La propuesta de reconocer el acceso al agua como un derecho universal básico podría distanciar a las naciones ricas de las pobres en la ONU.
La principal oposición procede de las naciones occidentales, indicó Maude Barlow, activista y fundadora de Blue Planet Project, con sede en Canadá.
"Ese país es el peor. Pero Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña también entorpecen el proceso", apuntó.
"Me resisto a ver esto como una cuestión Norte-Sur, pero le empieza a parecer mucho", dijo Barlow a IPS.
Si la Asamblea General, de 192 miembros, adopta la resolución "será una de las cosas más importantes que haya hecho la ONU (Organización de las Naciones Unidas) desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos", remarcó.
El borrador de dos páginas, promovido por Bolivia, reconoce "el derecho humano al agua y al saneamiento".
La versión final se presentará al presidente de la Asamblea General, el libio Ali Abdussalam Treki, a fines de este mes, si supera los obstáculos políticos.
"Es algo muy preciado para las naciones en desarrollo", dijo a IPS un diplomático que no quiso dar su nombre.
Es verdad que no hay sustento legal para declarar el acceso al agua y al saneamiento como un derecho universal básico, apuntó. Hay que trabajar sobre cuestiones de definición y alcance, pero ya hay un proceso en Ginebra para trabajar al respecto y la Asamblea General "se adelantó", añadió.
"Son asuntos importantes y debemos lograr un consenso para esta resolución. De no ser así se socavará la importancia que le acordamos", advirtió.
Casi 2.000 millones de personas viven en zonas con escasez y 3.000 millones no tienen agua corriente en un kilómetro a la redonda de sus viviendas, indicó Barlow.
Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, nadie podía prever que llegaría el día en que el acceso al agua sería un problema, señala una carta enviada por Barlow a los representantes de los 192 miembros de la ONU.
"Pero en 2010 no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es una de las peores violaciones a los derechos humanos", indicó Barlow, quien fuera asesora del 63 presidente de la Asamblea General en el periodo 2008-2009, el nicaragüense Miguel d’Escoto.
Canadá frenó los pasos más básicos hacia un reconocimiento internacional del acceso al agua como derecho universal y trabajó tras bambalinas para desbaratar las iniciativas hacia la creación de un instrumento vinculante, señaló la activista.
Los funcionarios canadienses no explican su posición, sólo arguyen que una convención de ese tipo obligaría al país a compartir su recurso con Estados Unidos.
Pero es sólo una excusa y el gobierno de Stephen Harper lo sabe, añadió Barlow.
Una mejor explicación es que una convención de la ONU actuaría como contrapeso de quienes pretenden vender el agua con fines de lucro, sostuvo.
Por su parte, Ann-Mari Karlsson del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés) señaló que la organización coincide "con la posición de expertos independientes de la ONU sobre que el derecho al agua y al saneamiento son parte de un estándar de vida adecuado, derecho ya protegido por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Es importante que la resolución de la ONU lo aclare bien, indicó Karlsson, "lo que por ahora no hace", añadió.
Además, en este contexto, no puede subestimarse la importancia del saneamiento.
El acceso al agua y la disponibilidad del saneamiento están estrechamente vinculados, indicó Karlsson. Pero en el marco de los Objetivos de Desarrollo de la Naciones Unidas para el Milenio se está más lejos de alcanzar lo primero que lo segundo, añadió.
"Debería reflejarse eso en la resolución", añadió.
"Organizaciones locales e internacionales que luchan por justicia en el acceso al agua reclaman el liderazgo de la ONU para que se reconozca claramente que es un derecho humano, al igual que el saneamiento", indicó Anil Naidoo, también de Blue Planet Project.
Naidoo trabajó con China y los 130 miembros del Grupo de los 77 países en desarrollo para promover el borrador de la resolución.
"A medida que se avanza reclamamos que el texto de la resolución sea contundente y no deje dudas respecto de que el agua y el saneamiento son derechos humanos", añadió.
"No estamos contra la privatización como principio. Nuestra principal preocupación es que el Estado asuma su responsabilidad de regular y supervisar las actividades del sector privado para que todo el mundo tenga agua potable y corriente y saneamiento", dijo a IPS Karlsson, de SIWI.
No es relevante si el servicio lo brinda una empresa pública o privada, pero sí que el agua y el saneamiento sean considerados derechos humanos, remarcó.