La iniciativa, discutida desde al año 2002, perdió esta semana el apoyo del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que la respaldó durante los últimos ocho años.
Viviana Martín, jefa de fracción oficialista, confirmó que la mayoría de los 24 diputados liberacionistas descartaron la reforma al escuchar un análisis jurídico de tres abogados externos.
El proyecto reformaba el artículo 121 de la Constitución Política, el cual establece las funciones de la Asamblea Legislativa y enumera recursos que no pueden salir del dominio del Estado.
Tal es el caso de las frecuencias radioeléctricas o del petróleo, los cuales solo pueden ser explotados con una concesión estatal. Entre esos recursos, la reforma pretendía incluir “las aguas de dominio público”.
Esta reforma es impulsada por el Partido Acción Ciudadana (PAC, con 11 diputados) y rechazada por el Movimiento Libertario (ML, con nueve legisladores).
Claudio Monge, diputado del PAC, sostuvo que el proyecto tenía la forma de garantizar que el agua no pudiera ser privatizada.
Mientras, Danilo Cubero, jefe de la fracción libertaria, opinó que la reforma frenaría el desarrollo, pues obligaría a comunidades, agricultores e industrias a obtener leyes específicas para poder aprovechar el agua en diversos usos.
PLN inclinó balanza. En medio de las posiciones entre el PAC y los libertarios, Liberación definió el futuro de la reforma.
Martín explicó que su fracción consultó a un experto en derecho constitucional, Fabián Volio, así como a dos expertos en derecho ambiental, Jorge Cabrera Medaglia y Silvia Calvo Calzada.
Martín buscó el criterio del primero, y su compañero, Francisco Chacón, el de los otros dos.
Los expertos, continuó la diputada, concluyeron que la reforma obligaría a que el Congreso aprobara futuras concesiones de agua para comunidades e industrias, al estar dentro del artículo que establece sus atribuciones. Esta interpretación fue rechazada por el PAC.
Martín agregó que el agua ya está dentro del dominio público gracias a fallos de la Sala IV y a legislaciones como la ley de aguas y el código de minería.
“Estamos a favor de la protección del agua y del ambiente... No se pierde uso público (del agua), nunca se puede privatizar, es inalienable”, declaró la legisladora.
Sin embargo, el giro en la posición del PLN generó fuertes críticas del PAC y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El socialcristiano Wálter Céspedes estimó que la nueva postura verdiblanca es un cálculo de cara a la tramitación de la Ley General de Electricidad, que incentivaría la participación de empresas privadas en el desarrollo de proyectos eléctricos que empleen recursos renovables como el agua.
Martín negó haber tomado la decisión con ese argumento, al tiempo que rechazó injerencia del Poder Ejecutivo o del ML.
Cubero, jefe de los libertarios, dijo que insistieron a la presidenta, Laura Chinchilla, sobre este tema la semana pasada. “Me parece que el PLN, al llamado nuestro, ha consultado a constitucionalistas, ha hecho la tarea y ha confirmado que no es necesario continuar con la reforma”, añadió.