Cuando se reestatice la empresa Obras Sanitarias Mendoza los gerentes políticos que sean nombrados percibirán sueldos superiores a los $20.000, como lo vienen haciendo los jerárquicos desde la gestión privada, en lo que constituye uno de los principales cuestionamientos opositores a la cesión de un adelanto de $10 millones a la intervención estatal de la compañía. Así lo informó Javier Montoro, presidente del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), tras tratar el tema con el gobernador Celso Jaque y el gabinete de ministros.
Si bien la estatización provocará una reformulación de la estructura ejecutiva de la empresa, no habrá cambios en los salarios que se abonan en todos los niveles de dependencia de la prestadora. Montoro explicó que una reducción de haberes de los gerentes no es posible porque esos montos están fijados en función de “acuerdos sectoriales preexistentes a la intervención”.
La limitación para revertir la estructura salarial aducida por Montoro hace, según el funcionario al que Jaque designó como interlocutor con la prensa, de imposible cumplimiento el reclamo de la oposición legislativa que considera elevado el monto que cobran los ejecutivos de una empresa que enfrenta una fuerte crisis de rentabilidad.
Para la mayor parte de la oposición legislativa involucrada en la discusión de Obras Sanitarias posintervención, “es inadmisible” que una empresa en crisis pague salarios superiores al que percibe el gobernador de la provincia.
Según Montoro, los sueldos que paga Obras Sanitarias “son acordes y en muchos casos inferiores” a los que perciben los dependientes de empresas del rubro con actividad en otras provincias del país. El titular del EPAS aseguró que esa situación es similar tanto entre los operarios como entre los miembros del cuerpo gerencial de la compañía.
Obras Sanitarias fue intervenida por el gobierno de Celso Jaque hace cerca de un año debido a sospechas de malos manejos por parte de la empresa privada encargada de la operación del servicio de agua y cloacas, la francesa Saur.
En los últimos días se resolvió la caída del contrato de concesión en función del resultado de una auditoría contratada con la Fundación Universidad Nacional de Cuyo que detectó “graves” falencias en la prestación del servicio, además de una desinversión millonaria que amenaza seriamente el futuro de la provisión de agua potable.
En la Legislatura, los bloques opositores coincidieron en que ante ese estado de situación era aceptable la reestatización de la empresa, aunque no compartieron la idea oficial de dejar los sueldos de los gerentes en los niveles establecidos por la gestión de Saur.
El monto que cobran los ejecutivos de la compañía se convirtió así en uno de los principales argumentos opositores para no ceder en la aprobación de un adelanto de $10 millones de las arcas provinciales a la intervención estatal de Obras Sanitarias.

Deuda de los usuarios
Los usuarios de Obras Sanitarias Mendoza acumularon una deuda con la empresa de $20 millones, según afirmó ayer Gonzalo Dávila, interventor designado por el gobernador Celso Jaque. Esas acreencias son las que el Gobierno puso como garantía de los $10 millones de adelanto que planea girarle a la intervención de la empresa para el funcionamiento de la misma durante dos meses.
La deuda de $20 millones se nutre con el incumplimiento del pago de usuarios de distintos rubros y tamaños durante los últimos años. La información la ofreció Dávila ante los legisladores que evalúan la aprobación del otorgamiento de los $10 millones que requiere la empresa.