que existe confusión sobre el destino de ese dinero. En especial, porque el Frente Cívico realizó algunos pedidos de informes que aún no fueron respondidos. "Falta documentación y datos. No se puede hacer una evaluación de esta manera", se quejó el diputado Roberto Blanco, de Unidad Popular.
Además, la oposición sigue estando preocupada por la forma en que se redactará el artículo 2 del decreto (que habilita el traspaso de fondos) para evitar futuros reclamos legales por parte de la empresa concesionaria. "Se ha pensado en un anticipo que -jurídicamente- es un préstamo garantido", expresaron los asesores jurídicos de la Casa de Gobierno.
Aunque el oficialismo viene apurando a la oposición para que apruebe el combo completo enviado por el Ejecutivo (la prórroga de la intervención, la autorización del dinero y el plazo de 90 días para darle forma a la nueva empresa) tanto el Frente Cívico como los demócratas continúan sus evaluaciones y no quieren apurar definiciones.
Desde ambos grupos minimizaron las exigencias de los $10 millones y aseguraron que en la sesión especial del lunes saldrá el primer punto relacionado con la prórroga.
"Lo verdaderamente importante es la prórroga así como discutir la figura societaria de la futura empresa", comentó Juan Carlos Jaliff (Confe); mientras que César Biffi expresó que el lunes se votará que siga la intervención por dos meses pero se preguntó qué eran los $10 millones en comparación con el déficit operativo con el que arrancará la empresa de agua y cloacas del Estado.
En igual sentido, Aníbal Ríos del PD expresó que el planteo administrativo expresado ayer por la Intervención no agregó nada en relación con la discusión política más amplia que es la del futuro de Obras Sanitarias. "Lo que se ve es que faltan proyectos y nos estamos ocupando sólo de la coyuntura", opinó.
El PD tiene un comité técnico que está evaluando la situación y para hoy el partido podría tener una propuesta en concreto.
Para el jueves a la tarde, los legisladores tendrán otra reunión con los funcionarios de Obras Sanitarias, del EPAS y del Ejecutivo. Para entonces, Dávila prometió llevar los informes solicitados por la oposición aunque aclaró que no sabía si podrían cumplir con todo, debido a que se solicitaban demasiados datos.
También para ese día, el oficialismo espera poder contar con el aval de la oposición para el traspaso presupuestario y poder discutir tranquilos la forma en que se armará la nueva empresa.