Cautela, prudencia y un significante hermetismo. El único resultado que trascendió puertas afuera del Palacio San Martín luego del encuentro que mantuvieron ayer los cancilleres de la Argentina y del Uruguay fue la decisión de ambas partes de postergar, por 48 horas, la negociación abierta para instrumentar el plan de vigilancia ambiental del río Uruguay ordenado por la corte de La Haya.
Luego de una reunión de más de cinco horas, Héctor Timerman y Luis Almagro acordaron volver a reunirse mañana para buscar un consenso que, hasta ayer, las partes no habían alcanzado para poner en marcha el monitoreo bilateral sobre el curso de agua compartido donde funciona la pastera UPM (ex Botnia).
El magro resultado del cónclave dejó en evidencia que el encuentro fue más arduo que lo esperado por el propio Timerman, que a las 8 de ayer, apenas levantado, auguraba en su cuenta de Twitter un escenario más positivo.
"La solución al diferendo con los hermanos uruguayos pasa por darle a la ciencia el rol protagónico en el control sin limitaciones", escribió el funcionario en el sitio web que se ha transformado en su excluyente herramienta de comunicación.
Su mensaje de menos de 140 caracteres sobre un asunto crucial para la política exterior no hacía más que poner en blanco sobre negro el interés argentino por lograr que el control del cauce de agua compartido incluya la toma de muestras en el interior de la pastera UPM.
Es este aspecto el meollo de la negociación. Ocurre que Uruguay pone reparos a los modos en que esa iniciativa se instrumentaría, pues las autoridades de Montevideo quieren evitar que el ingreso a la pastera pueda ser interpretado como un avasallamiento de su soberanía y de la protección que el vecino país ofrece a sus inversiones extranjeras.
El presidente José Mujica había dado un principio de visto bueno a la posibilidad de que científicos de ambos países ingresaran a la planta, pero los detalles del modo en que se podría concretar ese muestreo era lo que las partes debían negociar. Desde Montevideo, altas fuentes del Gobierno dijeron anoche que "una cosa es la buena voluntad anunciada y otra lo que se quiere llevar a los papeles".
La presidencia uruguaya informó que ambos países "acordaron establecer un período de reflexión de 48 horas para estudiar las propuestas".
Timerman ofreció en el plan entregado tres semanas atrás a las autoridades del vecino país la posibilidad de que, como gesto político, también se pudieran controlar los efluentes que vierten en el río las empresas instaladas del lado argentino.
La toma de muestras ambientales en el interior de la pastera es, además, el corazón del planteo de los asambleístas de Gualeguaychú. Los ambientalistas pusieron como condición sine qua non para sostener el levantamiento del corte de la ruta 136 que se controle a UPM desde adentro.
De allí que para poder hacer avanzar el control del río ordenado por el fallo de La Haya, ambas partes busquen poner en juego el concepto de la presunta neutralidad de la ciencia, por contraposición a las intenciones políticas de cada país. Eso explica las constantes apelaciones de las autoridades de los dos países al papel de los científicos en el monitoreo.
"La reunión fue cordial y en buenos términos", fue el escueto mensaje de la Cancillería.
Además de Timerman y de Almagro, del encuentro de ayer participaron el vicecanciller Alberto D´Alotto, la encargada de asuntos legales, Susana Ruiz Cerutti, y el delegado argentino ante la CARU, Hernán Orduna. Por Uruguay estuvieron el jefe de gabinete de la Cancillería, Francisco Bustillo, y el embajador en Buenos Aires, Guillermo Pomi. Las partes no informaron donde será el encuentro de mañana, pero todo indica que será en Uruguay.

Con la colaboración de Nelson Fernández, desde Montevideo.